Periodismo del desprecio
September 26, 2022 - por Violeta Vázquez-Rojas Maldonado*/SinEmbargo.
“No le extrañó al periodista que los supuestos cables, que se pueden consultar al final de su columna, muestren muy claros errores de redacción, como el uso de artículos donde en inglés no suelen usarse”.
Ciudad de México
El 19 de septiembre, Héctor de Mauleón dio a conocer en su columna de El Universal dos cables que, según afirmó, habían sido enviados por el Embajador Ken Salazar a varias dependencias estadounidenses. En el primero, el emisario se refiere a dos elementos de la Marina, desaparecidos hace unos meses junto con el operador financiero del cartel del Noreste, Gerardo Vázquez Barrera, y advierte que habían sido comisionados por el Senador José Narro Céspedes para transferir dinero del narcotráfico, con el que se financiaría la campaña de Morena en el Estado de México en 2023. El segundo de los cables reporta el hallazgo de una cuenta multimillonaria en las Islas Vírgenes Británicas, a nombre de Vázquez Barrera. Según el documento, desde esta cuenta se habían transferido unos 7 millones de dólares a la cuenta de Humberto Villareal Santiago, hijo de Américo Villareal, Gobernador electo de Tamaulipas.
No le extrañó al periodista que los supuestos cables, que se pueden consultar al final de su columna, muestren muy claros errores de redacción, como el uso de artículos donde en inglés no suelen usarse -un error típico de hablantes de español cuando redactan en ese idioma: “the mexican authorities”, “the drug trafficking”-, el uso de un acento en lugar de un apóstrofo, también común cuando se escribe en un teclado en español, o frases mal formuladas, como cuando dice que la DEA está investigando “all those related do this strange case”, un fraseo poco esperable de alguien que pasó un examen diplomático en los Estados Unidos. No se necesita ser un experto para notar estos detalles, que no saltaron a la vista del periodista. Por el contrario, dio los cables por buenos y los hizo públicos como apoyo documental para la narración que pretende invalidar la elección a la gubernatura de Tamaulipas, bajo el alegato de que la campaña del Gobernador electo estuvo financiada por el narcotráfico.
Al día siguiente de la publicación de la columna, Ken Salazar, a pregunta expresa de algún reportero desde un evento en Oaxaca, desmintió los cables de manera tajante: “Esos cables no son de los Estados Unidos, punto”.
El 21 de septiembre, de Mauleón publicó una especie de disculpa. Primero, descarga la responsabilidad en su fuente, que le había garantizado que los cables eran auténticos. Después, acata la respuesta del embajador, no sin antes considerarla insuficiente, y enuncia una excusa descafeinada en la que baraja la posibilidad de haber sido engañado: “Frente a la postura del embajador (expresada, no a través de un documento oficial, sino de una monosilábica declaración de banqueta), no me queda sino disculparme con los lectores, y con los personajes que aparecen en los documentos que publiqué en esta columna: el senador José Narro Céspedes, y el Gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ¿Me equivoqué? ¿Me engañaron? Ya se verá.”
Un principio bien conocido de la dinámica del discurso es que los enunciados alteran el contexto en el que aparecen, por el simple hecho de enunciarse. Una vez que algo se dice, el contexto ya no es el mismo, pues el enunciado añade un nuevo estado de información: ahora sabemos algo que antes no sabíamos. Y en este caso concreto, lo que sabemos es que de Mauleón introdujo en la conversación pública unos documentos apócrifos. Esto no se puede simplemente considerar un error para luego “retirar lo dicho” y regresar, como pretende de Mauleón, a las cosas como estaban. Ahora, a la narrativa que pretende inculpar a Américo Villareal, se debe agregar la información de que alguien (seguramente en colusión con otros más) mintió y falsificó documentos para sostener la versión incriminatoria hacia el Gobernador electo.
