Cuerpos de 19 personas fueron incinerados en basurero de Cocula; no se conoce su identidad: CNDH.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado mexicano profundizar en la investigación de militares, así como de policías federales, estatales y municipales, para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

En su informe final, el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa afirmó que “de la información analizada sobre las declaraciones que obran en el expediente, persisten dudas sobre el posible involucramiento de militares –incluso algunos del 27 Batallón en Iguala– con Guerreros Unidos”, lo que requiere profundizar en la investigación.

Además, a cuatro años de los hechos aún no se determina con claridad qué institución estuvo encargada del funcionamiento del Centro de Comunicaciones, Cómputo y Comando (C4) de Iguala, lugar en el que soldados del 27 Batallón de Infantería estuvieron presentes.

El Mecanismo también llamó la atención sobre el Centro de Operaciones Estratégicas(COE) en Iguala, Guerrero. Los COE tienen como objetivo coordinar los esfuerzos de la Procuraduría General de la República con los ministerios públicos locales y, de acuerdo con declaraciones ministeriales de un policía municipal y de un policía ministerial del Estado de Guerrero, el COE de Iguala funcionó como centro de detención en la época en la que ocurrió la desaparición.

El 28 de septiembre de 2014, advierte el informe del Mecanismo, se le negó la entrada al COE a un investigador de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a un perito en criminalística. Fue hasta julio de 2017 que personal de la PGR entró al COE y durante su inspección a la libreta de ingreso y salida de personal encontró que policías federales y soldados del 27 Batallón de Infantería entraron al mencionado COE el 26 de septiembre de 2014 entre las 18:30 y las 19:35 horas.

Por ello, el Mecanismo recomendó profundizar la investigación con el propósito de esclarecer el posible rol del COE en relación con los hechos de Iguala. En sus observaciones al proyecto del informe publicado este miércoles, el Estado mexicano estuvo de acuerdo.

La CIDH recomendó también ampliar la investigación de las policías municipales de las localidades cercanas a Iguala, como la de Pilcaya. Dos policías municipales de aquel lugar, que podrían tener información sobre la desaparición de los 43 normalistas, no han sido localizados; uno de ellos renunció el 28 de septiembre de 2014, el otro lo hizo el 15 de octubre del mismo año y a ambos la Secretaría de Relaciones Exteriores les expidió un pasaporte en octubre de 2014.

El Mecanismo también consideró relevante profundizar la investigación sobre el seguimiento de las actividades de los normalistas de Ayotzinapa, que la Policía Federal realizó previo a los hechos del 26 de septiembre de 2014. Por ejemplo, es necesario corroborar la declaración de un policía federal que dijo haber estado comisionado en Guerrero desde febrero de 2012 hasta el 27 de septiembre de 2014, cuando fue enviado a Michoacán durante un mes para un operativo; a su regreso de Michoacán, fue adscrito a la Ciudad de México, en la estación Cuajimalpa.

La incógnita de los celulares

Asimismo, requiere de una mayor investigación lo sucedido con los celulares de tres normalistas que continuaron siendo utilizados después de la desaparición de los estudiantes.

Uno de ellos, el de Martín Getsemaní Sánchez García, le fue encontrado a la pareja sentimental del chofer de Felipe Flores, ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero. La mujer refirió en su declaración haber obtenido el celular de su pareja (el chofer de Flores), quien se lo entregó en una bolsa junto con otras pertenencias de policías que estuvieron en el Centro Regional de Adiestramiento Policial.

“Ella mencionó que los celulares que se encontraban en la bolsa iban desarmados y envueltos en papel aluminio, aclarar este punto forma parte de las indagaciones pendientes en materia de telefonía. Al respecto, el Mecanismo señala que la circunstancia en que el chofer se apoderó de la bolsa con celulares requiere de una mayor indagación”, refiere el informe.

Entre los aspectos que continúan investigándose se encuentra la posible vinculación entre propietarios de hornos crematorios y personas vinculadas a actividades delincuenciales. Este año se finalizó un levantamiento sobre hornos crematorios en Iguala y Cocula, los cuales están siendo indagados por el Estado mexicano.

La CIDH lamentó en el informe la falta de consignaciones hechas por el delito de desaparición forzada, a lo que el Estado mexicano respondió que en el más reciente proyecto de consignación contempla el ejercicio de la acción penal por ese delito.