Asegura que el irresponsable llamado del periodista Javier Alatorre a no hacerle caso al doctor López Gatell, quien se encuentra al frente del cuadro oficial para enfrentar a COVID-19, viola la Constitución y otras leyes . Puede, incluso, poner en riesgo vidas humanas. Demanda retirarle a esa televisora  la confianza como fuente de información fiable.

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La editorialización que hizo el conductor Javier Alatorre en el noticiero estelar de Tv Azteca sobre las conferencias oficiales acerca del Covid-19 en México, fue irresponsable, flagrante y una “gavísima” violación del artículo sexto constitucional, señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Mediante un pronunciamiento público, la Amedi recordó que el pasado 17 de abril, el conductor dijo a nivel nacional lo siguiente: “Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell.”

Ante este hecho, la Amedi calificó el comentario del conductor como irresponsable.

En este momento, los medios están llamados, éticamente, a poner atención en la calidad de la información que difunden porque puede ocasionar daños a la salud o, peor, pérdida de vidas. Actualmente, las y los mexicanos nos encontramos bajo las directrices temporales del Consejo de Salubridad General ante la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, enfatizó.

Además, explicó que el contenido de la transmisión y la editorialización del conductor violaron de forma pública y notoria el artículo sexto constitucional, que advierte que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque la vida privada, los derechos de terceros (como es la propia vida y la salud) o perturbe el orden público.

“Eso fue exactamente lo que ocurrió en el noticiario estelar de TV Azteca, utilizando un recurso de la nación como lo es el espectro radioeléctrico”, apuntó la Amedi.

Si bien los medios de comunicación, en situaciones de emergencia, son estratégicos para la difusión de las medidas tomadas por la autoridad competente para salvaguardad la vida de las personas, desde una perspectiva profesional tienen la obligación de observar la realidad con rigor al hacer sus propias investigaciones, así como contrastar y verificar la solidez de los dichos como las estadísticas oficiales.

“Sin embargo, la pieza informativa de TV Azteca careció de rigor periodístico al limitarse a reproducir dichos sin verificar, en este caso, la versión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que sirvió para confrontar el trabajo del subsecretario López-Gatell. En dicho reporte informativo no hubo indagación periodística ni se desmintieron las cifras federales”, enfatizó.

La Amedi subrayó que al Estado no le corresponde censurar y llamó a combatir el trabajo de la televisora con un periodismo profesional.

“El cuestionable trabajo informativo de TV Azteca debe ser combatido con periodismo profesional. Corresponde a la sociedad y a los demás medios exhibir el execrable manejo informativo de TV Azteca en momentos de tanta incertidumbre y -como audiencias- retirarle la confianza como fuente de información fiable”, indicó.

Asimismo, la Amedi recordó que ha advertido repetidamente que las audiencias están huérfanas de sus derechos por la pasividad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) durante la presidencia de Gabriel Contreras Saldívar, por la contrarreforma que avaló el Poder Legislativo y que promovieron los concesionarios comerciales.

“El Pleno del IFT, ahora bajo la presidencia interina de Adolfo Cuevas Teja, debe reactivar los lineamientos de defensa de los derechos de las audiencias, incluido el registro de los códigos de ética y los defensores de las audiencias”, propuso.

Por encontrarnos en una situación de emergencia, el IFT también debe emitir una resolución extraordinaria sobre las graves implicaciones que para la población representa el llamado de Javier Alatorre a no hacer caso de las recomendaciones del vocero oficial Hugo López-Gatell, indicó.

Al IFT, dijo, le corresponde ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias previstos en los artículos 256-261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las sanciones en materia de derechos de las audiencias están contempladas en el artículo 311 de la misma legislación.

“Llamamos al regulador a que emita una amonestación pública a la televisora y que revise la pertinencia de revocar la concesión según el artículo 303”, expresó la Amedi.

En tanto, consideró que los legisladores que integran las Comisiones de Radio y Televisión de las cámaras de Diputados y Senadores no deben ser omisos de las violaciones a la Carta Magna hechas por TV Azteca. Estos órganos legislativos, señaló que deben exhortar a las autoridades involucradas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de su título de concesión.

La Amedi convocó a las audiencias y a la sociedad en general a presentar sus quejas a los Defensores de las Audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Manuel Barquín Álvarez y Alejandro de Anda, en la dirección electrónica https://cirt.mx/defensor/, para que emitan las recomendaciones correspondientes al área de noticias, al conductor y a la televisora del Ajusco.

También pueden hacerlo en la página para presentar quejas ante el Defensor de la Audiencia de TV Azteca: https://www.tvazteca.com/defensoraudienciatvazteca.html.

Respecto al Consejo Asesor Empresarial que desde diciembre de 2018 se integró para “asesorar” al presidente López Obrador, la Amedi urgió a desaparecerlo.

“Dicho Consejo carece de fundamento legal, institucional, transparencia y rendición de cuentas. Entre otros empresarios, integran dicho Consejo: Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Imagen Televisión) y Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca). El trinomio televisivo abrió un canal de comunicación directo supra legal con el Ejecutivo Federal para hacer valer y consolidar sus intereses mediáticos y privados”, expuso.

Para que los mensajes y la comunicación gubernamental contribuyan a enfrentar la pandemia en un marco de derechos fundamentales, la Amedi elaboró el documento “Emergencia sanitaria: principios para preservar el derecho a la información y enfrentar el coronavirus”, el cual reúne principios y aspectos fundamentales de la comunicación entre la autoridad, los medios y la sociedad, así como entre gobernantes y gobernados en los niveles federal, estatal y municipal.

La Amedi pidió a las autoridades, a los medios de comunicación y a los profesionales de la información, aplicar estos lineamientos para enfrentar con unidad y fundamentos la propagación del Covid-19.