La detención de cuatro dirigentes del grupo ultraderechista Revolución Federal, investigados a partir del atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre, llevó hasta una de las fuentes de financiación: la empresa Caputo hermanos, amigos íntimos del ex presidente Mauricio Macri, que pagaron 13 millones de dólares a Jonathan Morel, uno de los fundadores de la organización violenta.

Los integrantes de Revolución están ligados a los ya detenidos ejecutores directos del plan para eliminar a la funcionaria, víctima de una persecución política, agravada durante los cuatro años del gobierno de Macri mediante el espionaje de los medios masivos de comunicación, encabezados por el Grupo Clarín, y la llamada mesa judicial, que armó decenas de causas falsas para tratar de destituir o eliminar a la máxima líder política de este país.

Además de Morel, fueron detenidos Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, y fueron indagados ayer.

En su indagatoria ante la justicia Morel admitió que cobró “mucho dinero” y no sólo los 8 millones de pesos argentinos que ya se constataron por vía de la justicia 13 millones para supuestamente construir unos muebles. Reconoció que no fabricó ninguno que encargaron Caputo Hermanos porque su “carpintería” no tenía capacidad de hacerlo y terció el pedido.

Además, utilizaba como pantalla una mueblería inexistente, cuyo “primer” trabajo era el acuerdo con Pía Caputo, hermana de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri, pero no pudo dar una versión creíble sobre por qué se le encargaba “mesitas de luz” para uno de los edificios que construyó esa empresa, situado en la provincia de Neuquén, a más mil 100 kilómetros de esta capital.

Los cuatro detenidos están imputados por delitos de violencia, amenazas de muerte y otros actos, como el intento de incendiar la presidencial Casa Rosada tirando antorchas y bombas molotov por la reja que la rodea.

El caso fue tomado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, que habían solicitado unir esta causa con la vinculada directamente con el atentado, que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti, pero ésta no aceptó. Dada a las nuevas pruebas que surgen de los celulares y audios de los acusados, lo hará ahora debido a todos los indicios que van surgiendo.

En realidad no existía la mueblería, aunque Morel construyó en una habitación común una guillotina que fue expuesta ante la casa gubernamental como una amenaza de muerte.

Sólo bastaba con ver las manifestaciones de estos grupos, que además en grandes carteles mostraban la imagen de lo que sería Fernández de Kirchner en una horca y arrojaron dos veces frente a la sede gobierno bolsas de residuos envueltas en sogas, simulando cadáveres con nombres, entre ellos la vicepresidenta, de Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo y otros referentes.

En sus declaraciones Morel no pudo explicar cómo había sido contactado por la empresa de Luis Caputo y otros familiares. El relato es insostenible. Ayer fue allanada la oficina de los Caputo, en esta capital, mientras que otros cateos se fueron en las viviendas de los recien detenidos.

Además de los datos con que se ha armado la causa, los abogados de la querellante, la vicepresidenta, continúan con la recolección de pruebas. Aunque el caso va lento, la jueza Capuchetti pidió a la Corte Suprema de Justicia ayuda para la investigación, pero no ha habido ninguna respuesta, pese a tratarse de un intento de magnicidio.

El fiscal Gerardo Pollicita mencionó el nexo de acciones de Revolución Federal y el intento de asesinato, al señalar que los cuatro integrantes se reunían para planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches y actos intimidatorios “en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidente de la Nación”.