Ciudad de México. 

El plan de pacificación propuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) significa la posibilidad de abrir un proceso de justicia transicional, siempre y cuando escuche a las víctimas y las ponga en primer lugar, y genere procesos de investigación y verdad que permitan documentar los agravios y acabar con la impunidad, señaló el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín.

Los foros convocados por el virtual presidente electo para diseñar este esquema de pacificación pueden ser útiles porque “siempre es importante escuchar y hacer reuniones con víctimas de la violencia. Además de eso, lo importante es hacer investigación de fondo para conocer los hechos y entender nuestro pasado”, indicó el funcionario tras la inauguración de un proyecto de difusión sobre temas de memoria y tolerancia.

Rochín enfatizó la importancia de estudiar y reconocer las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país –como los sucesos de 1968 y la llamada “guerra sucia”– para poder iniciar después procesos de justicia transicional, verdad y reconciliación. “Para poder castigar a los responsables, hay que hacer investigación para tener más elementos de sanción y combatir la impunidad”, señaló.

En ese sentido, consideró que darle amnistía a personas –incluyendo menores de edad– que se han visto orilladas a participar en actos delictivos es “parte fundamental del proceso de paz”, y se pronunció por discutir de forma integral la viabilidad de la legalización de las drogas, y verlo como un tema de salud y no penal.

El director de la CEAV indicó que este organismo está involucrado en procesos de investigación sobre diversos casos, como la desaparición y asesinato de migrantes en San Fernando, los abusos en el penal de Piedras Negras y la desaparición de personas en el estado de Veracruz, con los cuales se puede facilitar la creación de comisiones de la verdad.

Por otra parte, Rochín del Rincón señaló que la CEAV tiene registro hasta el momento de unos 15 mil casos de personas desaparecidas, pero sólo de casos del fuero federal en donde los familiares de las víctimas pidieron la ayuda del organismo, y reiteró que la Comisión no se opone a la creación de una “comisión de la verdad” para el caso Ayotzinapa, siempre y cuando se apegue a las sentencias de los jueces.