Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos salieron “tranquilos” de la reunión que sostuvieron esta mañana con el presidente Andres Manuel López Obrador, aunque reiteraron su exigencia de que se acelere el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y se continúe con los encuentros mensuales para darle seguimiento a su caso.

“Fue una reunión más de balance de lo logrado, de las órdenes de aprehensión que se han librado, las que se han ejecutado y las que están pendientes de ejecutarse y el compromiso de continuar con las reuniones.

“Ellos nos hacen un recuento de más o menos 80 órdenes de aprehensión libradas, de esas, alrededor de 30 o 40 ejecutadas”, indicó Vidulfo Rosales, representante legal de las víctimas, al salir de Palacio Nacional.

Dentro de las detenciones más relevantes, dijo, están la del capitán José Martínez Crespo; José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, el ex titular de la Policia Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; la de un abogado del grupo criminal Guerreros Unidos y de una Ministerio Público Federal que habría participado en la validación de la llamada “verdad histórica”.

La imputación que se le realiza a Martínez Crespo, explicó el litigante, es la de delincuencia organizada. “Los datos de prueba indican que él habría tenido un vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos, pero nosotros le estamos pidiendo a la Fiscalía que trabaje más en el tema que tiene que ver con la desaparición forzada o un elemento que pueda vincularlo con el caso directamente de Ayotzinapa”.

Asimismo, Rosales explicó que “el tema de la extradición de Tomás Zerón es complicado, porque no hay tratado de extradición. Entonces ahí lo que se tiene que buscar es que el gobierno federal trabaje para que se le expulse del país (Israel)” en el que está hoy el ex funcionario.

Con respecto al animo que dejó en los padres y madres la reunión de hoy, el abogado admitió que “estos meses son complicados, porque como es diciembre, es un tema de unidad familiar, y al no tener el hijo desaparecido, es sumamente difícil”.

Pede a ello, dijo, “creo que el balance es positivo de lo que se ha logrado en términos de investigación, detenciones y búsquedas; sin embargo, los padres siguen poniendo el acento en que no se tiene hoy por hoy dilucidado lo que habría ocurrido el 26 y 27 de septiembre y ese es un pendiente que está ahí”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que la de este jueves “fue una reunión regular que tenemos con el Presidente de la República, papás y mamás de los 43 estudiantes y la comisión presidencial. Se presentó un informe de las tareas que se han venido desarrollando en los últimos meses, vinculadas con todo lo que es el acopio de información, de análisis, cómo se va sistematizando ésta para avanzar en las tareas de búsqueda y también de todo el proceso de judicialización”.

Él funcionario agregó que “se dio cuenta de las órdenes de aprehensión que se han solicitado, las que se han liberado y las que se ha cumplimentado. Se está analizando todo lo que es la aportación de testigos, tanto de colaboración como de otros testigos que están haciendo llegar información a la comisión y esperemos seguir avanzando hasta tener resultados muy puntuales y concretos”.

Con respecto a Tomás Zeron, indicó que “es un asunto que está ateniendo directamente el fiscal General de la República y creo que está haciendo las gestiones necesarias” para su extradición a México.

— ¿Hay conformidad de los padres con avances que se tienen?

— Pues siempre se quisieran tener mayores resultados, pero yo creo que hay conciencia de la complejidad del problema y esperemos darles más resultados en próximos encuentros.