Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reclamaron que, a casi cinco años de la desaparición, aún siguen sin contar con una repuesta concreta de qué pasó y dónde están los normalistas.

En una rueda de prensa, los familiares mostraron su inconformidad por la lentitud en la investigación del caso, pues destacaron que es preocupante que hasta la fecha, y a 10 meses de la nueva administración federal, aún no haya indicios o pistas sobre el paradero de los normalistas.

“Ya casi al llegar a los cinco años, nosotros como padres seguimos caminando en busca de verdad, justicia y sobre todo presentación con vida de nuestros hijos”, indicó Emiliano Navarrete, padre José Ángel Navarrete, una de las víctimas.

Los padres y sus representantes informaron que, en la reunión que sostuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador le exigieron acelerar las investigaciones que realiza la Comisión de la Verdad (instalada en enero del presente año).

Reprocharon que instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sedena no caminen a la par de la Comisión de la Verdad, y que retrasen las indagatorias.

Además, demandaron la inmediata investigación y procesamiento penal contra los funcionarios que orquestaron la “verdad histórica”. En concreto, pidieron que Tomás Zerón, así como demás ex funcionarios sean procesados y castigados.

“Hemos llegado a un punto que, si no se procede contra los que obstaculizaron la investigación, muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de nuestros hijos”, dijo Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Zapata, uno de los normalistas.

Los padres también solicitaron al Ejecutivo profundizar en la cooperación y colaboración con instancias internacionales y solicitaron esquemas más cercanos y estrechos a los trabajos de la Comisión de la Verdad.

Informaron que Andrés Manuel López Obrador prometió sostener un dialogo más cercano y realizar reuniones periódicas cada dos o tres meses.

Santiago Aguirre explicó que durante la reunión el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, hizo un informe de los trabajados que durante los últimos ocho meses ha realizado la Comisión de la Verdad Ayotzinapa el 15 de enero de 2019.

“Después, los padres y madres expresaron sus principales preocupaciones, sus consideraciones y peticiones sobre el proceso [..] pero también externaron su preocupación de que otras instituciones del Estado mexicano se estén rezagando en los trabajos del la verdad y justicia, en concreto, a la necesidad que las fuerzas armadas entreguen la información y que la FGR tenga un seguimiento más ágil y estrecho con la Comisión”, dijo.

 Por su parte, Hilda Legideño comentó que los padres solicitaron la reunión con López Obrador porque querían conocer la posición del Presidente, y saber si él seguía al pendiente de la investigación.

“La FGE ha retardado el proceso, pero ahorita esperamos que con esta reunión se agilicen más las cosas y que se avancen más rápido, porque nosotros no queremos que pase más tiempo y que esto continúe igual […] esperemos que obtengamos resultados y saber de nuestros hijos”, dijo Legideño.

Emiliano Navarrete destacó que a casi cinco años, para las familias la herida aún sigue abierta.

“Queremos decir que la herida sigue doliendo, no hay paz en nuestros corazones, no existen evidencias de lo que el anterior Gobierno quiso hacerle creer a la sociedad y al mundo, que nuestros hijos habían sido privados de la vida quemados”,

Navarrete recordó que Gobierno de Enrique Peña Nieto “manipuló a todas las instituciones que estaban para dar justicia”.

“Un Gobierno totalmente inhumano hacia el pueblo”, agregó.

El padre del estudiante José Ángel Navarrete reiteró que aún tienen esperanzas en el nuevo Gobierno.

“Vemos qué hay voluntad de atender y esclarecer el caso, desgraciadamente es un proceso muy lento para cimentar una base sólida para buscar algo; que es saber la verdad donde están nuestros hijos”, agregó.

Los padres también destacaron que una de los aspectos que les genera mayor indignación, es que las autoridades –aseguraron– tienen identificados a personas  responsables de la desaparición y, sin embargo, no han sido detenidas.

