En entrevista para Aristegui En Vivo, el informante que actualmente colabora en las investigaciones -a quien llamaremos Alberto-, explicó que a los directores o rectores de las instituciones se les pedía que las contrataciones se hicieran con compañías que ellos ya en su momento tenían porque según eran los expertos.

De acuerdo con el testigo, Claudia Gabriela Morones Sánchez y David Guerrero Sesma eran los que normalmente aparecían en las instituciones y daban las indicaciones de lo que se iba a hacer.

“Ellos te entregaban la documentación, toda la papelería requerida en su momento de cada investigación. Te decían ‘aquí están los entregables’. Ellos te decían cuándo se tenía que facturar con el avance que tuvieran los trabajos que se realizaban”, abundó.

Explicó que si bien al inicio las instituciones contratantes recibían los entregables de la empresa y no había ningún problema, a largo plazo fue visible que los costos de los proyectos no correspondían a la cantidad pagada.

Alberto manifestó temor por parte de quienes encabezaban las instituciones involucradas, ya que se están buscando chivos expiatorios, que paguen por una estafa en la que se vieron beneficiadas “empresas que ni siquiera el impuesto pagaron o que no existen”.

Dio a conocer que los contratos fueron hechos por universidades de diferentes estados, como Quintana Roo, Tabasco, Aguascalientes y Baja California.

Expuso que a cambio de firmar los contratos, a los rectores o directores se les prometía recursos adicionales para apoyar a las universidades.

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En su opinión, la autoridad también debe de investigar los contratos que hicieron las universidades con Pemex, ya que se estima representan varios miles de millones.

Alberto señaló que el objetivo de colaborar con las autoridades es que el delito no quede impune, que no agarren a chivos expiatorios y que paguen quienes en su momento hizo la planeación de estas estafas en Sedesol, Sedatu y Pemex.

A continuación la entrevista completa: