Nancy Mariela Pineda salió de Guatemala con la bolsa llena de ilusiones. “Me voy por un mejor futuro”, le dijo a Guillermina Vega Sagastume, su suegra, el día que inició su viaje hacia los Estados Unidos. Era el 5 de agosto de 2010. Sin embargo, el sueño americano de la joven, de entonces 24 años de edad, terminó en un asesinato masivo por parte del crimen organizado.

“Mary”, como le decían de cariño, es una de las 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres, que fueron torturados y asesinados por integrantes del grupo delictivo Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, entre el 22 y 23 de agosto de 2010.

Este 24 de agosto se cumplen 10 años del hallazgo de la primera masacre de migrantes que se tuvo conocimiento en el país. Las fotografías de los cuerpos apilados de hombres y mujeres maniatados, con los ojos encintados y con disparos en la cabeza le dieron la vuelta al mundo. Las víctimas eran, en su mayoría, originarios de países de Centro y Sudamérica.

Al paso de una década de los hechos que conmocionaron a México, a Latinoamérica y al mundo,la matanza sigue impune.

Fabienne Joelle Marie Cabaret, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que da acompañamiento a siete familias de las víctimas, expuso a SinEmbargo que 15 personas fueron consignadas por el homicidio múltiple, pero hasta la fecha no hay ninguna sentencia.

Además, detalló la defensora, aún faltan por identificar a nueve de las víctimas, además de que entre las 63 identificaciones hay familias que aún dudan haber recibido los restos correctos.

La abogada también destacó que tampoco se ha establecido de rutas de búsqueda que permitan el esclarecimiento del caso. “Las circunstancias del hallazgo, tiempo de muerte de las víctimas y número de sobrevivientes siguen generando dudas y aún hoy no se tiene certeza sobre el número de sobrevivientes”, expuso la también abogada en entrevista con este diario digital.

La responsabilidad del Estado Mexicano en la prevención y comisión de los hechos, a pesar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes, es otro aspecto que tampoco se ha investigado, destaca la organización Fundación Justicia.

Los familiares de las víctimas continúan en la lucha por justicia y, al cumplirse el décimo aniversario de la tragedia, vuelven a elevar el clamor y la exigencia de verdad y reparación del daño.

“Diez años pueden pasar, pero nosotros lo vivimos hoy como si (la masacre de 72 migrantes) fuera ayer. Es un dolor que no nos ha dejado. Lo que más queremos es que el caso se esclarezca, que se llegue a la verdad y a lo justicia”, expresó en entrevista Guillermina Vega.

Efraín Pineda, padre de Nancy, vivió 15 años en Estados Unidos y decidió regresar a Guatemala con su familia, pero solo duró cuatro meses. Las pocas oportunidades de empleo y desarrollo en la región provocaron que el hombre optara por volver al norte, ya que sus ahorros estaban por terminarse.

Nancy Mariela ya había pensado en irse a Estados Unidos. Tenía planeado llegar hasta Los Ángeles, California, con su cuñada, una de las cuatro hijas de Guillermina Vega. Por ello, cuando su padre le notificó que se iría a Estados Unidos sin ella, comenzó a llorar.

Mary le pidió prestado a su suegra para poder pagar su viaje. “Yo estando allá (en EU) se lo pago. Cuando yo esté allá, ustedes van a vivir mejor, yo les voy a echar la mano, le voy a dar un mejor futuro a mis hijos”, dijo, según recordó Guillermina.

“Yo le dije que sí le prestaba el dinero, pero que primero le tenía que pedir permiso a su esposo, mi hijo Juan José, porque yo no quería darle dinero y que él después se molestara con nosotros”, relató la mujer.

Nancy le explicó a su esposo que quería irse a Estados Unidos y tenía la oportunidad de cruzar México junto con su familia. Le dijo que al llegar allá comenzaría a trabajar y a los tres meses mandaría por él. La joven convenció a su pareja y su suegra le dio el dinero para pagar el viaje.

La joven partió con su padre, el señor Efraín Pineda Morales, su hermano Richard, una prima, un tío y un cuñado del señor Efraín. A los días, José, el esposo, se arrepintió de darle su apoyo y la llamó para decirle que regresara, pero la joven se negó. “Voy por un mejor futuro para todos”, le habría dicho Mary a su pareja en una llamada.

