Ciudad de México

Aquellos movimientos políticos y sociales que nacieron en los años treinta y se consolidaron durante la segunda década del siglo XX conocidos como nazismo y fascismo, están regresando, solo que ahora se empiezan a gestar en el continente americano, principalmente al norte del golfo de México en una estrecha y alargada península que a dado vida a estos movimientos a través de Ley SB 1718.

Las características de esta Ley son en forma y fondo similares a aquellos tiempos, ya que se trata de un profundo racismo, decantado, con una tendencia de hostilidad sistemática hacia los migrantes a que no permiten que se contraten, recluten o empleen con un estatus irregular, sin tomar en cuenta la fuerza de trabajo que implica las actividades que realizan.

Lo delicado es, quién los contrate son sometidos a sanciones penales que van hasta cinco años de prisión y multas de cinco mil dólares para lo migrantes que usen documentos falsos o de alguien más para conseguir empleo, poniéndolos contra la pared y huyendo de ese territorio.

Es algo inadmisible, que a estas alturas del siglo XXI se esté asumiendo una postura retrograda con ese tipo de leyes que provienen de la ultraderecha republicana y que insiste en transgredir los derechos de los migrantes, que implica criminalizarlos, marginarlos y discriminarlos, tal como se hizo en tiempos del nazismo y el fascismo.

En el contexto, hay que recordar que México siempre ha sido una nación que ha protegido a los migrantes, por ejemplo, cuando Alfredo Félix Díaz Escobar creó, organizó y presidió el Comité Nacional Anti Sinarquista y en defensa de la democracia, estableció la relación entre la lucha internacional contra el fascismo y la lucha interna contra los sinarquistas y agrupaciones afines, precisamente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Este gobierno federal sin duda, ha apostado por la integridad de los migrantes de centro y Sudamérica, rechazados luego de que el pasado mes de mayo llegó a su fin la aplicación del Título 42 una política de salud pública que permitía expulsar a inmigrantes indocumentados de forma expedita en el marco de la pandemia de covid-19 cambiándola por el Título 8 con décadas de antigüedad por la que los migrantes enfrentan consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente que primero, son expulsado y si insisten, son encarcelados.

Hoy no estamos en guerra, pero pareciera que, contra los migrantes, que representan la principal fuerza de trabajo en el país vecino del norte se asuma una postura que transgrede sus derechos humanos, su derecho a una vida digna, con la que contribuyen al crecimiento de una nación tan poderosa pero tan discriminante, una postura que pareciera que renace el fascismo del siglo pasado con ese título ocho y esa Ley SB 1718.                                                                                                            @larapaola1