El informe consideró “preocupante” la prisión preventiva oficiosa “excesivamente prolongada”, al detectar a personas que han pasado más de cinco años en la cárcel con esta figura, lo que ha contribuido a una población encarcelada de cerca de 230.000. También, alertó de la militarización de la seguridad pública al reportar 100.000 soldados en tareas policiales y de control migratorio.

“Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura”, argumentó la entidad.

Por otro lado, la fuente denunció que México desde 2006 ha adoptado un enfoque “mucho más punitivo” hacia el uso personal de drogas y la venta de drogas al por menor, un crimen llamado narcomenudeo. Sostuvo que “ha habido un aumento en el encarcelamiento de consumidores de drogas”, pero constató que “fuerzas de seguridad fabricaron cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa”.

Aunque celebró la Ley de Amnistía que el presidente promulgó en 2020, el informe también reportó que “sólo alrededor de 424 personas habían sido liberadas mediante amnistía” al momento de su visita.

Entre otros problemas, enunció además “el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial”, y las “carencias en las condiciones de detención”.