“A pesar de que sabemos, con nombre y apellido, quienes son los responsables de la desaparición de nuestros hijos no han sido detenidos. ¿Cómo es posible que tengan conocimiento de las personas que cometieron esta privación de la libertad y no hayan procedido penalmente?. Para nosotros eso lastima y eso duele”, expresó Navarrete.

El padre explicó que las personas que están identificadas serían policías municipales de Huitzuco, Cocula e Iguala, quienes detuvieron a los jóvenes.

“El Gobierno estatal y federal tienen identificados a esos elementos, ellos se los llevaron, ellos los entregaron, y ellos saben a quienes se los entregaron”, aseguró.

Andrés Manuel López Obrador adelantó hoy en su conferencia matutina que el encuentro con los padres de los normalistassería para reafirmar el compromiso de su Gobierno en buscar a los jóvenes y determinar a los culpables de la desaparición de los jóvenes.

“Vamos a reunirnos hoy para volver a manifestar nuestra decisión, voluntad de seguir buscando a los jóvenes hasta encontrarlos; no vamos a descansar en eso, es una prioridad”, destacó.

Los familiares ingresaron a Palacio Nacional alrededor de las 09:00 horas, luego de que manifestantes de la Central de Abastos retiraran uno de los bloqueos que mantienen sobre las puertas de acceso al recinto histórico.

Ayer, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, presidió una mesa con los padres de los normalistas en la que se informó la creación de un Comité de Seguimiento para coordinar esfuerzos en cuanto a la indagatoria. En dicha reunión también asistieron Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México (OACNUDH).

El próximo 26 y 27 de septiembre se cumplirán cinco años de la desaparición de los jóvenes luego de que fueran atacados por sujetos armados sobre las calles del municipio de Iguala, Guerrero.

El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. Tres alumnos fueron asesinados, dos fueron heridos de gravedad –quienes quedaron lesiones de por vida–, y 43 siguen desaparecidos.

Desde entonces, sus padres y familiares han recorrido todo el país. Su marcha se ha extendido por miles de kilómetros en busca de la verdad. Han clamado a las autoridades agotar todas las vías legales para conocer el paradero real a los tres normalistas.

La versión oficial es que los estudiantes fueron privados de la libertad a manos de policías corruptos y miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero del municipio de Cocula. Esta versión, presentada por el ex Procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”, fue tumbada rápidamente por grupos de expertos y peritos independientes, quienes presentaron varios peritajes para señalar que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos. Fue así como la “llamada verdad histórica” se convirtió en la “mentira del sexenio”, como lo han calificado reiteradamente los padres de los estudiantes de Ayotnizapa.

Los familiares de los normalistas han insistido en la demanda de castigo no solo para los responsables del asesinato, lesiones y desaparición de los estudiantes de Ayotnizapa, también para que los encargados de construir la “verdad histórica” sean castigados, entre ellos, Tomás Zerón.

También fue Murillo Karam quien en noviembre de 2014 anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Pero los familiares de los normalistas y sus abogados no se conformaron. Solicitaron ayuda internacional y en marzo de 2015 llegaron a México cinco expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos en coadyuvancia con las autoridades mexicanas.

El GIEI presentó una serie de informes y uno final en septiembre de 2015 en donde llegó a la conclusión de la incineración de los jóvenes definitivamente no ocurrió y que la investigación de la PGR contenía varias inconsistencias y deficiencias.

Los familiares de los estudiantes y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaron múltiples veces que Peña Nieto se aferró a una “verdad histórica” para ocultar quizás la responsabilidad de funcionarios de alto nivel de su administración.

El pasado 24 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso seis demandas penales ante la FGR en contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa.

Además, el organismo presentó 12 demandas administrativas en contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal, esto como parte de la Recomendación 15VG/2018.

La semana pasada, las autoridades liberaron a Gildardo López Astudillo “El Gil”, uno de los principales acusados del caso, con lo que suman ya 44 los implicados liberados por cargos sustentados en lo que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) defendió como la “verdad histórica”.