Este miércoles, cuando se cumple un año de los sismos que sacudieron al país y dejaron al menos 462 muertos, decenas de damnificados continúan viviendo en las calles, hay escuelas sin ser rehabilitadas y no está claro el destino del dinero que fue donado por la iniciativa privada y el propio Gobierno.

Organismos como la ONU, Transparencia Mexicana, Fundar y el IMCO urgieron al Gobierno federal, que está a poco más de dos meses de concluir su gestión, realizar censos completos, transparentar el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo.

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 A un año de los sismos de septiembre de 2017 decenas de damnificados continúan viviendo en la calle o en casas a punto de derrumbarse, hay escuelas sin ser rehabilitadas y no está claro el destino del dinero que fue donado por la iniciativa privada, organizaciones e incluso el que movilizó el propio Gobierno a través de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), concluyeron diversos organismos como la ONU, Transparencia Mexicana, Fundar y el IMCO.

ONU PIDE PROTEGER DDHH DE DAMNIFICADOS

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió hoy proteger los derechos humanos durante emergencias humanitarias y en el proceso de reconstrucción, el día en que se cumple un año del trágico terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México.

“Asimismo, la ONU-DH llama a las autoridades mexicanas a mantener como temas prioritarios la atención a las poblaciones afectadas y la preparación frente a los riesgos naturales”, agregó el organismo en un comunicado referente a los dos terremotos que en septiembre de 2017 sacudieron el centro y sur del país dejando 471 muertos y cuantiosos daños materiales.

A partir de los mencionados terremotos, la ONU-DH trabajó en coordinación con las distintas agencias de las Naciones Unidas en México para contribuir a la atención integral de las personas damnificadas, en varios estados del país.

“Respecto a la fase de emergencia, la ONU-DH reconoce la gran muestra de solidaridad de la población y los esfuerzos desplegados por las autoridades. Al mismo tiempo, los acontecimientos también mostraron la necesidad de fortalecer la dimensión de derechos humanos en la respuesta a los desastres”, agregó.

Damnificados del multifamiliar de oaxqueña protestan contra falta de apoyos. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

Sobre todo en términos de protección a las víctimas e información a las personas directamente afectadas, familiares y público en general, indicó.

“La dimensión de género también surgió como prioridad para futuros esfuerzos”, señaló el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, quien destacó que las autoridades tienen la obligación de garantizar los servicios básicos a las personas afectadas.

En relación con la fase de reconstrucción, la ONU-DH enfatizó la necesidad de censos completos, transparencia en el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo.

“Es fundamental garantizar que no exista ningún tipo de discriminación en la atención”, remarcó Jarab, quien animó a la participación “activa” de las personas beneficiarias de políticas y programas de reconstrucción.

Asimismo, los esfuerzos de reconstrucción deben ir acompañados de acciones de prevención.

Finalmente, la ONU-DH reiteró que los daños que ocurrieron en septiembre de 2017 aún no están superados porque un número considerable de familias sigue en una compleja situación.

En este contexto, llamó a las autoridades a “redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas y todos los afectados”, concluyó el texto.

IRREGULARIDADES EN RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) denunció que las autoridades encargadas de la reconstrucción de escuelas no han podido garantizar la normalidad escolar y hay discrepancias entre los listados de diferentes instancias de Gobierno sobre un mismo programa público.

“No hay una base de datos confiable que consolide los padrones de escuelas afectadas y fuentes de fondeo para la reconstrucción y no existe información clara sobre los avances de obra y los recursos ejecutados”, reclamó el IMCO y cuestionó que a un año de los sismos no se sabe cuántos niños y jóvenes no tienen acceso a educación, cuántos siguen en planteles temporales y cuántos han podido ya regresar a sus instalaciones.

Algunas de las preocupaciones importantes que mencionó el IMCO son las discrepancias entre los listados de diferentes instancias de Gobierno sobre un mismo programa público.

En el caso del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) la organización contrastó la información entregada por solicitud de información por la Dirección General de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación (Segob), con fecha de 27 de agosto de 2018, y la base de datos de Reconstrucción de escuelas de Transparencia Presupuestaria, con fecha de 28 de agosto de 2018, en donde destacó:

• La Segob reporta 3 mil 648 escuelas atendidas por el Fonden, con 8 mil 934 millones de pesos asignados y con mil 532 mdp ejercidos (17%) en 2 mil 238 escuelas.

• La base de Transparencia Presupuestaria reportaba 2 mil 505 escuelas atendidas por el Fonden, con mil 916 mdp asignados y con 560 mdp ejercidos (29%) en 278 escuelas.

La diferencia es de mil 143 escuelas, 7 mil mdp presupuestados y 940 millones de pesos ejercidos.

