Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (STC), aseguró que los organismos extranjeros que participaron en la investigación de la caída y explosión del helicóptero Agusta A109S, en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no encontraron “explosivos, balas ni ningún hallazgo que pudiera pensarse en un atentado” (sic).

Las autoridades de investigación de accidentes, los extranjeros, que después estuvieron participando con todos los estudios de laboratorio, no tienen la menor duda de que no hubo ningún hallazgo que pudiera pensarse en un atentado. No hay absolutamente nada”, afirmó el funcionario durante su comparecencia ante senadores.

Incluso, el funcionario federal refirió que si los dueños del helicóptero involucrado hubieran encontrado algún indicio, lo habrían aprovechado para deslindar a su empresa de cualquier desperfecto. “Hubieran dicho: ¡Ahí está! Mi helicóptero no tuvo qué ver, esto fue un atentado”.

No obstante, Javier Jiménez Espriú solicitó a los congresistas esperar el dictamen final de las investigaciones, el cual será dado a conocer a finales de noviembre de 2019.

Yo no voy a especular, advirtió, prefiero esperar el dictamen final.

Una vez que tengan la recopilación de todos los informes los técnicos de aeronáutica civil y de las entidades oficiales que nos ayudaron de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea e Italia van a escribir el dictamen final de las causas que ellos ven que pueden haber causado el accidente y eso estará en el dictamen final”.

Anticipó que el 25 de octubre se publicarán algunos avances sobre los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 y detalló que el dictamen final de las causas que provocaron la caída del helicóptero “se dará a las autoridades a más tardar en un mes”.

El 24 de diciembre perecieron Martha Érika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, al desplomarse un helicóptero (Foto: REUTERS)

El 24 de diciembre perecieron Martha Érika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, al desplomarse un helicóptero (Foto: REUTERS)

La investigación

Durante la comparecencia, el secretario de Comunicaciones y Transportes hizo un compendio de las diversas actuaciones del gobierno federal, una vez que se confirmó el accidente registrado en el 24 de diciembre de 2018.

  • El 25 de diciembre de 2018 binomios caninos de la Secretaría de Marina ingresaron a la zona donde se registró el percance. “Hay fotos de los binomios en los restos del helicóptero, olfateando si hay alguna posibilidad (de atentado)”.
  • Luego, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla intervino el área para después cederle el paso a la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Puebla, quienes realizaron tareas de búsqueda e inspección entre los restos del helicóptero.
  • Pláticas de coordinación entre el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Fiscalía General de Puebla
  • Pláticas de coordinación entre el personal de la DGAC, la Fiscalía de Puebla, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, la Agencia de Canadá (Transportation Safety Board of Canada TSB), y la división de helicópteros de la empresa Leonardo.
  • Una vez que los equipos de PGR y la Fiscalía de Puebla concluyeron sus investigaciones en el ámbito de sus competencias y atribuciones, la DGAC recibió de parte de la Fiscalía del Estado de Puebla la cadena de custodia.

Resumen

El 24 de diciembre de 2018 se desplomó el helicóptero Agusta A109S Grand, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA), en las inmediaciones de la zona conocida como Cerro de la Chimenea del Chacuaco, en el municipio de Coronango en el estado de Puebla.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recién había asumido el cargo el 1 de diciembre, confirmó que en el percance murieron la gobernadora electa del estado de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Rafael Moreno Valle Rosas.

El Titular de la SCJN, Javier Jiménez, anunció el inicio de las investigaciones a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil; mientras Maximiliano Cortázar, encargado de Comunicación Social del gobierno del estado de Puebla, anunció que se buscaría una investigación realizada por alguna entidad internacional. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, anunció la participación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El 28 de diciembre de 2018, la Marina Armada de México descartó que hubiera restos de explosivos en el terreno. También se anunció el resguardo de la caja negra, donde habría un registro de información relacionada con los motores de la aeronave, la temperatura, los anuncios de advertencia y la posición en vuelo.

El 27 de febrero de 2019, el periódico Milenio publicó un reportaje en el que la Dirección General de Aeronáutica Civil respondió una petición de transparencia negando la publicación de los audios de comunicación entre la torre de control y la aeronave por cinco años.

El 28 de febrero Martha Hidalgo, madre de Martha Erika Alonso, publicó una carta abierta en donde cuestionó severamente al gobierno por reservar los datos. Por instrucciones de AMLO, la SCT hizo públicos el audio y la transcripción de la comunicación entre la aeronave y la torre de control del Aeropuerto Internacional de Huejotzingo. Después de las 14:39 horas, el piloto Roberto Coppe ya no contestó, aún así se realizaron 11 intentos de comunicación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: