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La Paz

La Fiscalía boliviana solicitó este domingo la detención preventiva de seis meses en cárceles de La Paz para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y sus dos exministros aprehendidos. Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a las autoridades a preservar la paz y garantizar un juicio justo en contra de la expresidente interina boliviana.

En la imputación formal la Fiscalía boliviana pidió la detención preventiva de la exmandataria transitoria por seis meses en la cárcel de Obrajes de mujeres en la ciudad de La Paz.

Mientras que para los exministros interinos de Justicia, Álvaro Coímbra y de Energía, Álvaro Rodrigo Guzmán, la detención por el mismo periodo en la cárcel de San Pedro en La Paz.

La Fiscalía realizó esta solicitud por el “riesgo de fuga” de las exautoridades que están acusadas de supuesta “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

El caso conocido como “golpe de Estado” fue interpuesto en 2020 por una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del Presidente Luis Arce y pesan órdenes de aprehensión para otros exministros de Áñez y excomandantes de la Policía.

La audiencia de las tres exautoridades está prevista que se realice este domingo de manera virtual, según confirmó a EFE uno de los abogados.

Áñez fue aprehendida en la amazónica Beni el sábado en la madrugada, mientras que sus exministros el viernes en la misma región, luego fueron trasladados hasta La Paz y se acogieron al silencio en sus declaraciones informativas.

Las exautoridades se encuentran en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (Felcc) y desde ahí la expresidenta cuestionó que se la juzgue por la vía ordinaria, además calificó de “abusiva” su detención y que el MAS del también expresidente Evo Morales (2006-2019) y de Arce están detrás de este proceso.

De la misma manera, la oposición boliviana manifestó que se trata de una “persecución política” y repudiaron el actuar en contra de la expresidenta, mientras que el oficialismo indica que se está haciendo “justicia” con sus detenciones por los muertos, heridos y detenidos en la crisis de 2019.

Áñez pidió a través de una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea que envíen a Bolivia una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva su aprehensión”.

En tanto, el Ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que Áñez está siendo procesada en calidad de exsenadora y no como expresidenta.

Los comités cívicos de varias regiones bolivianas se declararon en emergencia por la aprehensión de estas exautoridades, mientras que familiares de víctimas en 2019 y otros sectores hacen vigilia en las puertas de la Felcc donde se encuentra detenida Áñez.

ONU PIDE PAZ

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los políticos bolivianos a “consolidar la paz” y pidió un “debido proceso” tras la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus excolaboradores a los que se acusa de terrorismo y sedición en relación con la crisis política que dejó 36 muertos y obligó a renunciar al entonces mandatario Evo Morales en 2019.

El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó, a su vez, por el “diálogo y la reconciliación” en Bolivia y pidió resolver los conflictos “en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.

La detención de Áñez y de sus excolaboradores y la orden para aprehender a otros líderes de la oposición han reactivado las tensiones políticas en la nación andina.

Los llamados de la ONU y la UE ponen énfasis en la actuación de la justicia boliviana, que ha estado en la mira internacional por décadas. Numerosos estudios la han cuestionado por lo que consideran una falta de independencia y subordinación al poder político.

Líderes opositores calificaron los arrestos como una vendetta política y acusan a Morales de alentarlas. El presidente Arce no se ha pronunciado, pero su vice David Choquehuanca dijo que “no es el odio que guía nuestros actos, sino una pasión por la justicia”.

Morales, por su parte, pidió desde Buenos Aires que “se investigue y se sancione a los autores y cómplices de la dictadura”.

La Fiscalía busca detener a políticos, activistas, militares y policías que pidieron la renuncia de Morales en noviembre de 2019 cuando el país vivía una violenta convulsión en las calles y una arremetida de las fuerzas del orden que dio muerte por bala a 19 partidarios del expresidente.

La convulsión estalló tras las elecciones de octubre de 2019 en las que Morales buscaba una cuarta reelección y que fueron denunciadas de fraudulentas. Durante un mes las calles de varias ciudades fueron campo de batalla entre partidarios y opositores que desencadenaron en la renuncia de Morales y su partida hacia México.

Tanto Morales como Arce han calificado el hecho como un “golpe de Estado” , pero el dirigente opositor y expresidente boliviano Carlos Mesa ha dicho que ese argumento busca “encubrir el monumental fraude” en los comicios del 2019.

Áñez argumenta que no fue golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Ella era la única senadora en la línea de sucesión tras la renuncia de legisladores partidarios de Morales.

En su gestión de un año, Áñez impulsó ocho juicios contra Morales por fraude electoral, sedición y terrorismo, entre otros, pero todos quedaron archivados por la Fiscalía tras la asunción de Arce, quien ganó las elecciones en octubre del 2020. El mandatario también amnistió a sus partidarios que estaban investigados.

Áñez perdió apoyo político, incluso, fue derrotada en la elección de gobernadora de Beni en los comicios de la semana pasada.