En el caso del Programa de la Reforma Educativa contrastaron información entregada por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP-DGDGE), con fecha de 15 de agosto de 2018, y la base de datos de Reconstrucción de escuelas de Transparencia Presupuestaria , con fecha de 28 de agosto de 2018, en donde encontraron que:

• La SEP-DGDGE reporta 10 mil 857 escuelas atendidas por el Programa de la Reforma Educativa, con 608 millones de pesos asignados y 596 millones de pesos ejercidos (91 por ciento).

• La base Transparencia Presupuestaria reporta 9 mil 757 escuelas atendidas por el Programa de la Reforma Educativa, con 524 millones de pesos asignados. En los mil 100 planteles que no aparecen en la base Transparencia Presupuestaria, SEP-DGDGE reporta 30 millones de pesos ya ejercidos.

La diferencia es de mil 100 escuelas y 84 mdp asignados.

La cobertura de seguros de infraestructura educativa ha sido poco clara y no hay padrones de ejecución a nivel escuela, indicó el IMCO. Más de 11 meses después del sismo, la base de Transparencia Presupuestaria reportaba solo 44 escuelas atendidas con los seguros de infraestructura educativa, con un monto total de 190 millones de pesos de cobertura.

Al mismo tiempo, información de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP entregó el 10 de septiembre, como respuesta a una solicitud de información pública, el reporte de 108 escuelas atendidas con los seguros de infraestructura educativa, con mil 410 millones de pesos y un avance financiero del 31 por ciento.

La diferencia es de 64 escuelas y mil 210 mdp.

Una preocupación adicional para el IMCO es la falta de fechas de término de los trabajos de reconstrucción de escuelas. “En las bases de datos disponibles no se incluyen fechas, montos finales de costo u origen de los recursos. Esta situación genera incertidumbre ante las declaraciones oficiales que anuncian conclusiones
y avances importantes en la rehabilitación de escuelas”.

De acuerdo con el IMCO, el nuevo Gobierno federal, así como los cinco estados que cambian de Gobierno local, heredan un gran reto en materia de reconstrucción de escuelas. “A lo largo de los siguientes meses deberán buscar validar los datos existentes, entender las discrepancias entre distintas fuentes y auditar el destino de los recursos ya ejercidos”.

¿Y EL DINERO?

Un informe de las organizaciones Fundar y Transparencia Mexicana, publicado esta semana, reveló que a un año del sismo del 19 de septiembre no se sabe a qué entidad federativa se destinaron 41.6 por ciento de los recursos privados, porque éstos se canalizaron a otras donatarias y no se ha reportado su destino final, mientras tanto muchos de los damnificados siguen viviendo en campamentos.

De acuerdo con el documento “Transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a un año de los sismos”, tres sectores concentran un total de 27 mil 59 millones 763 mil 605 pesos, lo que equivale al 71 por ciento de los recursos.

Para el educativo se asignó un total de 10 mil 893 millones 661 mil 626 pesos; vivienda, 10 mil 049 millones 939 mil 028 pesos, y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 6 mil 116 millones 162 mil 951 pesos.

De estos recursos, la información de las bases de datos de cada sector no permiten identificar, por ejemplo, el número real de viviendas dañadas en donde se canalizaron estos apoyos.

El informe reveló que existen inconsistencias entre las bases de datos de la Sedatu y las de Bansefi.

“Se presentan datos incompletos y dada la falta de documentos que describan la racionalidad detrás de las decisiones tomadas, no es posible identificar cuántas viviendas se han reconstruido, quiénes han recibido los apoyos de vivienda o cómo se puede comprobar que los recursos entregados fueron recibidos por las personas que lo requerían”, destacó.

Además de los recursos públicos autorizados del Fonden, distintos organismos públicos realizaron aportaciones extraordinarias. De éstas, el portal Fuerza México de Transparencia Presupuestaria señaló que se destinaron 2 mil 412 millones 648 mil 995.5 pesos para el Fonden y 279 millones 383 mil 366.6 pesos para el Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC).

Sobre los recursos privados, el documento detalló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a donatarias y fideicomisos autorizados tres Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos de septiembre del 2017.

Al 31 de mayo del 2018 se recibió un total de 3 mil 904 millones 576 mil 949.46 pesos, de 693 donatarias y fideicomisos autorizados. Casi 90 por ciento fueron donativos en efectivo (3 mil 480 millones 476 mil 143.87 pesos) y el resto en especie (424 millones 100 mil 805.58 pesos).

Del valor total, 85 por ciento corresponde a donativos nacionales (3 mil 317 millones 745 mil 489.58 pesos) y el 15 por ciento restante corresponde a donativos del extranjero (586 millones 831 mil 459.88 pesos).

De estos fondos, se han distribuido 1 mil 994 millones 143 mil 959 pesos en donde la mayor proporción ha ido para Oaxaca (19.8 por ciento) y a la Ciudad de México (13.3 por ciento), pero, no se sabe a qué entidad federativa se destinaron 41.6 por ciento de los recursos privados dado que se canalizó a otras donatarias y no se ha reportado su destino final, destacó el documento de Fundar y Transparencia Mexicana.