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Las alertas que recibió Rosario Robles por el desvío de más de 5 mil millones de pesos de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) fueron turnadas a un servidor público directamente involucrado con la estafa multimillonaria.

Su nombre es Emilio Zebadúa González y ocupó el cargo de Oficial Mayor en Sedesol y Sedatu cuando Robles Berlanga era la titular de ambas dependencias.

Zebadúa firmó al menos cinco de los 27 convenios generales que ambas dependencias suscribieron con las universidades públicas y sistemas estatales de televisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha vinculado con el esquema para desviar 5 mil 73 millones de pesos del erario.

Denominada “La Estafa Maestra” por el grupo de periodistas que profundizó en los informes de la ASF, el desvío se realizó a través de la firma de convenios entre Sedesol y Sedatu con universidades públicas y televisoras públicas estatales para la subcontratación de empresas fachada que simulaban compras o servicios, compañías que a su vez transferían el dinero a cuentas bancarias de otras empresas que eran totalmente ajenas a los contratos asignados, con el fin de que las autoridades perdieron el rastro del dinero.

De acuerdo con el ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedesol y Sedatu, José Antolino Orozco Martínez; así como de la ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en esas mismas dependencias, María del Carmen Gutiérrez Medina, cuando ambos alertaron a Rosario Robles de los presuntos desvíos, los remitió con Emilio Zebadúa, pese a que estaba vinculado con las irregularidades que ellos estaban denunciando.

Durante la audiencia celebrada el pasado jueves en la que Robles fue imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa por su omisión en frenar una conducta cometida con dolo y de manera continuada, la Fiscalía General de la República reveló los testimonios los ex funcionarios en los que ambos afirman que alertaron a Robles Berlanga, primero de manera verbal y posteriormente mediante oficios, de los presuntos desvíos que estaban sufriendo las finanzas de Sedesol y Sedatu a través de los convenios con universidades públicas.

Los relatos de Antolino Orozco y Carmen Gutiérrez revelaron ante la Fiscalía que en junio de 2014 ambos ex funcionarios estuvieron presentes en una reunión con el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en la que el ex auditor notificó a Robles de los actos de corrupción que se habían detectado en la subcontratación de universidades públicas y televisoras estatales.

Posteriormente, Orozco y Gutiérrez se reunieron por separado con Robles para denunciarla firma de contratos irregulares y la falsificación de firmas, pero la ex secretaria de estado  en lugar de atenderlos los remitió con Emilio Zebadúa “para que el Oficial Mayor arreglará el problema”.

La reunión tuvo lugar en uno de los domicilios utilizados en la #OperaciónEntregablesubicada en la calle de Tennyson, colonia Polanco, oficina alterna del propio Zebadúa, quien se comprometió a revisar la situación pero que jamás hizo nada.

En una investigación de Aristegui Noticias, se acreditó que la #OperaciónEntregables consistió en la fabricación de expedientes, desde la firma de los contratos y la constitución de empresas, hasta la falsificación de los llamados “entregables” o documentos que acreditan que se cumplió o se prestó un servicio.

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De acuerdo con Gutiérrez, ella tuvo una experiencia similar pero su reunión tuvo lugar en las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que se localizan en Polanco y que Rosario Robles utilizaba como despacho alterno.

La respuesta de Robles fue la misma: remitir las quejas a Zebadúa que dio largas al asunto y que no atendió las irregularidades en las que estaba involucrado de manera directa.

Involucran a funcionarios de la #OperaciónEntregables en estafa con universidades

En la audiencia de imputación contra Rosario Robles, aparecieron los nombres de varios ex funcionarios de Sedesol y Sedatu que colaboraron de manera activa en el presunto desvío, desde la firma de convenios generales hasta la fabricación de los “entregables” o documentos comprobatorios de los servicios y compras que se simularon.

Entre ellos aparecen Enrique Prado Ordoñez, Claudia Gabriela Morones Sánchez y René Humberto Islas Cortés, todos ellos imputados en diversas causas penales. Prado y Morones eran subordinados directos del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González.