“Los precios de la gasolina son demasiado altos, nos destruyen”, se lee en un cartel durante una protesta de camioneros en Alemania, el pasado 18 de marzo. Foto Ap.

---

---

Armando G. Tejeda/Corresponsal de La Jornada. 

Madrid. 

Son farmacias de barrio, hoteles que no pertenecen a las grandes cadenas, fábricas pequeñas y medianas que no tienen el soporte financiero de los bancos, carnicerías y pescaderías al borde de la quiebra, así como miles de trabajadores autónomos que van subsistiendo a duras penas. Son la cara de la desesperación que ha generado la crisis energética que sufre España desde hace algo más de un año y medio y que se ha agudizado a raíz de la guerra en Ucrania. Y ahora, en mitad del desastre y el caos se han sumado al descontento social la protesta de los camioneros que provoca el desabastecimiento de productos básicos en algunas regiones; por ejemplo, en ciudades de la importancia de Sevilla y Córdoba, la mayoría de las pescaderías y carnicerías no pudieron abrir al no tener nada que vender. Lo mismo ocurre en muchos supermercados, en los que empieza a haber carencia de productos básicos como leche, aceite, arroz y harina.

“Es ya una situación insostenible, a muchos de nosotros nos sale más rentable cerrar la cortina que trabajar a pérdidas. Y el gobierno no hace nada, está fuera de la realidad”, señaló a La Jornada Miguel Rozas Urbina, un farmacéutico que explicó en números sencillos el grado de su desesperación: paga 40 por ciento más de electricidad, mientras la gasolina se ha puesto por las nubes (nunca antes se había pagado 2 euros por litro), los productos básicos están cada día más caros y encima se anuncia un inminente incremento de impuestos para los trabajadores autónomos.

“Así, sencillamente, no hay quien aguante. Lo más sorprendente es que un gobierno que se dice sensible a lo que necesitamos las personas ni nos escucha ni es capaz de ponerse en nuestra piel.”

El precio de la luz en España llegó hace sólo dos semanas a más de 500 euros el megavatio hora (MWh) y en algunos tramos horarios, los de más uso, alcanzó 700 euros. Son cifras que pone contra las cuerdas a buena parte de la industria, el comercio pequeño y mediano del país, que no es capaz de aguantar un incremento de más de 700 por ciento respecto de lo que se pagaba hace menos de dos años y cuyas consecuencias, ya devastadoras, no se han mitigado con las medidas aprobadas hasta ahora por el gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez, apoyado por su partido, el PSOE, y por la coalición de Unidas Podemos (UP).

Si el precio de la luz estaba sin control desde hace más de un año y medio, ahora, con la guerra en Ucrania, la situación empeora sensiblemente; la tarifa eléctrica se dispara, los hidrocarburos están por las nubes, la inflación supera 7.5 por ciento (el peor registro en tres décadas) y el temor a un recrudecimiento del conflicto genera más incertidumbre a inversionistas, en el mercado financiero y el consumo.

El presidente español, Pedro Sánchez, intenta ganar tiempo con una gira relámpago por varios países europeos para intentar convencerlos de adoptar medidas en común para paliar la crisis energética, que pretende resolver en el consejo de los altos representantes de la Unión Europea (UE) del próximo 29 de marzo para fijar un tope máximo del precio de la electricidad, que sería de 180 euros el MWh, una cifra impensable hace sólo unos meses. Pero la mayoría de los países, como Alemania, Francia, Italia y Polonia, ya han adoptado por su cuenta medidas para aliviar la grave situación que se vive en su tejido productivo, como subvenciones temporales para asumir el alto costo de los hidrocarburos o una intervención directa en el mercado energético.

El problema que tienen España y Portugal es que la liberalización de la electricidad es absoluta y que la dependencia en la iniciativa privada es total, por tanto, sólo tienen la llave de los impuestos para reducir el precio y hasta el momento se niegan a reducirlos más de lo que ya lo han hecho desde que empezó la crisis.

Huelga de camioneros

A la crisis social producto de los altos costos de la energía eléctrica se suma un nuevo factor de desestabilización: la huelga de los trabajadores del transporte, los camioneros, quienes llevan más de dos años solicitando cambios en sus estatutos de trabajo y una reunión con los representantes del gobierno que les niegan de forma sistemática.

A diferencia de otros sectores, en los que se han aprobado ayudas o compensaciones por la crisis estructural que vive la economía, a este sector no se le ha atendido ni se han aprobado medidas específicas para reducir sus cada vez más abultadas pérdidas económicas.

El resultado de ese desencuentro es la huelga que se vive en estos días, la cual provoca escasez de productos básicos en el supermercado, como leche (de hecho el sector lácteo español decidió paralizar varios días su actividad hasta que se resuelva el conflico), arroz, harina, aceite, carne y pescado.

El gobierno acusó a los camioneros de ser utilizados por “la extrema derecha” y de formar parte de una “estrategia de Vox”. Estas acusaciones soliviantaron la situación, a pesar de que es verdad de que uno de los sindicatos minoritarios de los trabajadores del transporte está vinculado directamente a Vox. Si el diálogo era precario, ahora está roto por completo.