El fondo del mar es la caja fuerte de incontables tesoros engullidos por las aguas. Durante siglos, las cargas de los barcos que tuvieron la desdicha de naufragar han sido inaccesibles. Los archivos sobre navegación y las leyendas han estimulado la fantasía sobre esos tesoros que esconde el fondo del mar.

Cuando la tecnología fue posibilitando poco a poco acceder a ellos, surgió el dilema de su destino. ¿Quién puede reclamarlos? ¿Pertenecen a quien los encuentra? ¿Al Estado en cuyas aguas costeras se encuentra la nave hundida? ¿Al país de cuya bandera es el barco? ¿O al pueblo al que fue saqueada la preciosa carga que alberga?

En ese dilema se encuentra el galeón San José, que tiene bandera española, se hundió en aguas colombianas, contiene oro saqueado a pueblos originarios y fue localizado por empresas cazatesoros. Una de ellas, Sea Search Armada, demandó al Estado colombiano ante la Corte Permanente de Arbitraje, arguyendo que fue quien dio la posición y las coordenadas del galeón en 1982.

“Política, cazatesoros y gente poderosa”

En aquel año, Colombia dio a Sea Search Armada derechos sobre su contenido, por lo que la empresa reclama ahora 10 mil millones de dólares, el equivalente a la mitad del tesoro del San José, ya que nunca pudo proceder a su extracción, porque los Gobiernos colombianos posteriores les pusieron obstáculos para hacerlo, mientras buscaban socios por otro lado para lograr precisamente ese objetivo.

En 2015, el Gobierno de Juan Manuel Santos anunció la localización del naufragio gracias a una empresa contratada.  “El asunto siempre se ha movido entre la política, los cazatesoros e intereses de gente poderosa dentro y fuera del país”, dice a Deutsche Welle Juan Guillermo Martín, arqueólogo colombiano y profesor en la Universidad del Norte.

Gustavo Petro apremió a su Gobierno a recuperar el tesoro del San José antes del fin de su mandato en 2026, urgencia que alarmó a la comunidad científica. “En el primer momento, Petro da la orden a la Armada Nacional de sacar el contenido del galeón San José, desconociendo las implicaciones desde el punto de vista técnico de hacer una extracción de ese tipo a 600 metros de profundidad. Y desconociendo un aspecto mucho más importante, que es el legal”, subraya Juan Guillermo Martín, que considera que la gestión del San José por parte del actual Gobierno colombiano, tras invertir 18 mil millones de pesos (unos 4 millones de dólares), es pobre.

Según el experto colombiano, el balance puede resumirse en la clasificación, mediante un video, de poco más de mil artefactos, mientras que se evalúa, por parte de inexpertos, “qué les sucede al aire libre”. Además, se ha afirmado ahora que la nave no se hundió por una explosión, sino por una mala reparación.

Implicaciones legales

“La diplomacia cultural necesaria para abordar un contexto arqueológico como este ha debido hacerse antes de cualquier otra cosa, garantizando sobre todo la seguridad jurídica del Galeón San José y su contenido”, comenta Martín.

Y es que extraer cualquier objeto del pecio tendría unas implicaciones legales importantes. No solo está en marcha la demanda de Sea Search Armada, sino también la de pueblos originarios como los Qhara Qhara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reclama el contenido del pecio para sí, argumentando que les fue saqueado por la colonia. Y, por otro lado, está España, la propietaria de una nave de Estado, protegida por el principio de inmunidad soberana, y que además se encuentra en un contexto funerario, ya que en el accidente naval murieron cerca de 600 tripulantes y pasajeros.

“Antes de emprender cualquier actividad, lo primero que hay que resolver es el tema legal, porque hay inseguridad jurídica por distintos frentes. Desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, hemos insistido en que se necesita un proyecto que involucre a todas las partes y que se firmen acuerdos legales”, reclama Martín.

“Patrimonio colectivo”

Los debates actuales sobre el patrimonio sumergido van más allá de la propiedad única. La Convención de la UNESCO de 2001 tomó posición sobre el asunto, defendiendo que los pecios pertenecen al país de cuya bandera es el barco. Gracias al principio de inmunidad soberana, España obtuvo una importante victoria legal en la batalla por la propiedad de un tesoro valorado en 500 millones de dólares rescatado de aguas del Atlántico por la empresa Odissey en la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”.

“Ese principio de la propiedad que recoge la Convención de la UNESCO es muy del derecho romano: esto es mío”, dice desde Perú a DW Carlos Ausejo, especialista en patrimonio marítimo y subacuático. “Desde mi punto de vista, el Estado español del siglo XVII incluye muchos países actuales de las Américas. Consecuentemente, ese patrimonio es nuestro también, porque éramos parte de un Estado español”, explica Ausejo.

Monedas fabricadas con oro de una región boliviana pudieron ser acuñadas en varios lugares distintos del virreinato. “Es un patrimonio compartido, y la UNESCO también dice eso”, prosigue Ausejo. “Hay una producción, una construcción humana de esos materiales. Y ahí voy en contra de los Qhara Quhara, que dicen que el oro es suyo”.

Para Ausejo, la perspectiva que debe prevalecer es que el valor de los tesoros sumergidos no es económico, sino cultural. “Acepto que el barco sea español, pero los contenidos son una mezcla de patrimonio de todos aquellos que hemos intervenido de una forma u otra en la construcción de esos objetos, y no solo las monedas. Todo el conocimiento que podemos aprender de cómo se construían naves, cómo era la vida en el barco. Ese patrimonio es colectivo”.