Especialistas en temas económicos y ex titulares de dependencias financieras advirtieron que ante la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 es necesario cambiar la política económica, pues los programas sociales del gobierno federal resultan insuficientes ante la magnitud y la extensión del impacto en el empleo y la actividad económica.

Para hacer frente al grave problema económica en el país a causa de la emergencia sanitaria, enfatizaron que se requiere, entre otras cosas, considerar un déficit público para este año y la ampliación fiscal en 2021.

“Ante una situación extraordinaria, se ha mantenido una política económica y social que fue diseñada para otras circunstancias y prioridades”, generando un profundo daño económico y social, señalaron los integrantes del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que es coordinado por el académico emérito de la UNAM, Rolando Cordera; y del que forman parte el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas; los ex secretarios de Programación y Presupuesto, Carlos Tello; de la Contraloría, Norma Samaniego; y de Hacienda, David Ibarra; el diplomático Jorge Eduardo Navarrete; los ex subsecretarios de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, y de Desarrollo Social, Enrique del Val; el investigador universitario Mario Luis Fuentes Alcalá y 12 expertos más.

En un documento titulado “En la pandemia: por un cambio urgente de la política económica”, aseguraron que sólo en abril, 12.5 millones de personas quedaron desocupadas y perdieron sus ingresos; además que el número de habitantes que no pueden cubrir la canasta alimentaria básica es variable depende la fuente (10 millones de acuerdo al Coneval y 16 millones estima el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM).

Aunado a ello, el PIB registró en el segundo trimestre de 2020 una caída de 18.9 por ciento frente al mismo trimestre de 2019, la mayor desde que se tiene registro.

“En el ámbito económico, el retroceso arroja un saldo de graves daños sociales que apenas empieza a apreciarse. La política adoptada (por el gobierno federal) no consideró que contener la caída de la economía, mediante apoyos a empresas para preservar los empleos y a los trabajadores desempleados para mitigar la pérdida de sus ingresos, contribuiría, de manera directa, a frenar la pandemia al permitir a la población mantenerse a resguardo por el tiempo suficiente para detener la propagación del virus. Creemos que contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía son objetivos complementarios, no alternativos”.

Los especialistas subrayaron la magnitud del daño dependía, y aún depende, de la puesta en marcha de medidas adicionales o alternativas de política económica que lo reduzcan.

“La economía mexicana no se recuperará espontáneamente, de forma rápida. La reactivación podría ser más lenta de lo deseado; está condicionada a que se controle la propagación del Covid-19, a que no haya rebrotes o nuevas oleadas.

“Ante la magnitud y la extensión del impacto en el empleo y en la actividad económica, no resultan suficientes los programas sociales actuales enfocados fundamentalmente a quienes poco antes de la crisis habían sido incorporados a los padrones de beneficiarios de programas renovados o ampliados”.

Plantearon una serie de medidas inmediatas para proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores que han quedado desempleados o subocupados, así como apoyar a los trabajadores informales que han visto caer sus ingresos.

“Esperar una recuperación acelerada de la actividad económica siguiendo con la misma política no parece razonable, aun cuando se terminaran las medidas de confinamiento, lo que todavía no está ocurriendo, pues la epidemia se propaga”.

Advirtieron que el impulso para la recuperación sostenida difícilmente vendrá sólo del consumo privado, por lo que se requiere de otras estrategias.

La expansión del gasto público, dijeron, debe centrarse en robustecer el sector salud, apoyar directamente a las familias afectadas por los recortes laborales o de remuneraciones, así como ayudar a empresas privadas a preservar fuentes de trabajo con apoyos directos, además de créditos.

“El recurso al endeudamiento debe ser visto como transitorio y circunscrito a superar la emergencia. Por ello, para solventar las necesidades futuras en materia de bienes públicos indispensables –salud, educación e infraestructura en primer término— y para garantizar que la deuda se mantenga en una trayectoria sostenible y aceptable, es impostergable ampliar el espacio fiscal.

“El debate y la adopción de una reforma fiscal que le dé viabilidad al endeudamiento de corto plazo y permita detonar el crecimiento económico a mediano plazo debe convertirse en uno de los ejes principales del programa hacendario para 2021”, consideraron.

El Grupo llamó a la Cámara de Diputados, al Senado y a sus grupos parlamentarios a que, “con altura de miras”, determinen que el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del próximo año tengan como objetivos principales la recuperación económica y social.

“Mientras más tiempo pase sin que se reoriente la política económica y, en especial, las medidas de restricción del gasto público, más graves serán el deterioro económico y de las condiciones laborales, más intensa será la profundización de la pobreza y la desigualdad y más tardaremos en salir de esta grave situación. La contención fiscal que podría ser aconsejable en tiempos normales, no lo es en estas circunstancias extraordinarias”, concluyeron.