En el llamado “Un día sin Inmigrantes”, familias latinas no enviaron a sus hijos a las escuelas, algunas personas no fueron a trabajar y otras más salieron para hacer compras mínimas a las tiendas y supermercados.

El llamado de solidaridad con las familias inmigrantes que viven en la incertidumbre hizo eco desde Washington, Maryland y Virginia, a Illinois, Carolina del Sur y California.

A lo largo del bulevar César E. Chávez, en el área de Boyle Heights, decenas de negocios de todo tipo bajaron sus cortinas.

Solidaridad con los latinos ante el miedo

La señora Anely Solís, originaria de Tehuitzingo Puebla, México, y residente de Los Ángeles , quien tomó la decisión de no mandar a clases a sus cuatro hijos: Kelly Flores, de 17 años; Andrea Ramos, de 14; Alexander y Enrique Ramos, de 12 y 11 años, respectivamente. Ellos son estudiantes del LAUSD.

“Estamos apoyando a la comunidad latina, ya que la mayoría somos inmigrantes y queremos que ya el presidente [Donald Trump] pare las redadas porque los que sufren son los niños”, dijo la madre.

La señora Solís relató a La Opinión que el clima migratorio ha perturbado la salud mental de sus hijos y lo han manifestado a través del llanto.

“Me dicen, Mami. No vayas a la marqueta”. ¿Qué va a pasar si te llegan a agarrar? ¿Con quién nos vamos a quedar? Y si nosotros  nos quedamos solitos, ¿Nos van a dar en adopción? Nosotros no queremos estar con otra familia”, expresó.

Aunque ella pretende calmar los ánimos de sus hijos, los pequeños siguen temerosos.

“Les digo que no va a pasar nada, que estaremos bien y que su hermano mayor [Jason Flores, de 20 años] podría cuidarlos si algo malo nos pasa con ICE”, añadió. “Mi esposo [Enrique Ramos] también ya sabe esto”.

Anely Solís defendió su postura de no enviar a sus hijos a la escuela, porque considera, que, aunque les anotarán la ausencia, a la larga será mayor el beneficio.

“Ellos dirán ¡Wow! Mi mamá hizo algo bueno tanto para nosotros como para la comunidad latina y luchó por las personas que no tienen papeles”, dijo la mujer poblana.

Agregó que, quienes están en la Casa Blanca, y especialmente el presidente “tienen que parar las redadas, sobre todo por los niños y porque quienes emigran al país no vienen a hacer nada malo y sin los inmigrantes, todos se van a ir a la quiebra”.

Una mala experiencia marcó su vida

Laura “N”, cajera en una tienda departamental, informó que,  desde que comenzaron las redadas migratorias, las familias que pagaban sus mercancías con tarjeta EBT de estampillas de comida han dejado de acudir a realizar sus compras, en aproximadamente 10%.

“Yo entiendo su miedo, porque recuerdo que en 1987 agentes de inmigración llegaron a la fábrica de costura de Los Ángeles donde trabajan mis tías y se las llevaron”, dijo Laura. “Mi mamá trabajaba también allí, pero no sé cómo fue que ella pudo escaparse; yo estaba chica, tenía como seis o siete años cuando eso sucedió”.

“Ha sido la experiencia más espantosa de mi vida”,  añadió.

Según el Institute on Taxation and Economy Policy (Instituto de Política Fiscal y económica /ITEP), en su aportación a la economía de Estados Unidos, en 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron $96,700 mil millones en impuestos federales, estatales y locales.

La mayor parte de esa cantidad, $59,400 millones se pagó al gobierno federal, mientras que los $37,300 millones restantes se pagaron a los gobiernos estatales y locales.

Los inmigrantes indocumentados pagaron impuestos federales, estatales y locales de $8,889 por persona en 2022. En otras palabras, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben $8,9 mil millones en ingresos fiscales adicionales.

La organización de política fiscal no partidista y sin fines de lucro enumera que seis estados de los Estados Unidos se benefician enormemente por la recaudación de más de mil millones de dólares cada uno en ingresos fiscales de inmigrantes indocumentados: California ($8,500 millones de dólares), Texas ($4,900 millones de dólares), Nueva York ($3,100 millones de dólares), Florida ($,.800 millones de dólares), Illinois ($1,500 millones de dólares) y Nueva Jersey ($1,300 millones de dólares).

Una de esas personas es Tomasa Martínez, oriunda de Tomatlán, Jalisco, quien no envió a la secundaria su hijo Antony González, de 17 años, estudiante de la secundaria Roosevelt de Boyle Heights.

“Donald Trump es nefasto y petulante”, dijo. “Yo no mandé a mi hijo a la escuela porque debemos demostrar que, si ellos valen dinero para el gobierno, nosotros podemos darles en donde les duele. Eso sí, le dije a mi hijo que si se quedaba en la casa tendría que ayudar con la limpieza”.

Por su parte, Enrique Pérez, trabajador de un supermercado, originario de Valparaíso, Zacatecas, manifestó que, aunque quisiera dejar de trabajar, “no puedo hacerlo, porque tengo un deber con mi familia y debo alimentar a mis hijos”.

Efecto dominó en la economía

“El efecto es demasiado grande”, dijo. “No hay un medidor financiero económico que te puede decir es tanto billete que se perdió, pero eso sí, cuando una persona no va a trabajar, no consume, no va a la escuela y no genera ingresos. Así de simple: a las escuelas no les dan fondos estatales, las tiendas tienen menos clientes y los negocios no rinden en ese día porque la gente no sale a consumir”.

Guamán, director de la corporación “El Triunfo”, agregó que, a una empresa donde un empleado no se presenta a trabajar, de alguna manera su producción se atora y, como una cadena, tiene un efecto dominó, es decir, comienza un problema y todo lo demás se complica.

Guamán expresó que, para que las protestas de los consumidores latinos hagan mella en las políticas antiinmigrantes no solo es necesario “un día sin inmigrantes”, “sino una semana, un mes  o un año”.

“Aunque eso es imposible porque millones viven de cheque a cheque, los demás latinos pueden obtener los resultados que quieren para su comunidad, pero lo deben reflejar en las urnas”.

Datos económicos reales del aporte de las personas sin documentos

En 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron $25,700 millones en impuestos al Seguridad Social; $6,400 mil millones en impuestos de Medicare y $1,800 millones en impuestos de seguro de desempleo.

A nivel estatal y local, poco menos de la mitad (4%, o $15,100 millones) de los pagos de impuestos realizados por inmigrantes indocumentados se realizan a través de impuestos sobre las ventas y el consumo aplicados sobre sus compras.

La mayoría de los demás pagos se realizan a través de impuestos a la propiedad, como los que se aplican a los propietarios e inquilinos (31%, o $10,400 millones), o a través de impuestos sobre la renta personal y empresarial (21% o $7,000 millones).

Fuente:  Instituto de Política Fiscal y económica (ITEP)