En la negociación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá la industria petrolera estadunidense deseaba, más que nada –además de conservar el marco trilateral–, un mecanismo conocido como resolución de disputas inversionistas-Estado o ISDS, por sus siglas en inglés, para proteger sus inversiones y ahora celebra que lo logró.

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o Usmca, por sus siglas en inglés, incluye cláusulas para mantener vigente el mecanismo, con el ISDS las empresas multinacionales pueden demandar a los gobiernos si éstos imponen nuevas regulaciones o acciones que afectan negativamente sus inversiones, incluyendo por ejemplo nuevas normas ambientales.

El sector empresarial argumentaba que ese mecanismo era necesario para proteger sus inversiones ante cambios de políticas o de gobiernos. Más de 392 millones de dólares de fondos públicos han sido pagadas a empresas con el ISDS del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta la fecha.

Los críticos señalaban que este mecanismo vulneraba la soberanía de un gobierno local, estatal o federal, mientras ambientalistas y organizaciones de defensa de consumidores lo criticaban por ser un obstáculo a la promoción de medidas ecológicas o sanitarias.

Este mecanismo está en el capítulo 11 del TLCAN, y diversos intereses –conservadores y liberales– buscaban anularlo por diferentes razones en el nuevo acuerdo, y lo lograron en gran medida, pues el texto final elimina el ISDS dentro de tres años.

Pero hay una excepción: por acuerdo entre Estados Unidos y México, el ISDS se mantiene vigente para cuatro sectores en México, incluyendo la industria de hidrocarburos (las otras son telecomunicaciones, transporte e infraestructura).

Las empresas petroleras trasnacionales se congratularon por lograr esta victoria clave para proteger su inversión en el sector petrolero mexicano desde que ese país abrió el sector a la inversión extranjera en 2013.

Para ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y Total, entre otras, mantener ese mecanismo en el caso de México fue una prioridad. Esa industria cabildeó intensamente en meses recientes para poder retar al gobierno mexicano si cambia las reglas e intenta nacionalizar de nuevo a su sector energético, reportó el Washington Post.

El Instituto Americano Petrolero, asociación nacional que representa los intereses del sector, elogió el acuerdo trilateral cuando fue anunciado a principios de esta semana, instando al Congreso a ratificarlo. Resaltó que entre las medidas positivas relacionadas con el sector de hidrocarburos estaba la elegibilidad al ISDS para las empresas estadunidenses de gas natural y petróleo que invierten en México y el requerimiento de que ese país retenga por lo menos el nivel actual de apertura a la inversión estadunidense en energéticos, como también el hecho de que se logró mantener sin aranceles la exportación de productos petroleros entre los tres países.

“México ha salido de esto con protecciones bastante fuertes para los inversionistas en los sectores de petróleo y gas… y esa es buena noticia para el futuro de la reforma energética… y aún más para esas empresas que ya han invertido en México”, comentó Duncan Wood, director del Instituto sobre México del Centro Wilson en entrevista con el San Diego Union Tribune.

La organización de defensa del consumidor Public Citizen resalta en su análisis del texto del acuerdo, que la inclusión de este mecanismo fue específicamente para proteger los contratos obtenidos por nueve empresas estadunidenses en el sector de hidrocarburos en México, pero se puede ampliar más. Por tanto, propone que se elimine.

Este mecanismo especializado para México es detallado en el “Anexo Estados Unidos-México (14-E) del acuerdo divulgado esta semana por la Oficina de Comercio de Estados Unidos.