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•  El Foro Consultivo recibió más de 450 millones de pesos con Fox, Calderón y Peña

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María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dio a conocer esta mañana que los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto transfirieron más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, entre ellas transnacionales, supuestamente para “investigación”. Pero México cayó, dijo, 16 posiciones en eficiencia en innovación justo en ese periodo, entre 2013 y 2018.

Álvarez-Buylla, una académica mexicana no exenta de polémica por su enfrentamiento con ciertos sectores de la ciencia y por los recortes a los fideicomisos que los alimentaban, es señalada como la posible nueva Secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez, quien será la candidata del oficialismo para Gobernadora en el Estado de México.

Justo en medio de estas versiones y en espera de una posible confirmación, la funcionaria se presentó hoy en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar un informe sobre los logros y retos durante sus primeros tres años y medio de gestión.

“Un instrumento fundamental para permitir esto fue la generación de estos 91 fideicomisos con los cuales nos encontramos, que se fueron gestando desde la Presidencia del Presidente Fox. Ya durante la Presidencia del licenciado Felipe Calderón empezaron a transferirse cuantiosas cantidades de recursos a estos instrumentos que vuelven opaca la administración de estos recursos del pueblo de México, y llegaron a su cúspide durante el sexenio pasado, durante la Presidencia del licenciado Peña Nieto”, dijo.

Desde Palacio Nacional, la también investigadora reveló que se halló una gran cantidad de recursos que en vez de reportarse como no ejercidos o como subejercicio, estaban ahí acumulados, ya que no les dio tiempo de ser repartidos.

Sin embargo, detalló, “había una gran expectativa de los intereses creados que habían sido beneficiados, quienes mediante diferentes programas, de manera preponderante el PEI, muchas empresas, la mayoría son empresas transnacionales que de manera paradójica, en vez de financiar el desarrollo científico, como sucede en muchos países del primer mundo, estuvieron recibiendo estos recursos cuantiosos que sumaron más de 45 mil millones de pesos”.

De acuerdo con María Elena Álvarez-Buylla, “esta fue una de las funciones principales de Conacyt, y, sin embargo y de manera paradójica, y diría yo, trágica e inaceptable, el país disminuyó 16 posiciones en eficiencia de innovación, que fue el pretexto de transferencia de estos grandes recursos de 2013 a 2018”.

“Cuando llegamos a este encargo, obviamente lo primero que hicimos fue analizar la situación y parar este dispendio e inclusive convocar, bueno en ese entonces solamente una Gobernadora y la Jefa de Gobierno, y el resto de los 30 gobernadores a cerrar estos fideicomisos, de los cuales ellos eran copartícipes en 35: 32, uno por cada estado, y tres de municipios. Y desde luego, no paramos la innovación”, concluyó.

Este caso no es el único que se ha denunciado en el Conacyt por malos manejos de dinero público, pues el año pasado se dio a conocer que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) recibió 455 millones 384 mil 179.29 pesos desde 2003 hasta 2018, es decir, también en los Gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, según recogió la propia Asociación Civil, que por Ley accedía a estos recursos a través del Conacyt, instancia con la que ahora mantiene una disputa legal.

Los recursos que ha recibido el FCCyT se encuentran en la mira, ya que, por una parte, la institución ha denunciado la comisión de supuestas irregularidades; por otra, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una acusación contra 31 investigadores por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”, a la par que los miembros de esta asociación han asegurado que durante años el Gobierno le ha dado el visto bueno al empleo de su presupuesto.

El Foro Consultivo es un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta de Gobierno del Conacyt y que además colabora con el Congreso en la elaboración de leyes.

En 2019 promovió un amparo contra la administración del Conacyt porque no se le dieron los recursos para operar. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sobreseyó el juicio a la par que reconoció que sí existía “una relación de colaboración” de esta asociación, a la que dotó de legalidad su funcionamiento.

A decir del Conacyt, la disputa legal entre ambas partes inició cuando el Foro Consultivo “exigió” recursos anuales por 50 millones de pesos, los cuales el Consejo negó “bajo los principios de la austeridad republicana” y, en su lugar, “ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto”, el cual dio paso a la disputa legal.

“Durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, precisó entonces el Conacyt.

Seis excoordinadores señalaron en ese momento que eran infundadas las acusaciones de ilegalidad de la FGR y precisaron que es el propio Conacyt el que por Ley debe proporcionar los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Fondo.

No obstante, a la par de estos señalamientos, en marzo de 2020 la organización PODER reveló una serie de gastos que realizaban los coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en los gobiernos pasados, como compras de carnes frías, desayunos en restaurantes lujosos como el Saks de Polanco, gasolina para autos, servicios de estacionamiento, equipos celulares, tintorería y líneas telefónicas particulares, así como la adquisición de un inmueble.

En julio de 2019, en medio de los señalamientos del Conacyt, el Foro indicó que en el último año y medio había invertido 0.36 por ciento en telefonía celular “en apoyo de las actividades, no de la operación”; 0.67 por ciento en bocadillos, siete por ciento en servicios generales, 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y, en contraste, 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos.

Además señaló que como parte de su producción académica en el primer semestre de 2019 se publicaron seis números de la revista Fórum, realizaron ocho programas de comunicación pública de la ciencia transmitidos por Foro Tangible en colaboración con El Universal, además de realizar “notas INCYTU” para proporcionar a tomadores de decisiones información objetiva, pertinente y basada en conocimiento.

Sin embargo, la compra de una propiedad ubicada en el domicilio Melchor Ocampo, Casa #305 (antes 107), en una zona residencial del centro de la colonia Coyoacán, en la Ciudad de México, ​​contraviene a la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt, pues en ningún momento se establece que el FCCyt debería tener personalidad jurídica, sin la cual es imposible realizar compras y contrataciones, entre otros actos.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico está integrado por una Mesa Directiva, conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial, aunque los recursos con los que opera, según lo establece la Ley, son otorgados por el Gobierno.

-Con información de Obed Rosas