El tránsito de migrantes se ha vuelto un negocio multimillonario incrustado en el engranaje del crimen organizado que antes se centraba en el tráfico de drogas y armas. La pandemia, las políticas de contención dictadas desde Washington y reproducidas en México, e incluso los programas de migración legal mal diseñados y nada supervisados, alimentan esas economías paralelas que lucran con una crisis que marcha por el país, denuncian especialistas.

¿Qué tan lucrativas son la esferas de actividad ilegales que se despliegan alrededor de la migración? Estimados del Banco Mundial (BM) apuntan a que las cuotas de los llamados polleros alcanzaron 3 mil 801 millones de dólares el año pasado, casi 77 mil 46 millones de pesos. El organismo reconoce que sus cálculos pueden subestimar la cantidad de inmigrantes indocumentados en México y el nivel de las tarifas de los coyotes.

En un informe publicado en mayo, el BM parte de que en promedio siete de cada 10 migrantes, ya sean mexicanos o de otras nacionalidades, pagaron una cuota promedio de 10 mil dólares por llegar a Estados Unidos, alrededor de 202 mil 700 pesos.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) apunta a que 90 por ciento de la migración desde México se da mediante cruces irregulares que facilitan los contrabandistas.

El BM exhibe que hasta 56.6 por ciento de las ganancias de los coyotes provienen de los migrantes en tránsito, el resto viene de mexicanos. Un estudio previo a la pandemia y consignado por la Unodc apunta a que en conjunto la migración de América Latina hacia Estados Unidos dejaba 6 mil 750 millones de dólares anuales a los traficantes. Sin embargo, alrededor de la migración se hilan otras actividades: secuestros, trata laboral y sexual, tráfico de drogas y armas, así como el cobro de derecho de piso y cuotas por cruzar.

Cambia el perfil de riesgos

El perfil de los riesgos de migrar a Estados Unidos desde México ha cambiado, dejó de estar acaparado por el río, el desierto o la Patrulla Fronteriza (Border Patrol). Esos elementos comenzaron a ser desplazados por carteles, narco, fosas clandestinas, secuestros, desapariciones, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración, de acuerdo con lo documentado por diversos textos periodísticos.

Tomás Muñoz Bravo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, describe que la economía alrededor del tránsito de migrantes se ha ido modificando desde hace aproximadamente 15 años. A inicios de la década del 2000, el perfil del pollero era el de un conocido de la familia, proveniente de la región, incluso que daba algún tipo de garantía para realizar varios intentos.

Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 se volvió más difícil ingresar estupefacientes a Estados Unidos. De ahí que las actividades de los cárteles, antes concentrados en el trasiego de droga, se ampliaran al cobro de piso, el secuestro y también al tráfico de migrantes; a ello se suma la militarización del territorio con la nombrada guerra contra al narcotráfico y las políticas migratorias de contención aplicadas en México. Estos elementos han hecho muy atractivo el negocio del tráfico de migrantes, explica el investigador.

Las políticas migratorias más restrictivas elevan el costo de cruzar y llevan a tomar rutas cada vez más difíciles, inhóspitas, lo que deja en un alto grado de vulnerabilidad a quienes utilizan este tipo de servicios, detalla en entrevista el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así, la migración que recorre el país también carga con la desigualdad: entre más pobres, más peligros.

Los costos dependen de la nacionalidad y el tipo de servicio que se pida –no es lo mismo cruzar sobre el muro fronterizo, que por un hoyo debajo de él o por un túnel–, por desgracia, las mismas rutas que se usan para el trasiego de drogas y armas, hoy en día también son cooptadas para el tráfico de personas, en este caso de migrantes, precisa Muñoz Bravo.

Migrantes arriban a la estación de autobuses en Huixtla, Chiapas, con el propósito de llegar a EU.Foto Ap

El académico afirma que hace cuatro años el costo del servicio plus para llegar a Estados Unidos desde México era de 4 mil 500 a 5 mil dólares. Ahora se requieren 15 mil dólares si se es mexicano, a los de otras nacionalidades llegan a cobrarles más. No todos pueden pagar 15 mil dólares (casi 300 mil pesos al tipo de cambio actual). Eso contradice uno de los grandes mitos de la migración, no necesariamente los más pobres son los que migran, no cualquiera puede pagar ese precio.

La Unodc detectó un aumento de 400 por ciento en las tarifas que cobran los polleros a raíz del covid. Los factores relacionados con la pandemia han encarecido los viajes de contrabando y han aumentado los riesgos de explotación y agravamiento cuando los migrantes no pueden pagar o se enfrentan a cargos adicionales durante el viaje, reporta el organismo en un informe.

Abusos laborales

No sólo la migración indocumentada representa un negocio, la falta de supervisión en los procesos de reclutamiento para trabajos temporales han dado lugar a una cadena cada vez más sinuosa de intermediarios, que también terminan por aprovecharse de quienes buscan cruzar para trabajar, revela Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del Centro de los Derechos del Migrante (CDM).

Hay una supervisión prácticamente nula por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México en las visas temporales de trabajo. Esta falta de regulación facilita que muchos actores entren a la cadena y pueden estar cobrando lo que quieran, todas cuotas ilegales, a trabajadores migrantes.

En el CDM se han recibido denuncias de personas a las que los cobran 70 mil pesos por trabajar en Estados Unidos, lo que provoca que lleguen endeudadas a sus empleo y no reporten abusos laborales por el miedo a perder su visa. Eso en el mejor de los casos. Hay muchos agentes de reclutadores en México que estafan, ofrecen trabajos en Estados Unidos que no existen, explica Peña también en entrevista.

La falta de transparencia en el proceso de reclutamiento crea una gama de abusos para las personas trabajadoras migrantes; desde el cobro de cuotas ilegales que en el mejor de los casos van a resultar en un empleo, pero hemos visto cómo se ha robado a comunidades enteras en México, incluso por millones de pesos, al ofrecer trabajos que no existen.

La directora de Comunicaciones y Desarrollo del CDM considera que el problema está en que los programas de trabajo temporal en Estados Unidos, están estructurados para explotar. Esa mala planeación lleva a que N cantidad de empresas y personas puedan hacer negocio de la intermediación, siendo que nadie debería de pagar por trabajar, asegura la activista.

Se perdió soberanía

El nuevo borde que está experimentando la migración en México atiende a diversos factores, el principal y mayor problema es que dejamos de tener y ejercer una política migratoria propia, ahora simple y llanamente estamos aplicando lo que Estados Unidos desea”, recapitula Muñoz Bravo.

México es un país de tránsito al que se ha vuelto de facto un tercer país seguro, sin que lo sea; no hay suficientes recursos ni capacitación en los funcionarios que atienden la situación en campo, el INM y la Guardia Nacional. Todo esto genera un caldo de cultivo que está volviendo a nuestro país un violador sistemático de derechos humanos de los migrantes, dice el profesor de la UNAM.

Si bien México promueve iniciativas, las firma o llama a otros gobiernos a atender la situación desde las causas –agrega Muñoz Bravo–, “en la realidad no ejercemos una política migratoria propia y soberana (…) hemos convertido a nuestro país en un gran muro, en una gran cárcel, plegado a los deseos de Washington”.