Fue una acción orquestada por el entonces presidente, Adolfo López Mateos, debido a que solo el 44 por ciento de los mexicanos tenía acceso a la energía eléctrica.

En aquella época era común que la gente viviera en la penumbra, si a caso a media luz, con velas y quinqués de petróleo.

El servicio durante 55 años estuvo acaparado por las grandes empresas privadas, como la Mexican Light and Power Company de origen canadiense y capital multinacional y la American and Foreing Power filial de la Electric Bond and Share, las cuales no estaban interesadas en el desarrollo industrial, comercial y agrícola del país; solo buscaban ganancias rápidas.

Como era de imaginarse, los precios de la electricidad eran altísimos y se imponían arbitrariamente afectando a todos los consumidores, especialmente a los domésticos. Fueron muchas ocasiones en las que se intentó regular su política tarifaria, pero nunca tuvieron éxito.

La CFE ya figuraba como empresa eléctrica, pues fue creada el 14 de agosto de 1937, tenía como objetivo organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.

No obstante, los monopolios extranjeros aprovechando las condiciones de la CFE, le compraban la electricidad a precios bajos para revenderla y dejaron de invertir en nuevas plantas de generación.

Visto de otra manera, de 1949 a 1960, la relación entre el precio de compra a la CFE y el precio al que vendían las empresas eléctricas extranjeras llegó a ser de 4 a 1, lo cual explica sus enormes ganancias y el poco interés por invertir en la generación. Por ejemplo, la Mexlight le compraba a la CFE el KWH a 0.40 centavos canadienses y lo a 1.626 dólares canadienses.

La gente comenzó a hacerse consiente de este abuso y comenzaron las protestas social en contra de las empresas eléctricas extranjeras. A raíz de ello se formaron las llamadas «Ligas de Consumidores Domésticos» quienes desde la década de los años cuarenta demandaban la nacionalización de la industria eléctrica.

Durante los días previos a la nacionalización, la sociedad en general estallaba en júbilo por dicha acción del gobierno. Entonces, el PAN fue el único que rechazó explícitamente la nacionalización de la industria eléctrica.

El 21 de octubre de 1960 el presidente Adolfo López Mateos, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional; en el que está inscrito desde 1917 el dominio inalienable e imprescriptible de la Nación sobre sus recursos naturales, para quedar como sigue:
“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

Sin embargo, en pocos años se inició un viraje en la conducción de la CFE que terminó convirtiéndola en un simple organismo público apoyador del proceso de acumulación capitalista a través de tarifas industriales y comerciales subsidiadas.
La desnaturalización de los propósitos iniciales de la CFE fue favorecida por el entronizamiento del charrismo sindical representado por Francisco Pérez Ríos, secretario general del SUTERM y la derrota de la Tendencia Democrática electricista encabezada por Rafael Galván a mediados de los años 70.
La historia posterior sobre la desnacionalización-privatización del sector eléctrico es ampliamente conocida.
A la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (1963) se le aplicó una política descapitalizadora, consistente en negarle presupuesto para inversión productiva, impedirle crecer en capacidad de generación y obligarla a comprar energía en bloque a CFE a precios por encima de las tarifas eléctricas vigentes.
Las consecuencias no se hicieron esperar, CLFC contrajo una deuda de más de 21 mil millones de pesos con CFE, prácticamente impagable. En lo que toca a LyFC (1994), con el mismo mecanismo descapitalizador, en pocos años fue colocada en quiebra técnica y finalmente sometida a un tortuoso proceso de extinción liquidación, que no ha concluido, pero que envió al desempleo a 44 mil trabajadores electricistas.

Ante los que quieren nuevamente privatizar la energía eléctrica les decimos que hay que aprender de la nefasta experiencia de 55 años de una industria eléctrica en manos de empresas extranjeras. Así el desarrollo de México se estanca.

Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas