Donald Trump -quien el jueves se convirtió en el primer ex mandatario en ser acusado de delitos criminales- está citado para rendirse ante las autoridades judiciales de Nueva York el próximo martes, cuando será fichado (será fotografiado y se tomarán sus huellas digitales), comparecerá ante un juez para la llamada “lectura de los cargos”, y ahí se fijarán las fechas preliminares para el inicio de un proceso que eventualmente culminará en un juicio criminal.

El titular principal de la portada superior del New York Times, el periódico nacional más importante del país, fue: “Trump Acusado”, y al igual con casi todos los medios impresos, electrónicos y digitales principales del país, se registró el inédito hecho de un ex mandatario acusado formalmente de delitos criminales.

Y continuó la batalla política sobre la acusación, con el acusado haciendo llamadas a legisladores y otros aliados políticos para solicitar y consolidar su apoyo y Trump continuó condenando al fiscal, el juez que se encargará del caso y a los demócratas por esta “cacería de brujas” contra el autoproclamado campeón de “America”. El presidente de la cámara baja controlada por republicanos, Kevin McCarthy, se subordinó de inmediato a Trump y difundió un mensaje declarando que esta acusación es “in intento para interferir en nuestra elección presidencial” por parte del fiscal demócrata.

El presidente Joe Biden evitó comentar o responder a preguntas sobre el anuncio de la acusación contra su antecesor en la Casa Blanca, lo mismo que otros líderes demócratas. Algunos insistieron en que esto es un asunto de rendición de cuentas de alguien que siempre ha logrado evadir o asumir responsabilidad por sus acciones.

Por su parte, Alvin Bragg, el fiscal distrital de Manhattan quien encabeza el caso, rechazó y denunció repetidos intentos de legisladores republicanos en Washington de entrometerse en el caso y tratar de intimidarlo.

Los detalles de la acusación aún no son públicos -se espera que el documento oficial será presentado el mismo martes- y tampoco se sabe de las pruebas exactas, pero según versiones extraoficiales filtradas a algunos medios, la acusación incluye unos 34 cargos específicos. Hasta ahora se supone que el caso gira en torno a un pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de la estrella de porno Stormy Daniels poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. Daniels había ofrecido contar a un tabloide de chismes su breve aventura sexual con Trump en 2006, lo cual ahora llama “los peores 90 segundos de mi vida”.

El pago en sí no sería ilegal. Hasta donde se sabe, la forma en que fue contabilizado como gasto de negocios es donde se podría haber cometido una violación a la ley ya que sería registrar operaciones financieras de manera falsa, o sea un tipo de fraude de negocios. Pero ese sería un delito menor. Para llegar a ser un delito grave, también tendría que ser vinculado a gastos ilícitos de campaña electoral. Por ello, algunos expertos han cuestionado qué tan sólido es el caso presentado por el fiscal Bragg.

Pero al filtrarse que la acusación podría incluir más cargos de los que se esperaban, el caso es aparentemente mucho más amplio, incluyendo pruebas y testigos tal vez desconocidos hasta ahora. Sin embargo, el caso ya detonó un intenso debate sobre la viabilidad legal del caso, y muchos consideran que aunque es el más atractivo para los medios y el público -un estrella de pornografía, pagos por silencio etc- se anticipa que varios otros casos pendientes como uno de interferencia electoral en Georgia, y dos investigaciones federales por su papel en el intento de un golpe de Estado y por separado su manejo de documentos oficiales secretos una vez fuera de la presidencia, podrían resultar el cargos criminales graves mucho más sustentados.