Un juez federal en materia administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva que ordena al gobierno federal detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) hasta que se resuelva el juicio de amparo que defina si fue legal cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

El mandamiento judicial dictado por el Juez Quinto de Distrito administrativo es uno de los procesos de amparo promovidos por la organización #NoMásDerroches, el cual también ordena a las autoridades responsables mantener las obras del NAIM.

Con esta nueva medida cautelar, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva.

Lo anterior, dijo el colectivo, es acorde con lo que ha solicitado desde un inicio: antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento de las obras en Texcoco, el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe determinar si la decisión del gobierno cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 134 de la Constitución.

El colectivo #NoMásDerroches, auspiciado por un grupo de empresarios junto con algunos ciudadanos, señaló que lo anterior guarda congruencia con la resolución del lunes pasado en el mismo sentido por el sexto tribunal colegiado en materia administrativa al resolver un recurso de queja del mismo asunto.

Recordó que el Poder Judicial de la Federación ya había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de la construcción del AISL. Sin embargo, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, entre otros.

Es decir, una vez obtenidos todos los permisos y estudios en dichas materias que en su mayoría dependían de la propia Administración Pública Federal, el gobierno estaría en posibilidad jurídica de iniciar la construcción de la terminal aérea sin importar que los juicios de amparo no hubiesen concluido, explicaron los quejosos.

Según los demandantes, con argumentos jurídicos se ha exigido la cancelación del proyecto en Santa Lucía y la reanudación de la construcción en Texcoco mediante contratos celebrados con empresas y por medio de licitaciones transparentes y rigurosamente vigiladas tanto por las autoridades como por la ciudadanía agregó.