Las cuatro comunidades indígenas maya luchan para proveer un servicio informativo y de entretenimiento en sus propias zonas, y en su propia lengua, por lo que presentaron su situación ante la Corte IDH. Primero, lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiara su caso y encaminara su denuncia a la Corte regional en abril de 2020.

Ahora, lo que decida la Corte IDH podría marcar un precedente no solo en Guatemala sino en toda América Latina, porque sus decisiones deberán ser cumplidas en el país, y servirán de ejemplo para el resto de las radios comunitarias de la región.

“Lo que necesitamos es que haya una reparación de los daños hechos por el Estado en contra de las radios comunitarias, que paralicen los allanamientos porque es una forma de intimidar a la población, porque se llevan los equipos y encarcelan a los comunicadores. Luego también que se agilice una ley que reconozca a las radios comunitarias”, explica Anselmo Xunic, miembro de la comunidad Maya Kaqchikel y cofundador de la Radio Ixchel en la audiencia celebrada este 10 de junio.

Las comunidades Maya Kaqchikel de Sumpango (al oeste de Ciudad de Guatemala), Achí Maya de San Miguel Chicaj (norte), Mam Maya de Cajolá (noroeste) y Maya de Todos Santos de Cuchumatán (noroeste) denuncian obstáculos legales para acceder a frecuencias radiales y una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización, según el resumen del caso de la Corte IDH.

“El micrófono es un poder y queremos hacer un cambio para salir del subdesarrollo, para eso podemos hacer muchas cosas, y en especial cuando nos dan la oportunidad de poder hacer llegar la voz en nuestros propios idiomas. Con nuestra cultura, con nuestros conocimientos ancestrales, con los bienes naturales vamos a lograr un desarrollo y autosostenibilidad”, dijo María Pedro de Pedro, de la comunidad Maya Q’anjob’al (Santa Eulalia, noroeste) y directora de la Radio Jolom Konob.

Durante la sesión, los pueblos indígenas solicitaron el reconocimiento legal a las radios comunitarias, pues consideraron que es clave para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión así como los derechos culturales de los pueblos ancestrales.

En 2011 la organización guatemalteca Asociación Sobrevivencia Cultural (ASC) presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Guatemala por el tema, señala Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia (Observacom). Si bien el Tribunal exhortó al Congreso a legislar a favor del acceso de los pueblos indígenas a la radio, el Congreso no lo hizo.

Ante la situación, la organización estadounidense Cultural Survival y la ASC recurrieron a la CIDH, con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk de Boston, Estados Unidos.

El informe de fondo presentado por la CIDH a la Corte IDH en abril de 2020 concluyó que “el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a los derechos culturales en perjuicio de los cuatro pueblos indígenas del caso”.

“La Comisión reconoce el derecho de los pueblos indígenas a fundar y operar medios de comunicación comunitarios y resaltó la importancia que estos medios tienen para todas las comunidades, debido a que en muchas ocasiones estos constituyen el único medio y la única forma para mantenerse informados y poder participar en los debates públicos de su propia comunidad o de la sociedad en general”, expresó la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena.

Tomando como insumo el diagnóstico y recomendaciones de la CIDH, la Corte IDH estudia el caso. La importancia de su intervención radica en que sus decisiones son vinculantes, por lo tanto, que la Corte se expida a favor de las víctimas, significa que el Estado de Guatemala tiene que respetar los derechos de las comunidades indígenas.