Primera de dos partes.

Las escuelas chárter se encuentran en el centro del debate. A raíz de que el distrito escolar angelino aprobó una resolución para una moratoria de ellas, se han acentuado las preguntas y dudas sobre esta propuesta educativa.

¿Realmente son la mejor opción educativa? ¿Son ya peligrosa carga económica para los distritos escolares, que afecta seriamente a las escuelas públicas? ¿Por qué multimillonarios las apoyan? ¿Por qué rechazan a alumnos más necesitados?¿Por qué con cierta frecuencia operadores de esos planteles son acusados de delitos penales, sobre todo de malversación de fondos? ¿Por qué varios de sus titulares ganan más que el superintendente del distrito escolar? ¿Por qué destinan multimillonarias partidas para apoyar a candidatos de cargos de elección popular que favorecen intereses de los planteles autónomos? ¿Realmente, son perniciosas para las comunidades? ¿Ciertamente, segregan y dividen a las mismas comunidades? ¿Hay que regularlas con mayor rigor para hacerlas transparentes  responsables y que rindan cuentas habida cuenta que manejan fondos públicos? ¿No es mejor modificar la ley para que las chárter sean financiadas con dinero privado?

Estas preguntas y otras estarán en el tapete de la discusión ahora que las autoridades estatales van a hacer un profundo examen de esos centros escolares, surgidos en 1992 con el propósito de convertirse en “opción” educativa.   Operan con dinero público pero son manejadas por particulares.

En la actualidad, California es la entidad que tiene el mayor número de chárter de Estados Unidos: 1,323 con más de 660,000 estudiantes.

Y en Los Angeles es donde más se concentran: 277 con 138 mil estudiantes desde kinder al doceavo grado, según la Asociación de Escuelas Chárter de California.

El Sindicato de Maestros de Los Angeles (UTLA, siglas en inglés) ordenó un estudio que indicó que esos planteles – también llamados autónomos- representan una carga anual de 590 millones de dólares al distrito escolar angelino.

Esos recursos dejan de aportarse a las casi mil escuelas públicas que atienen a unos 600 mil estudiantes, de los cuales el 74% son latinos, de acuerdo al distrito escolar.

Desde hace varios años, UTLA ha señalado a las chárter como parte fundamental de la escasez de recursos de la educación pública.

Y por eso, exigió como una de las condiciones para levantar la huelga, que se decretara una moratoria para estudiar a fondo la realidad de las chárter.

Los negociadores del distrito escolar aceptaron la demanda y de esta manera terminó el paro de seis días.

El pasado martes, la Junta Educativa votó – a razón de 5 votos a favor y uno en contra- por llevar a cabo esa moratoria. Lo sorprendente fue que la iniciativa contó con el apoyo de la presidenta de ese cuerpo directivo, Mónica García, y del superintendente, Austin Beutner, ambos abiertamente impulsores de las chárter, de la privatización educativa.

¿Cuál fue la motivación de García para este cambio? Posiblemente, para ganar votos para su siguiente proyecto político electoral.

García y Beutner son la punta de lanza del movimiento reformista de Los Angeles, que se ha llegado a proponer la conversión a chárter de casi la mitad de planteles angelinos. El más visible operador financiero de ese proyecto es el magnate Eli Broad, quien quiso comprar el diario Los Angeles Times cuando su editor era, precisamente, el actual superintendente del distrito escolar.

Broad manifestó que contaba ya con un capital superior a los 500 millones de dólares para consumar ese proyecto.

Sin embargo, Broad acordó con el diario angelino el destino de 800 mil dólares para el pago de dos reporteros asignados al sector educativo durante dos años, lo que motivó críticas a ese rotativo porque estaba rompiendo con las reglas de la objetividad y la imparcialidad.

La Secretaria de Educación de la administración Trump, Betsy DeVos, es gran partidaria de las escuelas autónomas, al igual que muchas de las personas más ricas de los Estados Unidos

La resolución aprobada por la Junta Educativa el pasado martes, pide al gobernador, a la Junta Estatal de Educación y al Departamento de Educación de California “un estudio exhaustivo para informar las futuras consideraciones de políticas para la reforma de las (escuelas) chárter”.

