CIUDAD DE MEXICO

Por conducto de una carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a los miembros del G20 optar por la cooperación para el desarrollo para atender el fenómeno migratorio; ello, expuso, “es mucho más constructivo que cerrar fronteras o recurrir al uso de la fuerza”.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer en redes sociales la carta que el titular del Ejecutivo Federal envió a los líderes del G20 quienes se encuentran celebrando una Cumbre en Osaka, Japón.

López Obrador, quien declinó asistir al encuentro, expuso que en la actualidad, entre otros asuntos globales, sobresale el fenómeno migratorio.

“Debemos actuar de manera solidaria. La Agenda 2030 acordada por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, llama a impulsar actividades productivas, crear empleos y bienestar en los pueblos más pobres y marginados de la tierra. Esta sería la manera más eficaz y más humana de lograr que las personas puedan trabajar y ser felices en el sitio en el que nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y su cultura. Por encima de las fronteras está la justicia y la fraternidad Universal”, se lee en el documento fechado en la Ciudad de México el 24 junio del año en curso.

Este enfoque, agrega, es aplicable a todas las zonas de origen de la migración y en cualquier circunstancia. “Luego de hacer a un lado la confrontación de los gobiernos de México y Estados unidos hemos acordado, entre otras cosas, responder al fenómeno migratorio mediante la promoción de desarrollo en Centroamérica y el sur-sureste de nuestro país”, escribió López Obrador.

En el texto, el Presidente expone que por tradición y mandato constitucional la política exterior mexicana se rige por los principios de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso d ella fuerza en las relaciones internacionales; así como por la igualdad jurídica de los Estados.

También por la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

A través de la misiva justificó su ausencia en la Cumbre, bajo el argumento de retos “urgentes” que existen en la República mexicana que reclaman su atención y presencia en territorio mexicano

?#México?? participa en el primer día de actividades de la Cumbre de Líderes del #G20. Los secretarios @m_ebrard y @CarlosUrzuaSHCP asistieron a las dos primeras sesiones plenarias, sobre economía global, innovación y economía digital.https://t.co/YdspmZe7Ej pic.twitter.com/0b1XJ8UeAv

— SRE México (@SRE_mx) June 28, 2019

El PDI fue presentado el 20 de mayo con el propósito de frenar la migración hacia EE.UU. y fue elaborado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL).

En la sede de la ONU en Nueva York, el 19 de junio, el canciller dijo que México será el primer país en financiar el PDI por varios millones de dólares y agregó que para ello cuenta con el apoyo económico de España y Alemania.

Asimismo, 14agencias de la ONU participarán en la implementación del plan que arrancó el 20 de junio pasado con la aplicación del programa del Gobierno de México ‘Sembrando Vida‘, que consiste en incentivar la actividad agrícola en El Salvador, Honduras y Guatemala mediante el financiamiento de México y otros gobiernos.

Para ello, el Gobierno de México anunció la construcción del “vivero más grande del país” en el estado de Chiapas (sur), que comprende 40 hectáreas y prevé producir 40.000.000 de plantas para generar empleos temporales para 2.500 migrantes, además de que se instalarán albergues para quienes viajen con sus familias y quieran trabajar en en él.

En diciembre de 2018, el Gobierno de México anunció que EE.UU. participaría en el plan, que contempla destinar 35.600 millones de dólares para promover el desarrollo en Centroamérica. La información fue confirmada en su momento por el Departamento de Estado.

El Gobierno mexicano se encuentra, desde el pasado 7 de junio, en medio de un plazo de 45 días, impuesto por la Administración de Donald Trump, para demostrar que puede disminuir la migración, de lo contrario, Washington podría adoptar medidas contra la nación latinoamericana como gravámenes a sus productos de exportación.