WASHINGTON

Su optimismo traspasa la barrera del idioma.

Parientes de dos adolescentes mexicanos muertos a tiros hace varios años por agentes fronterizos estadounidenses aseguran sentirse más esperanzados de lograr justicia tras asistir el  pasado martes a una audiencia celebrada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los parientes no entienden una palabra de inglés, pero su experiencia sensorial en la solemne sede del máximo tribunal no les impide continuar su batalla legal con optimismo, según relataron el miércoles a The Associated Press.

“Ayer todo lo que escuchaba (era) en inglés y no lo entiendo, pero sentía que algo estaba bien, que algo iba a pasar bueno”, dijo Guadalupe Güereca, madre de Sergio Hernández, quien perdió la vida en México por el disparo desde Estados Unidos del agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa Jr. en 2010.

“Ayer me gustó las señoras que hablaron”, dijo Güereca al referirse a las tres magistradas del tribunal supremo. “Cuando las miré, pensé que nos iban a ayudar porque ellas son mujeres y son mamás”.

Jesús Hernández, el padre de Sergio, aseguró que mientras veía personalmente la audiencia “sentí una paz, que nunca se fuera a dudar de la realidad y la justicia”.

La familia demandó al agente por la violación de los derechos civiles de su hijo de 15 años de edad, pero el gobierno estadounidense no acusó a Mesa ni permitió su extradición a México.

Ahora Güereca, ama de casa de 62 años residente en Ciudad Juárez, espera que alguno de los cinco magistrados conservadores se convierta en el voto decisivo para que el máximo tribunal de nueve miembros decida en junio de 2020 a favor de permitir demandas a empleados federales por violar derechos constitucionales.

El caso crearía jurisprudencia sobre si extranjeros muertos a manos de funcionarios estadounidenses fuera de Estados Unidos tienen derecho a algún alivio legal.

Por eso también asistió a la audiencia Taide Elena, abuela de José Antonio Elena, un joven de 16 años al que el agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz propinó 10 balazos en 2012.

La familia de Elena entabló una demanda por violación de derechos civiles pero la Corte Suprema aún no se ha pronunciado.

En ambos casos, los guardias fronterizos dijeron que dispararon porque les estaban lanzando piedras desde el lado mexicano de la frontera.

El gobierno mexicano interpuso recursos ante el tribunal supremo estadounidense abogando para que se permita a las familias de las víctimas obtener alivio legal.

No obstante, ambas familias quisieran que México ejerza aún más presión.

Elena dijo que gestionan una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que responda a una carta que se le entregó personalmente cuando visitó Nogales durante la campaña electoral.

“De esa carta queremos hablar con él personalmente. En eso andamos. Queremos que presione a Estados Unidos, que no le tenga miedo a Estados Unidos. ¿Por qué le tiene miedo?”, dijo Elena.

La Patrulla Fronteriza ha modificado su política sobre el uso de fuerza letal desde ambos casos. Hubo 15 incidentes en que funcionarios emplearon sus armas de reglamento durante el año fiscal 2018, un descenso respecto a los 55 registrados durante el año fiscal 2012.

Sin embargo, la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza sostiene que agentes de la Patrulla Fronteriza han causado la muerte a más de 100 personas durante los últimos 15 años –de los cuales cinco son casos transfronterizos– pero ningún agente ha sido hallado culpable.

Güereca dijo que tras la muerte de su hijo sufrió una aguda depresión, ya no celebra Navidades ni el Día de la Madre, y contrajo diabetes.

A pesar de esto, agregó que “me siento un poquito mejor porque tengo la esperanza de que a mi hijo se le va a hacer justicia”.

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