La reforma laboral de 2019 estableció la obligación de los sindicatos de validar, con el voto de sus agremiados, los contratos colectivos de trabajo (CCT) ante la autoridad laboral. Originalmente ésta calculó la existencia de medio millón de esos pactos y apenas hace 100 días redujo drásticamente la cifra a 139 mil con registro vigente. Y ahora, al vencerse el plazo legal este 1º de mayo, se calcula que sólo quedarán vigentes alrededor de 20 mil y el resto desaparecerá para el cierre del proceso.

De ese modo, con la desaparición de 96 de cada 100 de los CCT que se contemplaban al comienzo del proceso, apuntan especialistas, se dejará en la “incertidumbre” a millones de trabajadores y se creará el riesgo de una confrontación entre las organizaciones gremiales en su afán de apropiarse de la representatividad de los obreros.

En enero pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sorpresivamente, depuró los expedientes que recibieron de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Definió la existencia de 139 mil CCT vigentes debido a que se argumentó que se excluyeron los que estaban duplicados, inactivos, los contratos por obra o por tiempo determinado que ya habían fenecido.

Aunque las autoridades laborales aseguran que los derechos adquiridos y las prestaciones se mantendrán vigentes en contratos individuales para los trabajadores cuyos CCT no fueron legitimados, la realidad apunta en una dirección distinta, porque sin representación sindical los obreros se quedan “en completa vulnerabilidad, a expensas de la voluntad arbitraria de las empresas de precarizar” sus condiciones laborales y de “instaurar un modelo” donde la patronal pueda impedir la formación de sindicatos, coinciden abogados laborales, sindicalistas y académicos consultados.

Uno de los objetivos de los procesos de legitimación es depurar los “contratos de protección”. Para ello, los trabajadores debían votar de manera libre, directa y secreta para ratificar si están de acuerdo o no con el contenido de su CCT. En las empresas donde el sindicato no los sometió a consulta y quedarán invalidados, si bien no desaparece la organización gremial, sí se abre la posibilidad de que cualquier otra pueda pelear la representación, siempre y cuando acredite que cuenta con 30 por ciento del apoyo de los obreros.

Pese a quedar cancelados un gran número de los CCT ya inactivos, que fueron “negociados a espaldas de los trabajadores” y quienes desconocían incluso que existían en su empresa, ahora el mayor problema será que “miles de empresas” eludirán la contratación colectiva, y esto perfila una disminución aún mayor en los niveles de sindicalización, advierten Cirila Quintero Ramírez, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, y Willebaldo Gómez Zuppa, del Centro de Apoyo a la Libertad Sindical (Calis).

Además, aun con la depuración de los documentos firmados con “sindicatos blancos o patronales”, una vez más se corre el riesgo de que la clase trabajadora quede en manos de las viejas centrales obreras que ostentaban esos contratos, indica la asesora laboral y diputada federal Susana Prieto Terrazas.

En tanto, Marizol Herrera Cisneros, sindicalista desde hace más de 30 años, opina que la depuración de los CCT “fue desaseada” y privó la “desinformación” sobre la reforma laboral, a tal grado que cuatro años después aún prevalece la “confusión” entre los trabajadores, quienes son “amedrentados” con que perderán sus derechos si votan contra un CCT.

A punto de vencer el plazo

Así, con un plazo de cuatro años, el avance en la legitimación de los CCT resultó “ínfimo” con relación al universo de los que existen el país. Los datos oficiales reflejan lo anterior, ya que de los 500 mil contratos colectivos considerados al comienzo de la reforma, sólo entre 18 mil y 20 mil (4 por ciento) quedarán ratificados al concluir la etapa de desahogo el 31 de julio próximo, última fase del proceso, según estimaron las autoridades laborales. Para esa fecha se tienen agendados ya al menos 2 mil consultas y la cifra podría incrementarse.

La reforma laboral de 2019 estableció el 1º de mayo de 2023 como el plazo legal de vencimiento para que los sindicatos cumplieran con la legitimación. Sin embargo, en febrero pasado el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), instancia que surgió a raíz de la reforma de 2019 y responsable ahora de resolver los conflictos obrero-patronales, informó que en esa fecha concluye el registro de consultas y se tendrá hasta el 31 de julio para desahogarlas.

Esta decisión generó polémica en torno a si en realidad se trató de una prórroga simulada. Abogados laboralistas y asesores de sindicatos opinaron que, “en la práctica, significó una extensión del plazo”.

Es un “subterfugio para ampliar el plazo sin reconocerlo. Nunca dijeron (las autoridades laborales) que habría votaciones después del 1º de mayo”, anota Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

De acuerdo con el CFCRL, hasta el 17 de abril, 15 mil 742 contratos colectivos habían sido ratificados y 250 rechazados a través de 33 mil 305 actos de consulta, en los que participaron más de 3 millones de trabajadores formales y se espera que al cierre se alcancen 4.9 millones, lo que reflejará el nivel de empleados con contratación colectiva.

Hasta el momento, la autoridad laboral tiene registro de 4 mil 612 sindicatos activos que amparan los documentos ya avalados por los trabajadores.

Además, en 170 consultas se determinó la reposición del proceso, debido a que se incumplió el principio de mayoría simple (50 por ciento más uno de los sindicalizados) y casos con “irregularidades graves” como el de General Motors Silao y Goodyear San Luis Potosí, donde las autoridades laborales detectaron la “destrucción de boletas” y “sustracción de una urna”.

La legitimación de los CCT forma parte de los compromisos asumidos por México en el contexto del T-MEC y es uno de los más importantes para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva.

Estos procedimientos han sido cuestionados por instancias como el Consejo Independiente de Expertos Laborales de México en Estados Unidos, el cual considera que no ha habido personal suficiente para supervisar las consultas.

Ello “podría permitir que los contratos de protección sobrevivan en el futuro y se socave los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y negociación colectiva mucho después de que concluya el periodo de transición”, apunta en un reciente informe.

También cuestiona que sólo uno por ciento de los CCT sometidos a consulta hayan sido rechazados por los trabajadores. “Dada la estimación de la STPS de que sólo entre 15 y 20 por ciento de los contratos podrían pasar la legitimación, el que los sindicatos titulares que hicieron votaciones informaran del apoyo mayoritario en 99 por ciento de las consultas plantea serias dudas sobre la credibilidad del proceso”, señaló.

En septiembre de 2021, dentro de la consulta en General Motors Silao, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional Electoral plantearon que es necesario un reglamento que dé mayor certeza a las consultas debido a que el protocolo de legitimación tiene “vacíos que generan cierta incertidumbre”.

El órgano electoral criticó que el sindicato titular del CCT “tenga la rectoría de todo el proceso” de legitimación, al ser parte interesada en los resultados.

Contratos individuales

Tras la cancelación de contratos colectivos se abren varios escenarios. Uno es que los propios sindicatos de las viejas centrales que eran titulares de los mismos vuelvan a intentar recuperarlos en las empresas, por lo que existe “el riesgo de que se repita la representación ficticia” en esos centros de trabajo, plantea De la Cueva.

También, señala, es posible que el personal de la empresa forme un sindicato independiente y disputen la titularidad de los CCT que queden desiertos en las empresas o busquen negociar nuevos acuerdos. Pero el “peor escenario” sería que las empresas consigan quedarse sin sindicato y las relaciones laborales queden en contratos individuales.

Incluso, agrega, existen despachos patronales que ya asesoran a las empresas para poner en marcha estrategias para evadir la sindicalización y mantener contratos individuales de trabajo y así evitar revisiones contractuales y salariales.

Una reciente investigación del Cilas refleja deficiencias en los procesos en que se validaron los CCT. Gómez Zuppa, académico de la UNAM, señala que de una muestra de 2 mil 68 consultas, en casi la mitad de ellas se incumplió el principio de mayoría simple.

En 98 actas revisadas se detectó que se avalaron los CCT con menos de 50 por ciento de los trabajadores. Y otro dato que llama la atención, añade, es la existencia de 62 procesos de legitimación (3 por ciento de la muestra) que están validados, pero que no hacen públicas las actas para saber cuántas personas participaron y cuál fue el sentido de la votación.

Un caso que ilustra las irregularidades, explica el investigador, ocurrió con el Suterm, que administra y legitimó al menos 15 CCT de diferentes empresas con menos de 15 trabajadores con derecho a voto.

Además, se documentaron varios casos que son avalados por cien por ciento de los trabajadores pese a que “les niegan los derechos más elementales, donde les imponen percepciones por debajo de los niveles de pobreza laboral”, como la fábrica Michelin en Querétaro o la planta de BMW en San Luis Potosí, secunda el sindicalista Francisco Retama según un análisis que elaboró.

“Sindicalismo bronco”

En 2019, después de su aprobación en el Congreso, la reforma laboral enfrentó 400 amparos tramitados por la CTM, bajo el argumento de que se intervenía en la vida interna de las organizaciones, recordó el abogado Óscar Alzaga.

Incluso, expuso, ha cuestionado la colaboración de los gremios independientes con sindicatos internacionales.

Al respecto, el dirigente cetemista Tereso Medina considera que se trata de una “injerencia” en la vida laboral y sindical en las empresas en México.

“La CTM no perdió tantos contratos, fueron dos o cuando mucho tres, y seguiremos conservando los más importantes de la industria en México”, se ufana el también diputado federal priísta, quien manifiesta que cuando sufre una derrota esta central “se magnifica”.

Después del 1º de mayo, agrega, si bien la disputa por los CCT no será entre las organizaciones integrantes del Congreso del Trabajo (CT), sí ocurrirá entre los sindicatos adheridos a las centrales.

Frente a la “orfandad de contratos colectivos” que quedarán inoperantes, se puede abrir el paso al “sindicalismo bronco, como ocurrió en otras épocas”, dice el cetemista.

Al respecto, el presidente del CT, Reyes Soberanis, expresó que después del periodo de desahogo de los procesos, las viejas centrales se enfocarán en recuperar los contratos colectivos que no alcanzaron a legitimar, a través de la solicitud de constancias de representatividad.

“Es inminente, después del 31 de julio pasamos a una etapa de recuperación de contratos colectivos”, anticipa.

Tanto sindicatos independientes como las centrales obreras advierten que se viene una “lucha feroz” por la disputa de los CCT y la representación en las empresas y esto puede ocasionar una “inestabilidad laboral” en el país.

En tanto, Gómez Zuppa vislumbra que la tendencia es que “el corporativismo” nuevamente ocupe un papel relevante a partir de rupturas al interior de sindicatos de la CTM.

“Habrá actores que salgan de ahí, grupos de abogados, viejos dirigentes sindicales que vienen de esa ruptura, y aunque se resquebraje el poder hegemónico de las organizaciones del Congreso del Trabajo todavía mantendrán fuerte dominio” del escenario sindical mexicano, consideró.