Además de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, se investiga a una red de funcionarios y de 50 empresas involucradas en el desvío de recursos, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

En entrevista antes de la reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto dijo que aún no se han congelado cuentas de los presuntos involucrados. “Estamos analizando toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia”.

Luego de que Rosario Robles alegó que se violó el debido proceso al filtrarse la información de que debe comparecer ante un juez, el titular de la UIF dijo que “se trata de un ejercicio de acceso a la información pública”.

Incluso señaló que en el mundo muchos tribunales constitucionales y en México, la Suprema Corte de la Nación, han señalado que el derecho al honor o a la vida privada de los servidores públicos es más reducido en presencia de presuntos actos de corrupción.

“Hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso a la información pública, que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley. Y tienen que ser los hechos del conocimiento público”, declaró.

Dijo que, en respeto al sigilo de la indagación no puede revelar qué otros funcionarios están involucrados en el desvío e fondos, las razones sociales de las empresas fantasma y si también se indaga a rectores de universidades. Estamos analizando 50 empresas relacionadas en el caso.

-¿Rectores de las universidades utilizadas para la triangulación de los fondos?

-Estamos desarrollando el proceso de investigación, no puedo dar más datos por el sigilo, pero cumpliendo la instrucción presidencial de llegar a las últimas consecuencias en este caso.

La ex titular de Sedesol, Rosario Robles en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro

. La ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, solicitó un amparo en contra de cualquier posible orden de aprehensión en su contra, luego de que fue citada a comparecer ante un juez, el próximo 8 de agosto, a una audiencia donde se le imputará por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Su abogado, Julio Hernández Barros, señaló que también solicitan en su amparo el acceso total a la carpeta de investigación, ya que dijo, en el citatorio que recibieron no se aclara el motivo del llamamiento ni los delitos que se le imputan.

La solicitud de amparo fue entregada la tarde de este martes al Poder Judicial Federal, y será hasta este miércoles cuando se emita el acuerdo informando a cuál juzgado quedará asignado el caso, si es que es admitido y si se le otorga o no la suspensión provisional.

Desde hace varios años, La Jornada ha reportado las inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el paso de Robles Berlanga por el Gobierno Federal.

Por ejemplo, durante el ejercicio de la cuenta pública de 2013 la ASF detectó que no se reportó el destino de 845 millones de pesos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que se sospechaba de “probables daños y perjuicios” al erario.