Bogotá.

A nueve días de cumplir su período como Fiscal General (Procurador), Francisco Barbosa ocupa el centro de la escena política colombiana, no sólo por haber dedicado sus últimos meses en el cargo para deslegitimar y agredir al presidente Gustavo Petro, sino porque este lo ha acusado el fin de semana de encabezar un golpe de Estado, en alianza con carteles de la droga.

Al hacer públicas sus acusaciones contra Barbosa, Petro ha llamado a sus seguidores y a la ciudadanía a manifestarse en las calles, asegurando que “llegó el momento de la expresión popular”.

Son muchas las gotas que han colmado la paciencia del jefe de Estado en los últimos días, pero el allanamiento de la sede del poderoso sindicato de maestros para buscar supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral, terminó con un llamado, no exento de dramatismo, “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y sindicatos de trabajadores de Colombia y del mundo” para que se pronuncien sobre sus denuncias.

Según Petro, que cumple esta semana 19 meses en la Casa de Nariño, “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del Presidente elegido por el pueblo”.

El primer mandatario agregó, como prueba de sus afirmaciones, la suspensión temporal al canciller Álvaro Leyiva, inmerso en una investigación por la licitación de nuevos pasaportes para los colombianos, declarada desierta por los organismos de control.

Al mejor estilo bíblico de “tirar la piedra y esconder la mano”, Barbosa ha pretendido ignorar las alertas emitidas por el Presidente Petro sobre sus planes conspirativos, al contestar ante los medios que “estoy desesperado por dejar el cargo” y llamar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a no dejarse presionar por el ejecutivo en su rol de elegir a su sucesor.

Que, en todo caso será una sucesora, pues -atendiendo los procedimientos constitucionales- la CSJ deberá escoger al nuevo jefe del ente acusador de una terna enviada por jefe de Estado e integrada por tres mujeres, todas ellas con hojas de vida ligadas a la defensa de los derechos humanos.

Voceros políticos de las fuerzas más conservadoras han deslegitimado la terna, apelando incluso a viejos métodos macartistas, como que una de ellas, la abogada Amelia Pérez- tiene decorada su oficina con un cuadro de Jaime Pardo Leal, candidato de izquierda a la presidencia, asesinado en 1987 en desarrollo de una operación conjunta de las Fuerzas Militares y grupos paramilitares denominada “El Baile Rojo”.