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El Gobierno de ha sido señalado por la opinión pública, víctimas y organizaciones civiles, por militarizar la seguridad en el país, por su estrategia y combate frontal al narcotráfico; por permitir graves violaciones a los derechos humanos, por “privatizar” las cárceles y, recientemente, de espionaje.

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Las decisiones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) podrían ser sometidas a un proceso de esclarecimiento al ser consideradas en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, mediante una pregunta que si bien no incluye su nombre, sí busca revisar las decisiones políticas tomadas en los años pasados para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

El Gobierno de Calderón Hinojosa ya ha enfrentado señalamientos ante instancias en el exterior del país. Hace casi una década, por ejemplo, se pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya investigar a su administración por crímenes de guerra y lesa humanidad. A la par que en Estados Unidos, el principal artífice de su estrategia de seguridad, Genaro García Luna, es procesado por narcotráfico.

De hecho, si la Consulta Popular resulta vinculante podría dar pauta a la creación de comisiones de la verdad que revisen la responsabilidad de Calderón Hinojosa ante la violencia e inseguridad que dejó la declaratoria de guerra que hizo en diciembre de 2006 contra el crimen organizado y cuyas consecuencias son palpables a la fecha, según ha denunciado el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas”, señala el documento que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República donde solicita la consulta pública popular para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México.

El clima de inseguridad, que se disparó en el calderonismo, ha conllevado otros episodios y aspectos que han sido cuestionados: la militarización de la seguridad, las centenas de miles de víctimas que dejó la estrategia y combate frontal a organizaciones del crimen organizado, así como crímenes de lesa humanidad, que han sido denunciados por las víctimas y la sociedad civil.

“Yo creo que el principal problema que tuvimos con Felipe Calderón fue el inicio de la militarización, la guerra contra el crimen organizado, y el ser absolutamente omiso de las violaciones graves a derechos humanos”, señaló en entrevista con SinEmbargo el experto en materia de derechos humanos, Daniel Vázquez Valencia.

Pero no todo lo sucedido en su Gobierno se limita a la inseguridad, también hay acusaciones por presuntos actos de corrupción en torno a la Estela de Luz, así como la “privatización” de las cárceles y —recientemente expuesto— el espionaje iniciado en su gestión en contra de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, han pedido no crear “falsas expectativas” de la Consulta Popular, puesto que la pregunta está relacionada con “esclarecer las decisiones políticas del pasado” y no directamente para enjuiciar a los expresidentes del país.

Sin embargo, Nieto Castillo expuso que el ejercicio democrático sí podría dar paso a la creación de comisiones de la verdad que esclarezcan los alcances de las responsabilidades imputables a los exmandatarios que antecedieron a López Obrador.

Daniel Vázquez Valencia, quien es doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó que para que haya responsabilidad penal contra Felipe Calderón se necesitaría que existiera mucha claridad en la presunta comisión de delitos en lo que hubiera incurrido de forma directa.

“No es que yo diga que Calderón no haya cometido ningún delito, a lo que me refiero es que no termina de quedar claro —y no sé puede comprobar— que existan un conjunto de delitos que sean imputables de forma individual al presidente”, detalló.

El catedrático consideró que incluso una Comisión de la Verdad sería más útil que hacer solamente un proceso de investigación penal al exmandatario, porque una Comisión podría lograr que se identifiquen los patrones de las graves violaciones a derechos humanos —como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura— e incluso podría ayudar a clarificar el papel que jugó el expresidente —ya sea por acción o por omisión— y la estructura política en general.

“Los expresidentes se podrían salvar del juicio penal porque los elementos técnicos de la conformación de la responsabilidad penal son muy complicados, pero no te puede salvar del juicio político de una Comisión de la Verdad […] Es mejor una Comisión que analice todos los patrones de criminalidad”, dijo.

No obstante, el experto alertó que incluso una Comisión de la Verdad podría ser insuficiente si no viene acompañada de otros instrumentos, como un mecanismo internacional contra la impunidad (semejante al de Guatemala) y de procesos de desmantelamiento de las redes de criminalidad.