Igualmente, urge a los legisladores estatales a suspender la autorización de nuevas escuelas de este tipo en LAUSD hasta que no se apruebe el estudio solicitado.

Asimismo, un número creciente de defensores y grupos de la educación, incluida la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) han pedido una moratoria en las chárter  hasta que se resuelvan los problemas relacionados con la transparencia y sus operaciones.

El nuevo Superintendente de Instrucción Pública de California,  Tony Thurmond, ha reiterado que quiere gastar más dinero en las escuelas públicas y detener la expansión de las chárter hasta que se aborden las inquietudes que hay en torno a ellas.

Thurmond definió los propósitos que normarán su acción:

1.- Evitar que la agenda contra la educación de Donald Trump y Betsy DeVos se acerque a las escuelas públicas de California.

2.- Apoyo a los maestros y no demonizarlos.

3.- Dar a cada niño la oportunidad de tener éxito en el siglo 21, no sólo a los que muestran el mayor potencial.

4.- Financiar las escuelas públicas en los niveles que merecen, no verter dinero en cárceles y prisiones.

5.- Oponerse a que haya desvío de dinero de escuelas públicas a chárter.

“Tengo la intención de ser un campeón de las escuelas públicas”, dijo Thurmond .

Thurmond derrotó a un candidato apoyado por el lobby chárter, Marshall Tuck. El gobernador Gavin Newsom ha enfatizado su deseo de gastar más en escuelas dentro de los sistemas públicos tradicionales.

La Asociación de Chárter de California destinó más de 30 millones de dólares a Tuck y a Antonio Villaraigosa, su candidato a gobernador.

El entonces candidato Newsom vinculó a los patrocinadores chárter de Villaraigosa con la administración del presidente Trump, en particular con la secretaria de Educación, Betsy DeVos.

Los mayores contribuyentes fueron Reed Hastings, el fundador de Netflix, el filántropo Eli Broad, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, el ex alcalde de Los Angeles, Richard Riordan, los propietarios del consorcio WalMart, entre otros.

La Educación habló con Juan Ramírez, vicepresidente de UTLA, a fin de que expresara el pensamiento y acción de esa organización tras la aprobación de la resolución.

De entrada, aseguró que las chárter no son necesarias en el contexto actual ni en el esquema del mejoramiento a la educación.

Indicó que si se trata de opciones, la mejor es la educación pública, que atiende a más de seis millones de alumnos en California y 600 mil en Los Angeles.

“Estamos saturados de chárter”, aseguró.

Habló, además, del daño causado por las chárter a la educación pública y en ese contexto se preguntó:

“ ¿Por qué la población de educación especial, que es del 18% de Los Angeles, las chárter tienen un máximo de 1% de alumnos?”.

“¿Por qué se llevan a los niños con menos necesidad?”.

Dijo que hay niños que ocupan más recursos , el gasto es más grande y sin dinero no se puede funcionar.

Las chárter absorden el dinero que corresponde a la educación pública, es su razonamiento.

Se le preguntó que si en el marco de la moratoria ¿ sería conveniente modificar la ley para que las chárter sean financiadas con dinero de particulares?.

“Es el momento de pensar eso. Las chárter siguen haciendo cosas que no están bien. Un dueño gana dos o tres veces más que el superintendente de LA – que supera los 300 mil dólares anuales- y no está bien. No es justo. ¿Por qué no invetirlo en niños, en maestros”, dijo.

Hay que mirar que es lo que esta afectando.

Se enfocó, asimismo, en los procesos criminales que a menudo se siguen a operadores de chárter.

La última fue Vielka McFarlane, fundadora de la red Celerity Educational Group, quien se declaró culpable de conspirar para malversar y malversar fondos públicos por dos millones 500 mil dólares.

Una cadena de escuelas chárter, la Corporación de Educación de América, se ha derrumbado abruptamente en docenas de lugares en todo el país, dejando a aproximadamente 20,000 estudiantes sin escuela, con préstamos pendientes y  costos irrecuperables. La causa: malversación, de acuerdo a  Tony Merrill, director del Proyecto sobre Préstamos Estudiantiles.

Esta es la entrevista al vicepresidente Ramírez:

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