Nueva York. 

Después de que un juez ordenó al régimen de Donald Trump reuniera para esta fecha a los mas de 2 mil 500 niños de entre cinco y 17 años de edad que separó a la fuerza de sus familias inmigrantes -una práctica que ha sido denunciada como “secuestro” y “tortura” por expertos y condenada universalmente- cientos de niños siguen sin estar con sus padres, y para algunos crece el temor de que nunca lograran regresar a sus brazos.

El gobierno de Trump informó esta tarde que había reunido a mil 820 menores de entre cinco y 17 años con sus padres (aunque 378 de estos fueron entregados a terceros bajo “circunstancias apropiadas”).

Sin embargo, quedaban pendientes cientos de casos más. De estos, el gobierno reconoció que unos 431 padres ya no se encuentran en el país. Aparentemente la mayoría (las autoridades no están seguras) fueron deportados sin sus hijos bajo circunstancias aún poco claras. Nadie puede pronosticar cuánto tiempo durará el proceso de ubicarlos, comunicarse con ellos y lograr unirlos con sus hijos. En el caso de otros 37 niños, las autoridades no han logrado identificar a sus padres.

Aunque el gobierno insistió en estos últimos días que cumpliría con su meta de reunificar a familias que designó como “elegibles” esta semana, quedó menos claro qué sucederá con los más de 700 (algunos citan la cifra de 917) que han sido calificados como “inelegibles”. Algunos de estos, según las autoridades, tienen antecedentes criminales, o no se ha comprobado su parentesco.

Pero los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los cuales interpusieron la demanda que resultó en la orden judicial de reunificar a las familias, critican el proceso por el cual las autoridades han de manera unilateral designado quien es o no elegible sin un proceso legal. Abogados y defensores de derechos de inmigrantes han insistido sobre mayor transparencia para saber por qué algunos son calificados como “inelegibles” pero el gobierno ha rehusado responder hasta la fecha.

Desde que se implementó la llamada política de “tolerancia cero” hace un año pero formalmente anunciada por el Procurador General jeff Sessions en mayo que ha llevado a estas separaciones forzadas al criminalizar todo inmigrante que ingrese sin permiso previo a este país, el gobierno ha insistido hasta la fecha que sólo está cumpliendo la ley y obrando en “el mejor interés de los niños”.

La orden del juez Dana Sabraw también dio un plazo de hasta el 10 de julio para que el gobierno reunificara a los 102 niños menores de cinco años. El gobierno designó a 63 de estos casos como elegibles, pero no logro reunificarlos a todos.

El proceso de reunificación ha estado marcado por caos, revelando la falta de coordinación, registro cuidadoso de datos, apego a normas judiciales establecidas sobre la separación de menores de sus padres en Estados Unidos y un grado de indiferencia oficial a los niveles más altos dejando a servidores públicos junto con abogados, organizaciones inmigrantes y religiosas de todo tipo y un creciente mosaico de voluntarios tratando de hacer lo posible para lograr los rencuentros.

En muchos casos la falta de datos básicos sobre niños que fueron a veces trasladados a miles de kilómetros de donde están detenidos sus padres han obstaculizado los esfuerzos para coordinar los reencuentros. En un caso, dos niñas fueron trasladadas de sus albergues en la costa este a la frontera supuestamente para ser entregadas a su madre sólo para descubrir que ella ya había sido deportada.

Abogados denuncian que no pocos de sus clientes fueron engañados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al ser informados que a cambio de anular sus solicitudes de asilo serían mas rápidamente reunidos con sus hijos – lo cual resulta en una deportación acelerada, A la vez, algunos reportan que fueron ofrecidos una opción en que los padres podrían optar por ser deportados con o sin sus hijos – llevando a una decisión agonizante para estas familias sobre si era mejor abandonar a sus hijos aquí que retornar con ellos a las condiciones de las cuales huyeron.

El miércoles, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad interna – dependencia que incluye los servicios de inmigración – aseguro en una reunión con legisladores federales latinos de que estaban cumpliendo plenamente con la orden judicial. El diputado federal Luis Gutierrez – un líder de la defensa de inmigrantes durante años – comentó que en la reunión a puerta cerrada él le dijo que ella ‘estaba cometiendo crímenes contra la humanidad” y la acusó de “abuso de niños”, reportó AP.

La abogada Susan Gzesh, directora del Centro Pozen para los Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, comentó a La Jornada que la practica de separación de niños de sus padres es por definición nada menos que “tortura”. Señaló que “bajo la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos, precisamente este tipo de practica es calificada como ‘trato cruel, inhumano y degradante’ – aquí no hay duda: es tortura, tortura, tortura”.

Para revisar la Convención contra la Tortura consullte [https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx]