Confirmando esta evaluación, como parte de 2.000 mensajes de texto y 6.000 páginas de documentos entregados por el exjefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, aparecieron varios mensajes que le enviaron figuras prominentes de Fox News y Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, urgiendo a Meadows a prevalecer frente a Trump para publicar una declaración que cancelara el ataque. Estas figuras ultraderechistas, que hoy afirman que una investigación sobre el 6 de enero es una caza de brujas partidistas, claramente consideraban a Trump el instigador del ataque y el único que podía finalizarlo.

Uno de los documentos entregados a Meadows es una presentación de PowerPoint de 38 páginas intitulada “Fraude electoral, interferencia extranjera y opciones para el 6 de enero” que resume toda la campaña para anular la elección a partir del 4 de enero. A pocas horas de que cerraran las urnas, les había quedado claro a los altos funcionarios de la Casa Blanca y a los legisladores republicanos que Trump había perdido la elección. Inmediatamente recurrieron al Plan B, un esfuerzo para subvertir la voluntad del pueblo estadounidense y volcar el resultado del voto.

Les ayudó la negativa de las principales cadenas mediáticas a declarar la victoria de Biden durante cinco días, incluso cuando la tendencia en el recuento de votos por correo volvía inequívoca su victoria por un cómodo margen, tanto en el voto popular como en el Colegio Electoral.

El 9 de noviembre, dos líderes de la bancada ultraderechista Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, Jim Jordan y Scott Perry, se reunieron con Meadows, Stephen Miller, principal asesor de Trump, Bill Stepien, director de campaña, y Kayleigh McEnany, secretaria de Prensa. Pusieron en marcha la campaña para declarar sospechoso el recuento de votos —a pesar de que fue supervisado por los republicanos en la mayoría de los estados “disputados”— y alegar el robo de las elecciones.

Los partidarios acérrimos en el Congreso fueron un grupo de fascistas declarados en la bancada republicana, entre ellos Paul Gosar, Andy Biggs, Mo Brooks, Louie Gohmert, junto con Jordan y Perry. A ellos se unirían más tarde las fascistas Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert, recién elegidas al Congreso en las mismas elecciones que, según ellos, fueron robadas por los demócratas.

El establishment del Partido Republicano proporcionó una cobertura política indispensable para esta operación, con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, declarando arrogantemente, también el 9 de noviembre: “Unas cuantas averiguaciones legales del presidente no significan exactamente el fin de la República”. Pero la campaña de Trump para anular la elección condujo al 6 de enero, y casi un año después, dos tercios de los votantes republicanos dicen a los encuestadores que no consideran legítima la elección de Biden.

La campaña incluyó demandas infundadas que impugnaban los resultados de las votaciones en los estados reñidos, todas ellas rechazadas por los tribunales, así como presiones a las asambleas legislativas estatales de esos estados para que sustituyeran a los electores demócratas elegidos el 3 de noviembre por republicanos. Trump se reunió con grupos de legisladores estatales en la Casa Blanca y también trató de inducir a los funcionarios electorales estatales, como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a “encontrar” suficientes votos de Trump para anular la estrecha victoria de Biden en ese estado.

Otra maniobra consistió en hacer que el Departamento de Justicia “investigara” acusaciones infundadas de fraude electoral en los estados más disputados. Después de que los altos funcionarios del Departamento de Justicia se negaran, Trump amenazó con instalar a uno de sus leales como fiscal general “en funciones”. Sólo se echó atrás cuando todos los altos funcionarios del DOJ amenazaron con dimitir en protesta pública.

Finalmente llegó el 6 de enero, cuando Trump presionó al vicepresidente Mike Pence para que organizara una intervención inconstitucional durante el recuento de los votos electorales —que supervisó ceremonialmente— para descartar suficientes votos de Biden para asegurar la reelección de Trump. La negativa de Pence se convirtió en el centro del discurso de Trump ante un mitin de sus acérrimos partidarios fuera de la Casa Blanca, y estos siguieron su línea, marchando hacia el Capitolio y coreando “Ahorquen a Mike Pence” mientras rebasaban a un puñado de policías del Capitolio e irrumpían en el edificio.

El martes por la noche, la Cámara de Representantes votó a favor de declarar a Mark Meadows en desacato por su negativa a comparecer ante el Comité Selecto y responder a las preguntas relacionadas con los miles de documentos y mensajes de texto que había entregado. El asunto pasa ahora al Departamento de Justicia, donde el fiscal general Merrick Garland tomará la decisión final sobre si se inicia un proceso penal contra el exasesor principal de Trump.

La representante republicana Liz Cheney, que por sus propias razones de facción es más categórica a la hora de señalar a Trump que cualquier demócrata, preguntó durante el debate sobre la detención de Meadows por desacato: “¿Buscó Donald Trump, por acción u omisión, obstruir o impedir de forma corrupta el procedimiento oficial del Congreso para contar los votos electorales?”. Esta fue una cita directa del estatuto que define una obstrucción criminal.

Cheney había sugerido que el propio Trump debía ser citado por el comité para testificar, ya sea en persona o por escrito. “Cualquier comunicación que el señor Trump tenga con este comité será bajo juramento”, dijo. “Y si persiste en mentir entonces, estará obligado a rendir cuentas bajo las leyes de esta gran nación y estará sujeto a sanciones penales por cada palabra falsa que diga”.

Hay una considerable oposición en la Casa Blanca y entre los principales demócratas del Congreso a impulsar un proceso judicial contra Meadows, y mucho menos contra Trump. Así lo indica el editorial de hoy del Washington Post, que insta a Garland a retrasar cualquier acción de este tipo. El Departamento de Justicia “debería ignorar la histeria de voces como las que dominan la rama que se inclina a la izquierda de tuiteros y sus exigencias de una acción inmediata contra personajes importantes, incluidos altos funcionarios de Trump y el propio expresidente, cuyo papel en la instigación de la violencia ocurrió a escondidas”.

Lo último que quiere el Gobierno de Biden es un juicio público a Trump, Meadows y compañía, que pondría al descubierto las operaciones en las más altas esferas del Estado, incluidos el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, y arrojaría luz, entre otras cosas, sobre el inexplicable lapso de 199 minutos entre la solicitud policial al Pentágono de apoyo militar y la autorización por parte del Departamento de Estado del envío de la Guardia Nacional de D.C. para la defensa del Capitolio de EE.UU.

A lo largo de este año, Biden ha pedido a “nuestros colegas republicanos” que cooperen de forma bipartidista para implementar sus políticas, incluso declarando que quiere mantener un “Partido Republicano fuerte”, a pesar de que este partido está siendo transformado en un instrumento de un dictador fascista en potencia.

Ninguna sección de la clase gobernante estadounidense está comprometida del todo con la defensa de la democracia. No vendrá ningún intento serio de ella para oponerse a la subversión de la Constitución a fin de instalar a Trump como dictador-presidente, si no ahora, entonces después de las elecciones de 2022, en las que Trump será probablemente el candidato presidencial republicano.