El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que el financiamiento a la serie sobre populismo violó leyes electorales por la triangulación de recursos públicos y de empresas a un partido o campaña.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia por presuntas violaciones a las leyes electorales para financiar la serie documental El Populismo en América Latina, con el propósito de incidir en el proceso electoral de 2018.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la denuncia imputa presuntos delitos electorales a una persona física y cuatro empresas que triangularon recursos para el financiamiento de una serie que podría considerarse como propaganda política a raíz de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó investigar el origen de los recursos para su promoción en autobuses.

Nieto Castillo agregó que se debe investigar la posible triangulación de recursos públicos de dependencias federales y de un gobierno estatal para el financiamiento del documental que se difundió entre 2017 y 2018 cuando ya se encontraba en curso el proceso electoral para elegir al Presidente de la República y renovar el Congreso de la Unión.

En este marco, rechazó que la indagatoria constituya un ataque a la libertad de expresión y reiteró que la denuncia es por la presunta violación a los artículos 15 de la Ley General de Delitos Electorales y 54 de la Ley General de Partidos Políticos en los que se establece que los partidos políticos no pueden recibir aportaciones en dinero o en especie de empresas privadas o dependencias de gobierno, ya sea a nivel federal, estatal y municipal.

“Quiero dejar muy claro que no es un tema de libertad de expresión, la libertad de expresión tiene sus límites y el Tribunal Electoral ya se ha pronunciado respecto a este caso, señalando que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación de investigar los recursos y por parte de la UIF tiene la obligación de investigar de encontrar cualquier tipo de irregularidad en el sistema financiero y de hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes. Eso es lo que estamos haciendo”, sentenció.

Añadió que no existen ningún elemento para imputar al historiador Enrique Krauze y al Consejo Mexicano de Negocios algún tipo de acción irregular, a pesar de que aparecen en la red de vínculos que la Uif presentó el jueves en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

“Ninguno de los dos está señalado como persona que esté señalado o sujeto a investigación, la denuncia básicamente está relacionada con una persona física y con cuatro personas morales (empresas), incluyendo a los dos accionistas de la persona moral que generó un documental prohibido por la Constitución”, explicó.

Por último, rechazó que la conferencia en la que dio nombres de personas y razones sociales de las empresas vinculadas con la trama del documental haya violado la presunción de inocencia, puesto que el sigilo y el debido proceso comienza a partir de que se presenta la denuncia formal ante la Fepade.