Transcurrido poco más de un año de un fallo de la Corte Suprema que “condenaba a muerte a los sindicatos de empleados públicos”, la organización de los maestros de Los Angeles reporta que no sólo ha mantenido su membrecía, sino que se ha fortalecido.

“Estamos en pie de lucha”, afirma Juan Ramírez, vicepresidente de ese gremio, el de mayor relevancia de California, con más de 30 mil agremiados. Es el principal organismo defensor de la educación pública en el estado.

Y no sólo eso: van por mayores conquistas y por un sensible incremento en la inversión del gobierno en cada estudiante para que en el próximo año llegue a los 20 mil dólares.

Para ello, emprenderán una campaña entre padres de familia para informarlos y para que tengan mayor participación electoral ya que habrá comicios de impacto relevante en el ramo educativo.

El 27 de junio del año pasado,  la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso Janus v. AFSCME e  impidió que los sindicatos de empleados públicos siguieran cobrando cuotas a sus agremiados.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo intentó condenar a muerte a los sindicatos, dijo el el presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, J. David  Cox.

La Fundación antisindical National Right to Work, que financió el litigio, predijo que la decisión liberaría a más de 5 millones de empleados públicos de apoyar a sus sindicatos.

Líderes sindicales llegaron a señalar que podrían llegar a perder hasta el 50% de sus miembros.

La Corte Suprema dictaminó que los maestros, policías y otros empleados públicos no pueden ser forzados a pagar cuotas u honorarios para apoyar a sus sindicatos.

Con una votación de 5-4, los jueces revocaron un precedente de 41 años de antigüedad y dictaminaron que la 1ª Enmienda protege a estos empleados de la obligación de apoyar a un grupo privado cuyas opiniones pueden diferir de las suyas.

La decisión, en Janus contra AFSCME, anuló las leyes en California, Nueva York y otros 20 estados mayoritariamente de tendencia demócrata, que autorizan a los sindicatos a negociar contratos que requieren que todos los empleados paguen una cuota de participación para cubrir el costo de la negociación colectiva.

ORIGEN DEL CASO

El caso surgió cuando Mark Janus, un trabajador estatal de Illinois  no quiso unirse a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME), una afiliada de la ISP, argumentando que los pagos que está obligado a pagar al sindicato violan la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión. De acuerdo con este argumento, las tarifas requeridas de los trabajadores en un proceso de negociación colectiva equivalen a una forma de “discurso” político obligado ante el gobierno.

Detrás del caso Janus vs AFSCME estuvieron organizaciones derechistas y republicanas como la National Right to Work Legal Defense Foundation (NRTWLDF) y el Liberty Justice Center (LJC). Informes sindicales señalaron que ambas organizaciones fueron financiadas por las fundaciones: Donors Trust, Lynde and Harry Bradley Foundation, Ed Uihlein Family Foundation y Dunn’s Foundation for the Advancement of Right Thinking.

Además, NRTWLDF también recibió fondos de la Walton Family Foundation, y LJC fue financiado por el Instituto Charles Koch.

Estas fundaciones comparten, de acuerdo a esos reportes, “intereses conservadores que buscan socavar a los sindicatos del sector privado presionando a los estados para que aprueben leyes que prohíban cualquier determinación de que los trabajadores paguen cuotas de agencia”.

Estas leyes se aplican en 28 estados de EE.UU., y se basan en el concepto denominado “right-to-work”.

LA DECISION DEL MAXIMO TRIBUNAL NO HIZO GRANDES ESTRAGOS

El vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Angeles dijo que ese fallo judicial “no hizo grandes estragos, como se pensaba”.

Refrendó que esa organización mantiene su membrecía y otras tienen “los números (de miembros) de casi iguales”.

Transcurrido un año de esa determinación del Tribunal Supremo, líderes congresionales demócratas  presentaron una iniciativa de ley que otorgaría por primera vez a los 21 millones de empleados del sector público derechos de negociación colectiva bajo la ley federal.

Al respecto, Ramírez, expuso:

“ Eso es algo significativo. En California lo tenenos, pero somos de los pocos estados que podemos negociar colectivamente. Esta propuesta le da poder a los sindicatos”.

Dijo que hace un año las corporaciones querían terminar con los sindicatos, “que  son la mejor opción para los trabajadores, para defensa de sus derechos”.

Este es el video de la entrevista al vicepresidente Ramírez: