WASHINGTON

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos consideraron el martes si permiten al presidente Joe Biden rescindir una política migratoria iniciada por su predecesor, Donald Trump, que obligó a decenas de miles de migrantes a permanecer en México a la espera de audiencias sobre sus solicitudes de asilo.

Los jueces escucharon casi dos horas de argumentos en una apelación del Gobierno de Biden a un fallo de un tribunal inferior que restableció la política de Trump de “Permanecer en México” después de que los estados de Texas y Missouri demandaran para mantener el programa.

Biden suspendió la política, que cambiaba una práctica de larga data, poco después de asumir el cargo el año pasado.

Algunos de los jueces conservadores, que tienen una mayoría de 6-3 en la Corte, cuestionaron el alcance de la discreción del gobierno para liberar a los migrantes en Estados Unidos, pero también el uso de los tribunales por parte de Texas para limitar al Gobierno en un área sobre la que normalmente hay una amplia autoridad federal.

El presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, dijo que la visión de la ley que tiene el Gobierno de Biden parece no tener “ningún límite” en el número de personas que pueden ser liberadas.

Roberts también le dijo al procurador general de Texas, Judd Stone, que le parecía “un poco exagerado” que el estado “sustituyera” al Gobierno federal para determinar la mejor manera de cumplir con la ley de inmigración de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump había argumentado que lo que calificaba como una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México justificaba que se negaran permisos a los migrantes que solicitaban asilo por el temor a la persecución en sus países de origen. La política se denomina formalmente Protocolos de Protección de Migrantes (MPP).

La disputa se centra en el grado de discrecionalidad que La Corte considera que Biden y su gobierno tienen para cambiar el rumbo de la política de inmigración.

En su apelación, el Gobierno de Biden dijo que está siendo “obligado a restablecer y continuar indefinidamente una política controvertida” que expone a los migrantes a riesgos de seguridad, daña las relaciones con México y no es la mejor herramienta para disuadir la inmigración ilegal.

Agregó que los tribunales inferiores están interfiriendo inaceptablemente con la autoridad históricamente amplia que los presidentes de Estados Unidos han tenido sobre la inmigración y los asuntos exteriores, un principio que la Corte Suprema ha respaldado durante mucho tiempo, incluso cuando Trump estaba en la Casa Blanca.

Elizabeth Prelogar, la procuradora general de EU que defendió el caso de la administración Biden, dijo a los jueces que el juez federal en Texas que ordenó a EU continuar con la política le ha dado a México “un importante punto de influencia” en la relación bilateral de los países. .

“La idea aquí de que hay un solo tribunal de distrito en Texas que ordena esos resultados, que obliga al ejecutivo a participar en esas negociaciones en curso (con México), y lo hace bajo la amenaza constante de una moción de desacato de Texas a supervisar nuestras negociaciones de buena fe con México, muestra que algo se ha torcido poderosamente aquí”, dijo Prelogar.

“No es así como se supone que debe operar nuestra estructura constitucional”.

Los miembros de la minoría liberal de tres miembros de la corte parecían simpatizar con esa opinión.

“México puede cambiar las condiciones que impone para consentir cualquier día”, dijo la jueza Elena Kagan a Judd Stone, II, quien defendió el caso de Texas. “Y el punto es que exigirle al Secretario que haga algo como esto esencialmente le dice a México: ‘Es todo tuyo, tú tienes el control’. Quiero decir, ellos tienen el control, estás poniendo las decisiones de inmigración de la Secretaría en manos de México”.

Lo que está en juego es el significado de una disposición de una ley de inmigración de 1996 que dice se “pueden devolver” a ciertos inmigrantes a territorio mexicano en espera de los procedimientos de inmigración.

El Gobierno de Biden dijo que la disposición es “inequívocamente” discrecional y que la decisión del tribunal inferior significa que cada administración “ha estado en violación abierta y sistemática” de la ley desde que fue creada.

Aproximadamente 68.000 personas se acogieron a la política de “Permanecer en México” desde que entró en vigor en 2019 y hasta que Biden la suspendió en 2021.