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En renta de aeronaves, Silvano Aureoles gastó mil 227 millones de pesos en seis años como gobernador de Michocán. La arrendadora pudo ser de su propiedad

October 8, 2021 - por

En renta de aeronaves, Silvano Aureoles gastó mil 227 millones de pesos en seis años como  gobernador de Michocán. La arrendadora pudo ser de su propiedad

En imagen de archivo, el perredista Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, a quien la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla acusa de cometer diversas anomalías en perjuicio del erario de la entidad.Foto Ignacio Juárez.

Al día eran $600 mil para servicio a familiares, amigos y funcionarios. Contrató una firma a 14 días de haberse constituido, declaró José Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad Pública estatal. Critica AMLO que gobernadores pidan más dinero para seguir robando NL: con la fuerza pública arrebatan a mafia el control de agua y drenaje.

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Morelia, Mich.

Graves irregularidades encontró el gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla –quien tomó posesión hace una semana– en el contrato de renta de aeronaves que realizó la administración del perredista Silvano Aureoles Conejo, como el uso de seis helicópteros (cinco Airbus A 125 y un Augusta Koala) y un avión sigiloso Stemme durante seis años por un monto de mil 227 millones 865 mil pesos, informó el secretario de Seguridad Pública estatal (SSP), José Alfredo Ortega Reyes.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que la empresa B3 Fly Services, que otorgaba el servicio por adjudicación directa, tenía apenas 14 días de haberse constituido cuando se efectuó el acuerdo.

Según las cláusulas del documento, el gobierno sólo podía utilizar las aeronaves 50 horas efectivas al mes y debía pagar horas extras en caso de requerir más tiempo de vuelo, además de asumir los gastos por reparación.

En caso de robo, confiscación, expropiación, daño o destrucción total se tendría que cubrir el costo y continuar con la erogación de la renta estipulada en el acuerdo legal realizado entre las partes.

Las revisiones que hizo el área jurídica y financiera arrojaron gastos onerosos como consecuencia del trato con la mencionada compañía, que fue firmado por el entonces titular de la SSP del estado, Antonio Bernal Bustamante.

Esta empresa se constituyó el 3 de diciembre de 2015, poco antes de la firma del contrato (17 de ese mismo mes), por lo que es dudoso cómo con 14 días de creación pudo cubrir las horas de vuelo necesarias para otorgar este servicio; además, detectamos que el gobierno del estado absorbería los gastos de reparación y pago en caso de pérdida total de los vehículos, subrayó Ortega Reyes.

El secretario estatal de gobierno, Carlos Torres Piña, recalcó que en la gestión de Aureoles Conejo se destinaban en promedio más de 600 mil pesos diarios por este concepto, es decir, unos 218 millones de pesos por año, lo que evidencia, sostuvo, el derroche que había en la pasada administración.

Es insostenible e injustificable el uso que se daba a las aeronaves para el servicio de funcionarios, familiares y amigos, reclamó.

Desde el inicio del sexenio de Aureoles Conejo, medios nacionales y empleados de la misma administración aseguraban que la compañía que rentaba los helicópteros a la administración estatal era propiedad del mismo mandatario, pero contaba con prestanombres.

El C5I costó cinco veces más que su valor real: SSP

Torres Piña añadió que el edificio donde se encuentra el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5I) no cumple los objetivos para los que fue construido; incluso aseguró que se deberían suspender labores por la mala calidad del inmueble.

El C5I de Aguascalientes está bien condicionado y se pagó por éste alrededor de 700 millones de pesos, mientras el de Michoacán, instalado en Morelia, tuvo un costo mayor a los 2 mil millones de pesos, externó.

Ortega Reyes señaló que el C5I requirió una inversión cinco veces mayor que el monto que reportó el anterior gobierno.

Puntualizó que, ante las irregularidades detectadas en el complejo, así como en la operatividad, se suspenderán los acuerdos con las empresas contratadas para su funcionamiento.

Además, será solicitada una auditoría especial, porque de las 5 mil cámaras de video que supuestamente hay en Michoacán, al menos 30 por ciento no funcionan. No hay capacidad de almacenamiento en ellas; además, no existe la certeza de que la información resguardada no ha caído en manos externas, indicó.