El 19 de agosto de 2010, Nancy se comunicó con Guillermina. Le avisó que estaban en México, que sus zapatos ya se habían gastado, pero que ya habían conseguido dinero prestado para comprar otro par y un poco de ropa. En la llamada, Mary encomendó sus hijos a su suegra, narró la mujer y citó un dialogo de esa conversación.

–Si miras algún peligro, te vienes– le recomendó Guillermina.

–Mina, mis hijos son sus hijos. Si algún día me pasa algo, no se los voy a dar a nadie más que a usted –respondió la joven.

Eran las 11 de la mañana. Esa fue la última conversación que tuvieron.

La familia de Nancy se enteró del hallazgo de los cuerpos de los 72 migrantes por medio de las noticias que, desde el 25 de agosto, dieron a conocer la tragedia. Con el temor que sus seres queridos estuvieran entre las personas asesinadas, comenzó a buscar a los seis de la familia que viajaba hacia Estados Unidos.

“Hasta que confirmaron que el padre y el hermano sí estaban entre los fallecidos, pero de Mary no decían nada. La mamá de Mary nos dijo que ya habían aparecido Efraín y Richard, el papá y hermano, pero que a Marianita no la encontraban”, narró

La identificación de los cuerpos de Efraín y Richard se realizó en noviembre de ese año. La confirmación e identificación del cuerpo de Nancy Mariela se realizó hasta marzo de 2011, mismo mes en que también fue repatriada. “Ella vino a los ocho meses después de la tragedia”, añadió. Guillermina se quedó a cargo de los dos hijos de Nancy: un niño que en ese entonces tenía seis años y una niña de tres años.

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 RESPONSABILIDAD DE ESTADO

La matanza de San Fernando se registró en un contexto general de violencia y desapariciones en México, que repuntaron cuando el entonces Presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), declaró la llamada guerra contra el narcotráfico.

Entre 2010 y 2015 tuvieron lugar al menos cuatro matanzas contra migrantes en el norte del país: tres en Tamaulipas y una más en Nuevo León, las cuales reflejaron el punto máximo de violencia contra personas en tránsito que cruzan territorio mexicano.

Para la organización Fundación Justicia es necesario que se investigue la responsabilidad del Estado Mexicano en la prevención y comisión de los hechos, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había alertado sobre los recurrentes secuestro de migrantes.

En dos informes publicados en 2009 y 2011, el organismo de derechos humanos documentó que, de enero a diciembre de 2010, hubo 11 mil 333 víctimas de desaparición.

“Vienen las preguntas: ¿Por qué (las autoridades) permitieron que eso pasara? ¿Cuál es el papel del Estado en términos de responsabilidad sea por acción o por omisión, por impedir la prevención de la situación (la masacre) u otro tipo de participación? ¿Cuál era el contexto político especifico que permitía que esas situaciones pasaran sin generar nada en términos de justicia? Y obviamente, alrededor de estos casos tenemos esa gran pregunta: ¿qué tanto y de qué manera las autoridades también tienen una responsabilidad?”, expuso la abogada Joelle Marie Cabaret.

La abogada consideró que estas grandes masacres son parte de la deuda histórica que dejó no solo el expresidente Felipe Calderón, sino también la administración de Enrique Peña Nieto pues –dijo- en ambos gobiernos se sentaron las bases de la impunidad en el caso.

“Los primeros años del caso abarcaron dos administraciones: un poco la época de Calderón, pero ya para el 2012 estaba Peña Nieto y fue en esos años cuando se dieron esas bases de impunidad. El hecho que fuera mal investigado, mal resguardado, mal atendido desde el principio y, luego, mal investigado, con cortes de responsabilidad muy bajo, con acciones muy por encima, sí abarca por lo menos esas dos administraciones y crearon las bases de la impunidad totalmente”, consideró.

Para Guillermina Vega, el expresidente Felipe Calderón sí tiene una responsabilidad, aunque sea indirecta, por los crímenes que ocurrieron en su periodo de Gobierno porque en sus manos estaba la seguridad del país, pero principalmente la responsabilidad es porque no se hizo una investigación profesional para que el caso se esclareciera.

“Él (Calderón) tiene bastante responsabilidad y lo más triste y lamentable para nosotros los chapines, que somos los dolientes, es que él no ha asumido nunca su responsabilidad. Él se quedó sordo a las peticiones de las familiares de aquí de Guatemala. El gobierno de México no se puso a mano en el corazón en ese entonces para saber el tormento por el que estábamos pasando”, expresó la mujer.

Cabaret, abogada de la organización Fundación Justicia, recordó que la masacre, al presentarse en un contexto de guerra contra el narcotráfico y de extrema violencia, generó que el caso no fuera atendido de la mejor manera.

“Esto en el sentido que todas las primeras diligencias alrededor del análisis del lugar, del levantamiento de los cuerpos y de su resguardo, y el procesamiento de información no fue adecuado. Eso generó que los procesos de identificación y repatriación de cuerpos no fueran acordes a los estándares que podemos esperar de los protocolos para procesar cuerpos”, comentó.

Guillermina añadió que Calderón seguramente pensó para qué investigar, sí para él fue “como si fueran unos perros los que murieron, pero él se equivoca porque nosotros vamos a seguir luchando hasta que se esclarezca la verdad y queremos llegar a la verdad y justicia”.

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones internacionales, en particular del Comité Contra la Desaparición Forzada, no hay cifras exactas oficiales sobre el número de migrantes víctimas de desaparición en suelo mexicano.

DIEZ AÑOS DE IMPUNIDAD Y TORMENTO

“Hemos vivido diez años de tormento, como si fuera ayer lo sucedido, diez años de tortura de aflicción, de años de pasar con la economía mal”, expresa Guillermina Vega.

Hasta ahora, 63 de las víctimas han sido identificadas y repatriadas: 60 en 2010, entre los meses octubre y noviembre. Posteriormente, a partir de la conformación de la Comisión Forense, se concretó la identificación de otras tres víctimas. Al día de hoy, faltan por identificar ocho hombres y una mujer.

No obstante, de acuerdo con Fundación Justicia, los procesos de identificación y repatriación se dieron de manera irregular, sin explicaciones a las familias de las víctimas, ni documentación que sustentará las identificaciones establecidas.

Los deudos Guatemala y Brasil, que tienen duda sobre los restos recibidos, pidieron que fueran exhumados con la finalidad de que la Comisión Forense pueda realizar la revisión de las identificaciones. sin embargo, a 10 años de los hechos esto no ha sido posible.

“Tenemos dudas que los que nos mandaron sean ellos, porque cuando mandaron las cajas venían completamente selladas. Había una persona cuidando las cajas y nos prohibieron abrirlas. Las fotos que enseñaron cuando recogieron los cuerpos no coincidían”, narró Guillermina.

A pesar que la masacre de San Fernando fue un hecho que generó indignación y consternación, es un caso que no cuenta con ninguna sentencia condenatoria y eso manda un mensaje de impunidad muy fuerte, destacó la abogada de Fundación Justicia.

Cabaret insistió que hasta el momento no ha existido una investigación exhaustiva, a pesar que esta tragedia muestra un caso de macro criminalidad trasnacional. La abogada recordó que las 15 personas detenidas fueron consignadas en dos momentos diferentes: unas en 2020 y otras en 2012.

“Esas consignaciones se dieron de manera somera, basadas en declaraciones de sobrevivientes y de las personas que fueron detenidas”, dijo la abogada. Además, adijo, hubo una sistemática negación de acceso a la justicia para las víctimas. “Sólo a través de litigios (de más de 6 años) se logró conseguir copias del expediente, fundamental para entender el tratamiento que se le ha dado al caso”, añadió.

En el marco del décimo aniversario, activistas, familiares y víctimas colocaron en XXX, XXX de la Ciudad de México un anti monumento para recordar a las víctimas.

((XXX Colocar párrafo de actualización sobre la develación de un Anti monumento por las 72 víctimas de la masacre de San Fernando)) y fotografías.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México solicitó información el jueves pasado a diferentes autoridades, para  monitorear el cumplimiento de una recomendación relativa a la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010. La titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, dijo que el organismo se comunicará de manera directa con los familiares de las víctimas de estos hechos para transmitirles la información que las autoridades destinatarias de la recomendación 80/2013 les ofrezcan.

Los datos recabados acerca de, específicamente, la investigación de los hechos, las sanciones a los responsables, la garantía de no repetición y la reparación del daño serán puestos a disposición no sólo de las víctimas, sino también de todo el pueblo. De acuerdo con un comunicado de la CNDH, el organismo considera la atención a las víctimas de delito y sus familias como una prioridad.