La legislatura de California aprobó ayer la mayor reforma de los últimos 25 años a la ley que regula a las escuelas chárter, que tienen 600 mil alumnos. Sólo falta la firma del gobernador Gavin Newsom para que se convierta en norma, lo cual se da por descontado ya que ha sido promotor de modificaciones en ese tipo de planteles, sobre los cuales han recaído múltiples denuncias de fraude, segregación, daños a finanzas de distritos escolares y de ser sólo negocio de corporaciones y botín de políticos.

De esta manera, esos planteles -que operan con fondos públicos pero que son manejados por particulares- tendrán regulaciones demandas por los defensores de la educación pública como la exigencia que rindan cuentas, sean transparentes y que sólo podrán establecerse si no afectan a la comunidad y no son carga financiera para los distritos escolares. Además, habrá una moratoria para las chárter en línea.

En California existen unas mil chárter y en Los Angeles es donde han tenido el mayor crecimiento del país: 240. Sin embargo, en lugar de que las autoridades atiendan y resuelvan el problema, cada mes autorizan la operación de más escuelas de ese tipo, dijo Juan Ramírez, vicepresidente de UTLA, siglas del Sindicato de Maestros de Los Angeles.

La iniciativa AB 1505, que contiene el marco regulador de las chárter, fue aprobado en la Asamblea por 60 votos a favor y 16 en contra, y en el Senado por 27 a favor y 4 en contra.

“La Ley de Escuelas Chárter ha estado en gran medida intacta desde su promulgación en 1992. Esto ha llevado a que tengan un crecimiento sin precedente. Hoy en día, superan en número a los distritos escolares en este estado, que tienen opciones limitadas con respecto a autorizar, renovar y revocar a estas escuelas. Es hora de las reformas en la ley estatal para autorizarlas y supervisarlas en las comunidades donde se encuentran”, dijo el autor de ese proyecto legislativo, el asambleísta demócrata de Long Beach, Patrick O’Donell, presidnete del Comité de Educación de la Cámara Baja estatal.

Algunas partes torales de lo aprobado por los legisladores son:

1.- Permitir a los autorizadores de las chárter revisar peticiones para el establecimiento de una nueva escuela o su expansión considerando que no afecte a la comunidad o a las escuelas del vecindario.

2) Permitir que un autorizador chárter niegue una escuela chárter cuando el distrito escolar está en

desastre financiero, según lo determine el superintendente de escuelas del condado.

3) La transición de las escuelas chárter, actualmente autorizadas por la Junta Estatal de Educación (SBE) que deben ser permitidas por el distrito escolar local o por la Oficina de Educación del condado.

4) Autorizar un proceso completo de apelación a la Junta de Educación del condado para las peticiones chárter denegadas por un distrito escolar.

5) Establecer un proceso de apelación limitado al SBE, que escuchará las apelaciones para una escuela chárter capaz de mostrar que el distrito escolar o el condado abusaron de su discreción al escuchar la petición.

6) Requiere que los autorizadores de la carta utilicen el sistema estatal de rendición de cuentas como criterios para la renovación de chárter.

7) Autorizar renovaciones de chárter de cinco a siete años para las que tengan alto rendimiento, por cinco años para las de desempeño medio y no habrá renovación para las de bajo rendimiento.

8) Exigir a los autorizadores chárter que consideren datos alternativos, aprobados por el SBE,

a chárter de bajo rendimiento. En este caso habrá una renovación de dos años

9) Permitir que los autorizadores cierren una escuela chárter si no está sirviendo a todos los estudiantes, o por cuestiones fiscales y de gobernanza.

10) Exigir a los maestros de la escuela chárter que tengan un certificado de autorización y la credencial requerida para su asignación, con un período de transición especificado.

11) Establecer una moratoria de dos años para las escuelas chárter no basadas en el aula.

12) Exigir al Departamento de Educación de California (CDE) que recopile y supervise los datos

la aplicación del proyecto de ley AB 1505.

Algunos considerandos de los legisladores destacan que “esta medida garantiza que las chárter estén autorizadas y supervisados por los distritos escolares y oficinas de educación del condado, que son los funcionarios electos que mejor entienden la educación necesidades de sus estudiantes locales, mejorando así la supervisión”.

Subrayan que “el proyecto de ley da a los distritos escolares autoridad para elegir qué escuelas chárter se aprueban en su comunidad y para considerar el impacto fiscal en los estudiantes en el distrito”.

Según el autor de la AB 1505 no habría renovación para la operación de una chárter que no inscribe  debidamente a estudiantes con discapacidades, especialmente estudiantes con males severos.

Además, la intención de O’Donell es autorizar a los distritos escolares a considerar el impacto que un

escuela chárter tendría en los programas del distrito escolar tales como la instrucción de inglés de aprendizaje, ciencia práctica, música y teatro.

“Los desafíos de compartir espacio con una escuela chárter pueden limitar el uso de laboratorios de ciencias, salas de música y laboratorios de computación, y estos son algunos de los factores que la AB 1505 permitirá que los distritos escolares consideren antes de aprobar una escuela chárter nueva o en expansión”, puntualizó.

Al presentar argumentos de apoyo a la AB 1505, representantes del Condado de San Bernardino indicaron que el crecimiento de las chárter afectan  a escuelas del vecindario y a los estudiantes a los que sirven. Precisa que las escuelas públicas de California tienen continuas disminuciones en la asistencia, aumento de los costos de educación especial e instalaciones y necesidades tecnológicas.

“Estos son problemas reales que requieren soluciones estratégicas e inversiones significativas, pero se exacerban cuando las juntas locales no pueden considerar si un escuela chárter mejorará los servicios y programas ofrecidos a los estudiantes, o si un escuela chárter alejará los recursos de las escuelas del vecindario”.

