Washington.

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó ayer un esfuerzo de un grupo de republicanos para reactivar la política de línea dura del ex presidente Donald Trump que prohibía que ciertos migrantes que podrían requerir beneficios del gobierno obtuvieran la residencia legal permanente.

Los jueces rechazaron una apelación de 14 fiscales generales estatales republicanos, encabezados por Ken Paxton, de Texas, a un fallo de un tribunal inferior contra su solicitud de montar una defensa legal de la regla de “carga pública” de Trump después de que el gobierno del presidente Joe Biden dejó de defender la medida y luego la rescindió.

La política fue puesta en vigencia por el gobierno de Trump en febrero de 2020 y finalizada por el de Biden en marzo de 2021.

A Paxton se unieron los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

En una decisión de 2019, el gobierno de Trump amplió significativamente la definición de “cargas públicas” que impedían el acceso a la residencia permanente legal en el país (tarjetas verdes).

La restricción ampliada se aplicó a los migrantes que reciben un beneficio del gobierno, incluido el programa de seguro médico Medicaid para los pobres y cupones de alimentos durante más de 12 meses en cualquier periodo de tres años.

Un juez federal en Illinois anuló la medida en todo el país. Más tarde, el togado rechazó el intento republicano de intervenir, diciendo que la solicitud de los funcionarios estatales llegó demasiado tarde, y la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito con sede en Chicago en junio pasado estuvo de acuerdo.

Los funcionarios republicanos habían dicho a los jueces que deberían poder defender la norma del gobierno de Trump, con el argumento de que se estima que ahorrará a los estados colectivamente alrededor de mil millones de dólares al año.

En 2022, la Corte Suprema escuchó argumentos sobre un intento separado de funcionarios estatales republicanos para intervenir en defensa de la norma de Trump, pero finalmente desestimó el caso sin resolver el problema.

El actual gobierno adoptó en septiembre pasado una regla más acotada según la cual los migrantes serían considerados cargas públicas sólo cuando sí es probable que se vuelvan dependientes principalmente de la ayuda del gobierno para subsistir, lo que refleja una regulación de 1999 que estuvo vigente durante dos décadas. Texas presentó el jueves una demanda federal separada que impugna la norma de Biden.

Los republicanos han criticado duramente las políticas de migración de Biden, quien llegó a la Casa Blanca prometiendo deshacer algunas de las normas de línea dura seguidas por Trump.