Entre los cambios perfilados desde el periodo de transición, que ya atisbaban confrontación con algunos sectores, estuvieron: la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, la reducción salarial para altos puestos burocráticos, el adelgazamiento del aparato público con miles de despidos, el desarrollo del sur-sureste como prioridad nacional, el rescate del sector energético y nuevos criterios para elaborar el presupuesto de egresos.

Se anunció además la intención de crear una Guardia Nacional, con lo cual se consolidaría la presencia militar en las calles y que representó el inicio del protagonismo que hoy tienen las fuerzas armadas en la llamada Cuarta Transformación.

Un día después de recibir la indiscutible mayoría en las urnas, López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto. Más allá de los términos pactados para la transición, el dirigente político instaló de inmediato la agenda que instrumentaría a partir del 1º de diciembre.

 Símbolos del viejo régimen

Su determinación de desmontar los símbolos del viejo régimen incluyeron deponer el uso de Los Pinos como su residencia, vender el avión presidencial y otras aeronaves oficiales, disolver al Estado Mayor Presidencial, reducir a sólo uno los delegados federales y eliminar los bonos, canonjías económicas, viajes al extranjero y hasta las pensiones de los ex presidentes.

Desde el ocaso de su gestión, el entonces titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, sería testigo anticipado e impotente de cómo, desde el primer día de diciembre, desaparecerían elementos claves y ostentosos en el ejercicio del poder presidencial, como la partida para vestuario y gastos de protocolo.

En ese periodo, además, López Obrador introdujo 50 elementos generales para combatir la corrupción y aplicar una austeridad republicana, apuntaladas –con el arrastre de su votación– por un Congreso que prácticamente le garantiza todos los cambios legislativos.

Acompañado de un grupo compacto de colaboradores ha restablecido su relación con los empresarios, afectada sensiblemente tras la consulta nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México –entre el 25 y el 28 de octubre– en la que 747 mil personas votaron por detener la obra y apoyaron construir un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía. El mandatario ha prometido concluirlo en tres años. Sin embargo, hasta el momento el proyecto enfrenta multitud de amparos.

Con la premisa de obedecer el mandato de los ciudadanos, en noviembre sometió también a consulta 10 proyectos prioritarios, entre ellos el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la refinería en Dos Bocas, el programa Sembrando Vida, la pensión universal para los adultos mayores, las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, el apoyo para personas con discapacidad, atención médica a la población sin servicios de salud y acceso gratuito a Internet en todo el país.

 Consulta a los ciudadanos

Durante la transición se consultó igualmente el proyecto educativo que sustituiría a la reforma de Peña Nieto; fue asimismo una etapa para definir un proyecto de pacificación que revierta los niveles de violencia, pero del que, al paso del tiempo, aún no se tienen resultados plausibles. Dichas auscultaciones han sido puestas en entredicho por algunos grupos, argumentando falta de rigor en su aplicación. Pero según el punto de vista gubernamental, éstas son legítimas y respaldan sus decisiones.

Ya en el ejercicio del gobierno, esa práctica ha continuado, aunque ahora se realizan a mano alzada en asambleas populares. Una de las más recordadas fue la que llevó a cabo en Poza Rica, Veracruz, para afincar su determinación de no confrontarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hasta la fecha, López Obrador no ha tenido un encuentro personal con su homólogo, pese a la compleja agenda bilateral en este periodo con la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá y la crisis humanitaria a consecuencia del incremento en los flujos migratorios. Existe ya la posibilidad de una reunión entre ambos en septiembre.

En el preludio de su administración se confrontó también con el Poder Judicial y los organismos autónomos por el tema de las disminuciones salariales.