“Tenemos que pensar en todos los elementos integrales porque una sola Comisión Nacional de la Verdad, pues a lo mejor nos va a dar más información y va dotar de verdad a las víctimas, pero no va a cambiar el resto. Si la Comisión de la Verdad no viene con un desmantelamiento de redes de criminalidad, desmovilización, desarme, reinserción social y un mecanismo internacional contra la impunidad, pues vamos a seguir con miles de asesinatos al año y desaparecidos”, advirtió.

La gestión de Felipe Calderón estuvo marcada por la crítica desde el inicio, pues el panista llegó a la Presidencia de México literalmente por la puerta trasera, ya que el 1 de diciembre de 2006 rindió protesta tan sólo por cinco minutos. La sesión se realizó en la Cámara de Diputados, a la cual entró por la puerta de atrás, y se desarrolló en medio de gritos de rechazo de los legisladores del PRD que tomaron la tribuna para intentar impedir la ceremonia, mientras los legisladores de derecha apoyaban al futuro mandatario.

GUERRA CONTRA EL NARCO

A 10 días del arranque de su sexenio, el 11 de diciembre de 2006, Calderón Hinojosa emprendió desde su tierra natal la lucha frontal contra el crimen organizado al arrancar la “Operación Conjunta Michoacán”, un megaoperativo en el que los militares tomaron las calles y las carreteras de la entidad. Así dio inicio a su estrategia de “militarización”, que duró toda su gestión y se extendió hasta el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

“Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, y como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad”, destacó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) en su informe “Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México”.

De acuerdo con un informe de la ONU, realizado en junio de 2014 y presentado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, durante la administración de Felipe Calderón se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico, no obstante, en ese entonces Heyns aclaró que debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado.

VIOLACIONES A DDHH

Para organizaciones de la sociedad civil, las violaciones a los derechos humanos se dispararon con el incremento de militares en labores de seguridad cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico.

El estudio Violaciones de Derechos Humanos en la Guerra contra el narcotráfico destaca que la magnitud de la intervención del Ejército en operaciones que corresponden a la policía fue tal que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares; además de 6 mil 254 personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014.

En el informe “Sombra sobre el Sexto Examen de México ante el Comité de Derechos Humanos”, también de la CMDPDH, resaltó que la milicia es la autoridad más señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió del 2006 al 2014, al menos 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y seis a la Secretaría de Marina. Así pues, tres de cada cuatro recomendaciones del organismo relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas.

ESPIONAJE

Comprar equipo para espionaje es otro de los señalamientos en contra de Felipe Calderón que recientemente se ha dado a conocer con más detalles. El expresidente hace poco criticó el espionaje mediante el programa Pegasus al señalar que es una violación a los derechos de libertad y privacidad, sin embargo su Gobierno fue el primero en el mundo en contratar este software espía, el cual fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2011, de acuerdo con la revista Proceso.

El trabajo del periodista Mathieu Tourliere arroja que durante su mandato tuvo como brazo derecho a su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien no sólo armó un complejo sistema de espionaje, sino que también fue un actor de la industria de las tecnologías de vigilancia de origen israelí, junto con su socio Mauricio Samuel Weinberg.

“Poco tiempo después de ingresar los números de los más cercanos a Calderón, la agencia de Gobierno seleccionó en reiteradas ocasiones el número de celular de Anaya, quien en 2017 lo denunció públicamente, en un reportaje de The New York Times publicado una semana y media después del informe ‘Gobierno Espía’, que revelaba cómo el Gobierno de Peña Nieto había usado Pegasus para atacar los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos”, agregó el periodista.

LAS MASACRES

Entre los capítulos negros en la historia reciente de México se encuentra la conocida masacre de Allende, donde el cártel de Los Zetas asesinó a personas en este municipio de Coahuila, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, por un supuesto ajuste de cuentas y con la ayuda de la policía municipal. A las víctimas las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.

