Nueva York.

Donald Trump está usando la caravana de inmigrantes hondureños para fines políticos en las elecciones intermedias de noviembre contra los demócratas y enviará a su secretario de Estado Mike Pompeo a México a fines de esta semana para abordar cómo frenar a los centroamericanos que proceden por México hacia Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Trump enfrenta indicadores de que sus políticas antimigrantes están fracasando y ante ello está contemplando retomar medidas más severas que incluyen enjaular a niños migrantes otra vez.

A tres semanas de las elecciones intermedias en donde están en juego el control de ambas cámaras del Congreso, Trump culpó hoy a los demócratas de la crisis, tuiteando: “es difícil creer que con miles de personas del Sur de la Frontera, caminando sin impedimentos hacia nuestro país en la forma de grandes Caravanas, que los demócratas no aprobaran legislación que permitiría leyes para la protección de nuestro país”.

Con ello, señalan críticos, Trump continúa con su tema de la migración como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Aparentemente para nutrir esto, el régimen de Trump anunció hoy que el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a México este mismo viernes para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray, y el propuesto canciller del nuevo gobierno Marcelo Ebrard a fin de abordar entre otras cosas la “inmigración ilícita” donde el tema de la caravana será “prominente”, según informó a periodistas una alta funcionaria del Departamento de Estado.

Pero el tema es de doble filo para Trump, ya que dos años después de llegar a la Casa Blanca prometiendo reducir el flujo de inmigrantes, hay indicadores de que sus políticas antimigrantes están fracasando. Hoy el Washington Post reveló que la Patrulla Fronteriza arrestó a 16 mil 658 familiares en septiembre, la cifra mensual más alta jamás registrada, y un incremento del 80 por ciento comparado con julio según cifras aun no públicas del Departamento de Seguridad Interna obtenidas por el rotativo.

Ante ello, Trump -guiado por su asesor antimigrante Stephen Miller en la Casa Blanca- ahora está contemplando impulsar una nueva versión de su política de “tolerancia cero” que separa a menores de edad de sus familiares, algo que fue frenado por fallos judiciales por el furor público que provocó este verano ante imágenes e historias de niños arrancados de los brazos de sus padres y colocados en jaulas.

Trump, quien el martes amenazó con suspender asistencia estadunidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos permitían que sus ciudadanos u otros procedan a través de sus fronteras rumbo a Estados Unidos [https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/politica/010n1pol], está cada vez más frustrado con los resultados hasta la fecha y por lo tanto está considerando algo llamado “opción binaria” en la que a familias migrantes detenidas se les ofrecería una decisión: mantenerse juntas con sus hijos en centros de detención de inmigración por meses o años mientras proceden sus solicitudes de asilo o, separarse de sus hijos quienes serían trasladados a albergues gubernamentales mientras familiares con residencia legal o guardianes solicitan su custodia.

Sin embargo las instalaciones del gobierno para estos propósitos, tanto los centros de detención para familias como los albergues -donde están más de 13 mil menores de edad-, están saturados.

A la vez, Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) quien presentó la demanda judicial contra el gobierno que logró poner fin a las separaciones y ordenar la reunificación de las familias, comentó hoy a periodistas en una teleconferencia organizada por Immigration Hub que el régimen de Trump aún no ha cumplido con la orden del juez y hay niños que siguen separados de sus padre. “Los niños están traumatizados… padres reportan que los que sí están de regreso con ellos sólo piensan todo el tiempo si alguien viene para llevárselos de nuevo… Y ahora el gobierno está considerando hacer eso otra vez”, advirtió.

Michelle Brane, directora de la Comisión de Mujeres Refugiadas para Derechos y Justicia Migrante, en la misma teleconferencia, afirmó que “el objetivo de la opción binaria es castigar a las familias inmigrantes”. Recordó que recientemente Amnistía Internacional reportó que hubo más de 6 mil familias que sufrieron separaciones entre abril y agosto, pero son muchas más, dijo, ya que esta política se empezó a implementar desde el año pasado y nadie tiene los números precisos. Resumió la nueva propuesta como una decisión para los padres: “entregar a los niños o anularles sus derechos”.