Maestros cierran filas con su sindicato ante posible fallo adverso de la Corte Suprema en el caso Janus

June 5, 2018 - por

Maestros cierran filas con su sindicato ante posible fallo adverso de la Corte Suprema en el caso Janus

El juez conservador de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, será el fiel de la balanza en el caso Janus. En la foto, después de ser nominado por Donald Trump.

Atrás del demandante, poderosos grupos de multimillonarios y corporaciones que quieren destruir a las centrales de trabajadores porque los asumen como una  amenaza para su poder y codicia. Los jueces, en su mayoría conservadores,  decidirán si las cuotas sindicales seguirán como obligatorias o son optativas, lo que dañaría seriamente al sindicalismo. Algunos dirigentes estiman que pueden perder hasta un 40% de miembros e ingresos. Decisivo será el voto del juez Neil Gorsuch, nominado por Donald Trump.

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Luchar juntos. Cerrar filas, es el llamado de la dirigencia del Sindicato de Maestros de Los Angeles a sus 33 mil miembros miembros para enfrentar los retos, sobre todo el que entraña una dificultad mayor: el caso Janus v. AFSCME.

Probablemente, el próximo lunes la Corte Suprema del país habrá de decidir sobre esta querella. De acuerdo a líderes sindicales, es muy probable que –debido a la mayoría conservadora de los jueces- el fallo les sea adverso y con ello las organizaciones de trabajadores podrían perder hasta el 40% de sus miembros y de sus ingresos.

De ahí que las centrales de trabajadores hayan puesto en marcha una estrategia para afirmar su membrecía y el nivel de concientización de sus miembros sobre la necesidad de saber interpretar este momento histórico.

Organizaciones de maestros precisan que detrás de ese litigo está la  National Right to Work Foundation, que es parte de una red financiada por multimillonarios corporativos que usan el máximo tribunal  para manipular las reglas contra la clase trabajadora

Los multimillonarios consideran que los sindicatos fuertes son una amenaza para su poder y codicia, de acuerdo a la tesis de la Asociación Nacional de Maestros (NEA, siglas en inglés), que tiene más de tres millones de miembros.

Están financiando este caso a través de la llamada National Right to Work Foundation porque consideran que los sindicatos fuertes son una amenaza para su poder y codicia.

NEA asegura que los intereses corporativos especiales y los políticos que hacen su oferta han amañado la economía contra los trabajadores – educadores, enfermeras, bomberos, trabajadores de saneamiento y otros empleados del servicio público – para favorecer a los ricos y poderosos.

SURGIMIENTO DEL CASO

El caso surgió cuando Mark Janus, un empleado del Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois, se opuso al  pago obligatorio de 44 dólares de las cuotas de su sindicato.

El propósito de la demanda es que se convierta en una opción pertenecer a un sindicato y no una obligación, como ocurre en California desde hace 40 años.

Ante esta situación, el gremio magisterial de Los Angeles (UTLA, siglas en inglés), realiza la campaña “All In”, (Todos dentro). De esta forma, los miembros se vuelven a comprometer con el sindicato firmando una nueva tarjeta de membresía y uniéndose a PACE, el  fondo de acción política.

Algunos dirigentes indicaron que al menos el 95% de los agremiados confirmarían su filiación sindical.

“Únete con los miles que ya han vuelto a comprometerse”, es la excitativa de la dirigencia magisterial.

Se trata – agrega- de desarrollar el poder para las escuelas que merecen los estudiantes de Los Angeles, en virtud de que “nuestro sindicato, nuestra profesión, está bajo amenaza”.

UN JUEZ, EL FIEL DE LA BALANZA

El juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, decidirá la suerte del sindicalismo de Estados Unidos. O lo mantiene como se encuentra ahora o es el fiel de la balanza de los magistrados para terminar con las cuotas obligatorias a los sindicatos, lo que sería “un golpe demoledor” para esas representaciones de trabajadores.

La Corte Suprema ya ha escuchado argumentos y ahora sólo se espera la decisión.

Debido a su corte conservador, Gorsuch, de 50 años, es probable que vote en favor del demandante, Mark Janus

Un fallo adverso afectaría a los sindicatos del país excepto los de Texas, Arizona y Florida, donde ha quedado abolido ese sistema de cuotas, que rige en el resto de las entidades.

Los sindicatos afirman que esto tiene connotaciones políticas de parte de la derecha y extrema derecha que quieren asestar un rejón de muerte a los sindicatos.

Actualmente, los jueces de la Corte Suprema mantienen un plano de igualdad ya que 4 son conservadores y 4 liberales.  Gorsuch es el que va a decidir.

Trump nominó como juez a Neil Gorsuch, 50 años, oriundo de Denver Colorado, quien presto juramento el 10 de abril del 2017. De esta manera sustituirá al juez Antonin Scalia, quien falleció.

Gorsuch residía en Colorado y se desempeñaba en la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de Estados Unidos desde 2006.

La BBC ha indicado que con esa nominación, Trump apuntaba a cumplir su promesa electoral de postular a un candidato hecho “en el molde de Scalia”, quien era de una de las voces más conservadoras del tribunal.

Agrega que al igual que el fallecido magistrado, Gorsuch es conocido por apoyar el ‘textualismo’, o la interpretación de la ley de acuerdo con su texto plano.

Además se le considera como un “originalista”, lo que significa que cree que la Constitución debe ser interpretada como la redactaron los ‘Padres Fundadores’, algo que en líneas generales -aunque no siempre- suele derivar en decisiones de cariz conservador.

Gorsuch no oculta su admiración por Scalia, a quien ha calificado como un “león de la ley”.

Al iniciarse los argumentos, se pidió la revocación del caso Abood vs. Detroit Board of Education de 1977 y poner fin a las cuotas sindicales obligatorias para los empleados públicos.

Este mismo tema fue discutido ante la Corte Suprema hace solo dos años en el caso Friedrichs v. CTA, pero cuando el juez Scalia murió poco después de los argumentos orales, ese caso quedó sin resolver.

La atención de la audiencia se centra en Gorsuch. Los ocho jueces están divididos: Roberts, Alito, Kennedy y Thomas, están a favor de terminar con las cuotas sindicales obligatorias, mientras que  Kagan, Breyer, Sotomayor y Ginsburg, favorecen el status quo.

Los presentes en la sala estaban atentos a las tesis de Gorsuch, pero guardó silencio, no obstante haber hecho 22 preguntas.

Otros jueces no mostraron reserva. A Ginsburg le preocupaba cómo el final de las tarifas obligatorias podría afectar a los sindicatos del sector privado. Kagan temía que una decisión que terminara con los aranceles sindicales causara estragos en los contratos sindicales actualmente en vigencia.

El Juez Kennedy fue particularmente directo al desechar los argumentos a favor de las cuotas obligatorias. En un momento, le dijo al abogado del sindicato que “me parece que su argumento no tiene mucho peso”. También desestimó el intento de distinguir a los sindicatos de otras organizaciones de defensa política al señalar que “de lo que estamos hablando aquí” es una justificación obligada y una subvención obligada de una parte privada, un partido privado que expresa opiniones políticas constantemente “.

Y reiteró este punto cuando incitó al abogado del sindicato a admitir que terminar con las cuotas sindicales obligaría a disminuir el poder político de los sindicatos. Con esta prueba de que las tarifas sindicales obligatorias son de hecho un discurso político obligado, Kennedy preguntó: “¿No es ese el final de este caso?”

El juez Alito también estaba preocupado por la supuesta justificación de las cuotas obligatorias. Preguntó qué principio de limitación existe sobre el poder del gobierno si es cierto que el gobierno puede obligar a los trabajadores a unirse a una organización política privada. También explicó que el discurso obligado es especialmente problemático porque obligar a una persona a hablar plantea daños distintos a su dignidad y conciencia.

Una opinión decisiva en el caso se espera para junio.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA DEMANDA JANUS?

La dirigente de la principal organzación de maestros de Estados Unidos, NEA, Lily Eskelsen García, afirmó que Janus sigue a décadas de ataques de intereses corporativos especiales sobre el derecho de los empleados a unirse para obtener oportunidades económicas.

Dijo que la demanda es financiada por el Comité Nacional de Derecho al Trabajo y el Liberty Justice Center. Ambos grupos son parte de una red financiada por multimillonarios como los hermanos Koch y otros CEO corporativos que no creen que los trabajadores merecen las mismas libertades que tienen ni  negociar un rendimiento justo de su trabajo

La dirigente agregó:

“Los patrocinadores políticamente motivados detrás de Janus saben que este caso no es más que una cortina de humo para lo que realmente están tratando de hacer. En resumen, este caso es un asalto a las libertades de las personas que trabajan para ganarse una vida mejor para ellos y sus familias. Los partidarios del caso están intentando escribir las reglas aún más a favor de sus propios intereses corporativos especiales y otros multimillonarios. Los jueces de la Corte Suprema no pueden dejarse engañar “.

Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Angeles, manifestó es casi un hecho que votarán a favor de Janus. “Va a ser un revés para el movimiento sindical. En negociaciones abogamos por estudiantes y padres. Lo que nos da la voz para hacerlo es la unidad de los miembros. Lo que quieren es quitarnos es esa voz y autoridad por el número que somos: 33 mil maestros sindicalizados”.

Hizo notar que la dirigencia de UTLA prepara a sus miembros sobre la base de la unidad y de la importancia de pertenecer al sindicato. Los educan. Hacen que reafirmen la membresía del sindicato.

Y es tajante:

“Si algo llegó a ser EU es por el movimiento sindical”, sentenció.