El expediente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas —20 de ellas de una misma familia— y no 300 como afirman activistas como Raúl Vera López, Obispo de Saltillo. se presume que “pudieron ser más”, reveló el informe En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011), elaborado por El Colegio de México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce a 49 víctimas, la Fiscalía estatal a 29, pero ante la falta de denuncias o reclamaciones de cuerpos, a nueve años de lo ocurrido se desconoce a ciencia cierta cuántas personas fueron desaparecidas.

El 19 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con el testimonio de testigos, pudieron estar presentes durante la masacre y ordenó investigar esa línea.

De hecho, el 54.3 por ciento de las 10 mil 534 quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas ante esta instancia entre los años 2006 y 2018 fueron atribuibles a las Fuerzas Armadas. Además, datos de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que el 70 por ciento de los expedientes en trámite son acusaciones en contra de elementos castrenses.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

El próximo 20 de noviembre se cumplirán 10 años de que se enviaron comunicaciones a la Corte Penal Internacional para pedir que este organismo juzgue al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad frente a miles de muertes, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos derivados por la guerra contra el narco.

La Corte Penal Internacional es un tribunal con sede en La Haya, Holanda, con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad, como genocidio y crímenes de guerra.

La petición, que fue respaldada por más de 20 mil firmas, incluye también a los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, así como el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS

“No, no, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, para nadie lo es. […] Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no lo es”, fueron las duras palabras que María de la Luz Dávila —madre de dos jóvenes masacrados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez el 31 de enero de 2010— espetó en la cara a Felipe Calderón en un evento realizado en esta ciudad fronteriza, el 11 de febrero de 2010, luego que el exmandatario había adjudicado el crimen a una disputa entre pandillas.

La criminalización que sufrieron víctimas en el sexenio de Calderón, a quienes el exmandatario solía llamar “daños colaterales”, fue parte de una práctica recurrente del entonces Gobierno mexicano, en el que a menudo las víctimas fueron implicadas de manera premeditada con grupos delictivos.

PRIVATIZACIÓN DE PENALES

En México, hay al menos 10 prisiones con inversión privada. El proceso de “privatización”, realizado en el año 2010, recayó en el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por conspirar para delinquir y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.

En ese año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar —en un periodo de 20 años— a seis empresas (Arendal, GIA, Homex, ICA, Prodemex y Tradeco) a las que se sumaría Grupo Ideal de Carlos Slim Helú en 2013, tras la quiebra de Homex.

Se trató de proyectos de prestación de servicios que se firmaron por una duración de al menos dos décadas en donde el sector privado o la empresa se encargó del diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura y requerimientos físicos, materiales y tecnológicos de estos centros penitenciarios que tienen una capacidad para al menos 2 mil 500 internos.

La Auditoría Superior de la Federación señaló en su momento que el monto aprobado por la SHCP implicó un sobrecosto injustificado de 41 mil 26 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, el daño estaba hecho y los contratos fueron firmados y escondidos bajo llave con el argumento de ser objeto de seguridad pública, de modo que a partir de 2013 y hasta 2032, las empresas mencionadas tendrían derecho a cobrar, cada una, entre uno y 1.2 mil millones de pesos por año.

Los centros penitenciarios privados fueron creados como una panacea con la idea de mejorar el sistema penitenciario en México, pero no ha sido así.

Opacidad en los contratos de operación y el incumplimiento de modelos de reinserción eficaz, así como de garantizar la integridad física y moral de los internos, son parte de las quejas y denuncias que se organizaciones civiles y familiares de internos han hecho públicas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado este esquema de privatización de cárceles.

ESTELA DE LUZ

La construcción de la Estela de Luz fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la ASF halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, “como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra”.

La obra costó más de mil millones de pesos. En su momento fue llamada también “Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón”.

El pasado 12 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria que tienen dos responsables de la construcción del monumento Estela de Luz.

Las sanciones ratificadas por el tribunal son por la simulación de compra de acero para la construcción y señalan como responsables de irregularidades en la construcción a Andrés León Reguera, residente de obra, y a Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quienes trabajaban para la paraestatal III Servicios, encargada de contratar a empresas privadas que realizaron la construcción.