En la conferencia de prensa matutina también se informó que con este ajuste el poder adquisitivo del salario mínimo habrá tenido una recuperación de 90 por ciento en términos reales de 2018 a 2023, un verdadero hito tras el deliberado debilitamiento de los ingresos de los trabajadores durante todo el ciclo neoliberal. Aunado al aparente control de la inflación, que sigue siendo mucho más elevada de lo deseable, pero ya hiló cinco quincenas a la baja, este dato habla de un alivio financiero para millones de familias.

El incremento, aunque inferior al 25 por ciento que en principio plantearon los sindicatos, es un triunfo de la sensibilidad social y la atención a las necesidades de las mayorías en momentos en que la inflación, provocada por factores externos –que van desde la destrucción de cadenas de suministro a causa de la pandemia hasta la invasión rusa a Ucrania–, ha devorado buena parte de los esfuerzos de recuperación del poder adquisitivo. Asimismo, demuestra que los hechos y la sensatez han prevalecido sobre las posturas ideológicas que culpan a los aumentos salariales por el fenómeno inflacionario: para ilustrar este punto, basta señalar que en 2019 y 2020 la inflación general en México se ubicó en 2.83 y 3.15 por ciento, respectivamente, pese a que en esos años hubo alzas salariales del orden de 16 y 20 por ciento.

Por último, cabe destacar que el importante incremento a los salarios mínimos se produjo por consenso y con apoyo de la iniciativa privada. En este sentido, sin dejar de lado las demandas de sus representados (condiciones propicias para mayor inversión y productividad para seguir aumentando el empleo formal), el líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie, respaldó el aumento en tanto supone un acto de justicia para los trabajadores.

Estas expresiones dan cuenta del entendimiento positivo entre autoridades y empresarios en temas de obvio beneficio social y desmienten a quienes se afanan en instalar la percepción de que existen tensiones irresolubles o hasta un rompimiento sin retorno entre el gobierno federal y las personas de negocios.