CONTRA LA LIBERTAD DE LOS TRABAJADORES

El presidente de la Asociación de Maestros de California, Eric Heins, aseguró que el caso Janus v. AFSCME tiene profundas implicaciones para las familias trabajadoras, estudiantes y las comunidades.

“Es simplemente la culminación de décadas de ataques a la gente trabajadora por parte de los CEO corporativos, el uno por ciento más adinerado y los políticos que hacen su apuesta para manipular la economía a su favor, y su resultado podría enviar a nuestro país en la dirección equivocada. Las fuerzas detrás de este caso son las mismas fuerzas que han impulsado la privatización de la educación pública y la limitación de los derechos de voto, además de atacar a los inmigrantes y socavar las protecciones de los derechos civiles”.

Dijo que el objetivo de Janus, como lo fue en Friedrichs v. CTA, no es ningún secreto: “quieren usar la Corte Suprema para quitarle la libertad de los trabajadores a unirse en sindicatos fuertes, porque los sindicatos les dan a los trabajadores una voz poderosa al hablar para ellos, nuestros estudiantes, familias y comunidades”.

“Los sindicatos han jugado un papel fundamental en la construcción y protección de la clase media en Estados Unidos. Brindan a las personas trabajadoras estabilidad económica para sus familias y les dan las herramientas para construir una buena vida, hogar y educación para ellos y sus hijos. Durante 154 años, CTA ha estado defendiendo a las personas que trabajan, a nuestros estudiantes y a las comunidades que servimos. Ningún caso judicial detendrá nuestra determinación y defensa para nuestros estudiantes y nuestra profesión “.

PODEROSOS QUIEREN DESTRUIR A SINDICATOS

“Estos poderosos intereses quieren destruir a un movimiento obrero fuerte y unido que lucha por la equidad y las oportunidades para todos, no sólo para unos pocos privilegiados “, dijo Randi Weingarten, presidenta de la Federación Americana de Maestros,(AFT, siglas en inglés) que tiene más de un millón de miembros..

Por su parte, los dirigentes del Local 117 de los Teamsters, John Scearcy, Secretario-Tesorero, y Michelle Woodrow, presidente, declararon:

“El caso de Janus es la culminación de décadas de ataques a familias trabajadoras por parte de los altos ejecutivos y los políticos que hacen su voluntad de manipular la economía a su favor. Quieren debilitar a los sindicatos porque los sindicatos han jugado un papel central en la defensa de las libertades que apreciamos construir y proteger a la clase media.

“La mejor manera para que nosotros, como miembros de uniones, nos preparemos para este ataque, es unirnos a nuestros compañeros de trabajo y reafirmar nuestro compromiso mutuo. Tenemos un plan para ganar y ser aún más fuertes, con los miembros liderando el camino.

“Nuestra unión es increíblemente resistente. Nos enfrentamos a muchos desafíos en el pasado, y hemos demostrado que, cuando nos mantenemos unidos, podemos mejorar nuestras vidas y nuestras comunidades. Estamos seguros de que esta vez también prevaleceremos”.

PROCURADOR DE CALIFORNIA DEFIENDE A TRABAJADORES DEL ESTADO

El Procurador General de California, Xavier Becerra, salió en defensa de los trabajadores del estado.

Becerra, mexicoamericano, presentó recientemente un escrito –Amigos de la Corte- en el caso  Janus en el que argumenta que la negociación colectiva cumple importantes intereses estatales y que la participación en los costos entre los empleados representados por el sindicato es una parte integral del sistema de negociación colectiva.

“Nuestros empleados públicos, ya sean maestros, bomberos, oficiales de paz o enfermeras, brindan servicios críticos a los californianos”, dijo.

EL PROPOSITO: DESTRUIR A SINDICATOS

Según Atlantic Black Star, el caso Janus es el último esfuerzo de States Policy Network (SPN) y del Consejo Legislativo y de Cambios Estadounidenses (ALEC) para destruir los sindicatos, sobre todo del sector público, que es mayor empleador del país. En el 2016, 7.1 millones de trabajadores fueron miembros de sindicatos.

De acuerdo al Partido Laborista, los sindicatos han ido perdiendo terreno. A mediados de la década de 1950, el 35 por ciento de todos los trabajadores del país estaban afiliados a una organización gremial y actualmente sólo el 11.9 por ciento.

De ellos, el 6,9 por ciento son trabajadores del sector privado, mientras que el 36,2 por ciento labora en el sector público.

Indica que un factor principal en el declive de la sindicalización fue la Ley Taft Hartley de 1947, que  prohibió las actividades militantes de los sindicatos e hizo ilegal que los comunistas ocupen cargos sindicales.

El doctor Steven C Pitts, catedrático de la Universidad de C Berkeley, indicó que los miembros de un sindicato ganan un 16,4 por ciento más de salarios que los no afiliados y tienen más probabilidades de tener un seguro de salud proporcionado por el empleador (17 por ciento) y un plan de jubilación patrocinado por el empleador (18 por ciento).