Investigaciones periodísticas han revelado que políticos mexicanos utilizaron la banca de Andorra para lavar o desviar dinero. El pasado 15 de marzo, el diario El País consignó que la Banca Privada d’ Andorra (BPA) se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos priistas y empresarios mexicanos, pese a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México.

 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el Cártel de Sinaloa, y en especial Joaquín “El Chapo” Guzmán, lavan dinero en Andorra. “La organización criminal más poderosa del país aprovechó las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad ilícita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de corrupción vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra”, dice esta mañana un reportaje de Milenio.

La periodista Jannet López Ponce tuvo acceso a un reporte de inteligencia que dice que la estrategia de la que el cártel sinaloense se valió para mover sus ganancias “se basó en el uso de compañías cascarón que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera”.

“Todo, a lo largo de la última década, periodo que coincide con los últimos años del reinado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Aunque el esquema funcionó debajo del radar durante casi 10 años, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en Andorra ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectó al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el principado y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales”, dice la periodista.

“Milenio tuvo acceso al reporte de inteligencia presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las indagatorias de la UIF detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas directamente con el cártel de Sinaloa, controlado en esa época por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con destino a distintos bancos andorranos.

Según el informe citado por López Ponce, la UIF ya comprobó transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascarón. “Se tiene la sospecha fundada de que eso es sólo una fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero andorrano. […] Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra. Lo que las autoridades mexicanas estiman es que, como muchos otros actores políticos y empresariales de México, el Cártel de Sinaloa se benefició de la laxitud del sistema financiero de Andorra, que hasta 2018 fungió como uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo”.

POLÍTICOS MEXICANOS Y LA BANCA DE ANDORRA

Investigaciones periodísticas han revelado que políticos mexicanos utilizaron la banca de Andorra para lavar o desviar dinero. El pasado 15 de marzo, el diario El País consignó que la Banca Privada d’ Andorra (BPA) se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos priistas y empresarios mexicanos, pese a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México.

El reportaje Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI, publicado esta tarde, indica que hasta el año 2015, cuando fue intervenida la institución financiera por lavado de dinero, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco, pero no fueron las únicas que pasaron por su cartera en casi una década.

“Un relato que entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). O, lo que es lo mismo, una corporación que unió bajo el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la Senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones“, señala el texto firmado por Joaquín Gil y José María Irujo.

Tanto Del Mazo, Collado y Sylvana Beltrones han negado irregularidades en el origen de los recursos en diferentes momentos, incluso que ellos mismos hayan abierto las cuentas a su nombre.

Luego de la difusión del reportaje, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo de la Secretaría de Hacienda de México, informó que solicitó a las autoridades andorranas información sobre 23 personas “mencionadas en medios de comunicación”.

“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente”, dijo el titular de la UIF durante una conferencia de prensa que impartió por la presentación de la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el proceso Electoral.

Los periodistas de El País relataron que la BPA llegó a México en el año 2006. “Transcurre solo un año. Y 71 familias y 10 empresas engrosan la cartera inicial de clientes de esta institución (…) Altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder… Todos, refugian su dinero inconfesable en la flamante y reservada BPA mexicana”.

Explican que entre ellos estaba Giovanni Zenteno, en ese entonces coordinador en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006. “Y no tuvo problemas en desembarcar en la entidad de la familia Cierco, pese a que la institución financiera se lo debió impedir por su condición de alto funcionario”.

También Juan Sigfrido Millán Lizárraga, Gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004, además de “una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guadalajara en 2007…”.

Pero el éxito de la institución estuvo apunto de desplomarse ese mismo año, pues un informe de la dirección de la BPA en México enviado a la dirección general en Andorra relacionaba a algunos de sus clientes vinculados con un político venezolano con lavado de dinero del narcotráfico.

La BPA superó el episodio a la par de la crisis financiera de 2008 y suma, entre 2010 y 20212, 122 clientes con 192.6 millones de dólares, en una cartera que incluye a 174 “enigmáticos mexicanos que mueven en la entidad 243 millones”.

El 27 de febrero de 2012, los directivos informaron que “se iniciarán los trámites para poner fin a la presencia en México”, según un acta de su comité de control consultada por el prestigioso rotativo español, lo que no ocurrió ese año.

Pero Ees en 2013 cuando la BPA finalmente cierra su “embajada” en México, aunque “desde su tentáculo del país centroamericano, fabrica una larga lista de sociedades off shore para refugiar las vidriosas fortunas”, a la par que empieza a captar a más Personas Políticamente Expuestas (PEP), personajes con cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos provenientes de actos de corrupción.