Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005.

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Una magistrada federal ordenó la aprehensión del exgobernador dePuebla, Mario Marín, y del empresario textilero, Kamel Nacif, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho en 2005.

La orden de aprehensión también fue girada contra el exdirector de la entonces Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam; y contra el excomandante Juan Sánchez Moreno.

Cabe recordar que la periodista Lydia Cacho fue detenida en 2005 luego de denunciar en su libro Los Demonios del Edén, casos de explotación sexual de menores en los que estuvieron involucrados a políticos y empresarios poblanos.

En Cancún, Quintana Roo, la periodista Lydia Cacho fue detenida y trasladada a Puebla en donde la policía la tortutó y abusó sexualmente de ella.

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Estado mexicano ofrece disculpa pública a Lydia Cacho por tortura; Segob promete “no más censura”
El pasado 10 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el gobierno de México protegerá a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o el silencio sea cómplice de la injusticia.

Estableció que el quehacer periodístico no es ajeno a las condiciones de desigualdad existentes, una de las tantas grandezas del periodismo radica en la oportunidad para dar voz a los niños de la sierra, a las niñas, niños y mujeres en condiciones de trata, a indígenas que enfrentan procesos judiciales sin traductores o a menores abusados sexualmente.

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Durante la ceremonia de Reconocimiento Público de Responsabilidad del Estado Mexicano y Disculpa Pública a la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia María Cacho Ribeiro, señaló que además de las disculpas a la también activista, también es preciso reiterar que el gobierno federal no estará supeditado a intereses particulares.

En el acto, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob), la funcionaria federal advirtió que los poderes político y público no estarán subordinados al económico.

Por ello, garantizó protección a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia.