Aunque la presión social de organizaciones, actores políticos y “hasta del presidente de la República” obligaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, “a rectificar” sobre la denuncia que presentó en contra de los consejeros electorales que buscaban aplazar la consulta de revocación de mandato, los procesos judiciales siguen su curso ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque las denuncias contra servidores públicos se persiguen de oficio, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

“Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos, claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”, comentó Córdova este domingo por medio de un video difundido en redes sociales.

El @INEMexico continúa cumpliendo con sus responsabilidades para la organización de la Revocación de Mandato, en acatamiento a sentencias y resoluciones de la SCJN y el TEPJF, y a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes. pic.twitter.com/Zyz4HUq6mH

— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 2, 2022

La denuncia presentada por el diputado morenita se trató de un hecho “muy grave” porque se “traspasó una frontera” y se pretendió usar un brazo del Estado para “amedrentar y amenazar” a miembros de un órgano por pensar distinto, explicó.

Defendió la postura de los consejeros por haberse presentado recurriendo a las instancias legales competentes, por lo que, dijo, “no deberían ser motivo de censura” o de persecución legal o política.

“Por eso es grave que el presidente de un Poder, en el que además esté representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios”, mencionó.

Sobre el fallo del Tribunal Electoral con el que ordenó al INE continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato, Córdova confirmó que ésta sigue adelante, pero insistió que no cuentan con los recursos presupuestales suficientes para hacerlo con lo que indica la legislación en la materia.

Tras adelantar que el órgano buscará incrementar los fondos para este proceso, pero sin afectar o comprometer las facultades del INE o de sus trabajadores, dijo que de no contar al final con los recursos necesarios solicitarán una ampliación a la Secretaría de Hacienda, pero si ésta no se autoriza, la consulta se hará con lo disponible.

“A lo imposible nadie está obligado”, agregó, por lo que en ese caso, sólo se haría con las características y modalidades que puedan fondearse.