El sector de las escuelas chárter ha ofrecido argumentos en contra, pero en esta ocasión no fueron suficientes para convencer a la mayor parte de los legisladores.

EL CAMBIO ESTABA YA EN MARCHA

Los cambios a la norma sobre las chárter ya venían gestándose desde el inicio de la administración estatal. El 28 de agosto pasado, fue anunciado un acuerdo entre el gobernador Newsom, el presidente Pro tempore del Senado, Toni Atkins, el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón, el senador Connie Leyva, el asambleísta Patrick O’Donell y el Superintendente de Instrucción Pública del estado, Tony Thurmond.

Ellos anunciaron la llegada  a un acuerdo sobre el proyecto legislativo 1505. El logro de este avance fue posible después de debates entre los impulsores de las chárter -que incluyen corporaciones y privatizadores de la educación- y los defensores de la educación pública, con los sindicatos magisteriales al frente. Los diálogos iniciaron a finales de la primavera pasada. Tuvieron debates y desacuerdos y el gobernadora Newsom fue el principal gestor para que ambas partes estuvieran de acuerdo en hacer posible los cambios.

La Asociación de Maestros de California (CTA, siglas en inglés) destacó que los entonces gobernadores, el republicano Arnold Schwarzenneger, y el demócrata Jerry Brown, “protegieron a la industria chárter y vetaron proyectos parecidos al presente”.

La oficina de Newsom dijo que el proyecto de ley resolvía puntos críticos de contención entre las chárter y las escuelas públicas tradicionales y sienta una base para que los grupos trabajen juntos en los esfuerzos que interés de los niños.

El gobernador Newsom ha reiterado que estos cambios de ninguna manera deben ser asumidos como una venganza de él a las chárter ya que sus dirigentes se opusieron férreamente a su candidatura a gobernador y apoyaron al mexicoamericano Antonio Villaraigosa, ex alcalde de Los Angeles, al que respaldaron con 23 millones de dólares para su campaña.

Apenas dos meses después de haber asumido la gubernatura, Newsom firmó una ley que exige que las chárter cumplan con estándares de transparencia similares a las escuelas públicas.

Por parte de los maestros, negociaron el acuerdo los integrantes de una coalición laboral que incluyó a la CTA, la Federación de Maestros de California, la Federación Laboral de California y la Asociación  de Empleados de Escuela de California.

“Después de meses de conversaciones honestas y difíciles, hemos hecho progresos significativos en nombre de nuestros estudiantes”, dijo la coalición laboral en un comunicado. “Creemos que la medida en que los legisladores de California votarán conducirá a un ambiente de aprendizaje más equitativo para los estudiantes de las escuelas públicas del vecindario de California”.

El principal sindicato californiano, el de los Maestros de Los Angeles (UTLA, siglas en inglés), con cerca de 33 mil miembros, ha realizado acciones sistemáticas desde hace varios años denunciando lo pernicioso de las chárter para la educación pública, porque no rinden cuentas ni son transparentes, porque rechazan estudiantes, sobre todo los de educación especial y aprendices de inglés, porque usan áreas de planteles oficiales y porque succionan cantidades crecientes a las finanzas del distrito escolar, el segundo más importante del país.

CHARTER SANGRAN AL DISTRITO ESCOLAR ANGELINO

Un estudio ordenado por UTLA concluyó que el distrito escolar destina anualmente al mantenimiento de las chárter 590 millones de dolares anuales, lo que explica el impacto que tienen en los problemas financieros del distrito.

UTLA, asimismo, señala que las chárter son sólo vistas como mercancía por parte de los magnates que se han apropiado de su conducción y son usadas, además, con propósitos políticos y para dañar a la educación pública y dimanar al gremio magisterial.

El pasado 4 de septiembre, Juan Ramírez, vicepresidente del sindicato de maestros angelinos, presentó ante autoridades del distrito escolar un estudio que precisa que las escuelas chárter inscriben en una proporción menor que los planteles tradicionales a estudiantes discapacitados, sobre todo a los casos que requieren mayor atención.

“Hasta ahora, las autoridades escolares no han puesto atención a este problema”, declaró. Tesis en abono a un estudio revelado recientemente que alude a esa omisión de los planteles autónomos, fueron hechas también por la directora de investigación de esa institución de docentes, Grace Regullano.

El reporte de educación especial presentado por Ramírez y Regullano a las autoridades escolares será analizado por un comité sobre educación especial recientemente creado a instancias de Vladovic y dirigido por el miembro de la junta, Scott Schmerelson.

El estudio indica que en el año académico 2016-2017, las escuelas chárter sirvieron significativamente menos estudiantes con discapacidades que las de esos distritos, a razón de 11.01% contra 14.27%. En Oakland, esa proporción fue de 7,67% frente a 13,58%.

Las chárter también inscribieron a menos estudiantes con las discapacidades más severas, que también son generalmente los más caros de atender, incluyendo una persistente subinscripción de estudiantes con autismo, discapacidades múltiples y ortopédicas.

De hecho, agrega, muchas de las cadenas escolares chárter más grandes de California están subinscribiendo significativamente a estudiantes con discapacidades inferiores al 10% de inscripción, incluyendo: ASPIRE (8,61%), Celeridad (9,42%), KIPP (9,98%), Escuelas Públicas Inspire (7,05%) y Rocketship ( 7.34%).

De acuerdo a especialistas, esto constituye una flagrante violación de los derechos civiles y una segregación. Además, el impacto fiscal bruto para estos distritos escolares es entre 64.52 millones de dólares y 97.19 millones de dólares anuales.