No es la primera vez que de Mauleón se ve obligado a disculparse por mentir. En 2017 publicó un texto titulado “Las amenazas vinieron de Morena”, donde relata las conexiones que encontró la policía cibernética de la Ciudad de México entre varias cuentas de twitter que lo habían amenazado. Las conexiones llevan a la cuenta de José Castrejón Aguilar, “militante de Morena desde el 7 de septiembre de 2012, según se lee en la página del partido”, dice de Mauleón. Con esa información le bastó al periodista para incriminar a todo un partido político en una serie de amenazas contra él y otros periodistas, a las que les dedicó tres columnas. Finalmente, después de que le señalaran que José Castrejón no figuraba en el padrón de militantes de morena, el periodista publicó un texto titulado “@slayden”, donde en el antepenúltimo párrafo expresa parcamente: “Ofrezco una disculpa sincera a Morena, sus dirigentes y sus militantes por haber publicado el dato erróneo de que Castrejón aparecía en la página oficial como miembro del partido, y sugerir por tanto que las amenazas venían de Morena.” Obsérvese con atención el verbo “sugerir”, tan diferente de “afirmar”, que fue lo que hizo el periodista desde el título de su texto. De todos modos, aún cuando se haya retirado la base de sus aceleradas conclusiones, el periodista encuentra otras razones para creerlas con fe inquebrantable: “Al revisar la investigación queda claro, sin embargo, que personas que criticaron al líder de ese partido recibieron amenazas.”.
Estos dos casos no son los únicos en los que de Mauleón ha revelado su falta de solvencia ética. También recordemos que fue uno de los principales promotores de la versión conocida como “la verdad histórica”, manufacturada por la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, y que ahora sale a la luz, a raíz de la investigación comandada por Alejandro Encinas, como una operación de ocultamiento de los hechos atroces de Ayotzinapa.
Hoy, 26 de septiembre, es el octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos. El sábado 24, un día muy conveniente para la estridencia noticiosa, pues se está por varias horas a salvo de ser desmentido o cuestionado desde la conferencia matutina, la periodista Peniley Ramírez dio a conocer en el diario Reforma extractos de la versión no testada del informe sobre Ayotzinapa que hace unas semanas hizo público el subsecretario Encinas. La versión sin testar había sido entregada, según Encinas, a la Fiscalía General de la República.
En la nota de Ramírez se dan a conocer detalles estremecedores sobre el destino de los estudiantes, mismos que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) se había cuidado de omitir de la versión pública del documento, no para proteger a los responsables, sino para no dañar la sensibilidad de los padres y para no entorpecer las investigaciones con las que se busca llevar a los criminales ante la justicia.
No es lo mismo revelar información que las autoridades tratan de ocultar para que el público no la tome en cuenta que revelar información que las autoridades están usando en ese momento para proceder penalmente contra los responsables de uno de los capítulos más inhumanos de nuestra historia reciente. Aunque la periodista está en su derecho de publicar los documentos que le filtran, siempre está en la posición de elegir y de ponderar los beneficios de sus actos de cara al daño que puedan causar. En este caso, el beneficio de la revelación completa no es mayor que el perjuicio de revictimizar a los padres y de obstruir sus demandas de justicia.
Hay algo en común entre las notas aquí comentadas de de Mauleón y Ramírez, más allá del engaño de parte de uno o la falta de sensibilidad de parte de la otra: lo que los une es el profundo desprecio que manifiestan por sus audiencias. Amparados por el poder desde donde les llegan las filtraciones (porque recordemos que los documentos, auténticos o apócrifos, provienen de alguna instancia de ese poder al que se jactan de incomodar), estos periodistas piensan que sus lectores olvidarán con facilidad su más reciente mentira, o que aceptarán pasivamente la excusa de transparencia con la que entorpecen una investigación penal en curso. Se trata, a fin de cuentas, de un menosprecio por la inteligencia de las personas y una falta de respeto por el oficio que dicen ejercer.
