LOS ÁNGELES,

Hace 25 años, la noche del 8 de noviembre de 1994, los inmigrantes de California se fueron a dormir con dos malas noticias: se había reelegido el gobernador republicano Pete Wilson, cuya campaña se enfocó en criminalizar a los indocumentados; al tiempo que los votantes aprobaron la polémica Proposición 187, que buscaba negarles servicios de salud y educación a quienes no tenían papeles.

Esos dolorosos resultados electorales sacudieron a varios jóvenes angelinos, todos hijos de mexicanos. La mañana siguiente ellos se plantearon hacer algo para ayudar a su comunidad y lo primero que vino a sus mentes fue participar en un ámbito hasta entonces desconocido, la política.

Dos de esos muchachos ahora tienen importantes cargos en el gobierno de California. Se trata de Xavier Becerra, quien es fiscal general; y Alex Padilla, al frente de la Secretaría estatal. Ambos forman parte de la resistencia contra el presidente Donald Trump, quien usa una retórica similar a la de Wilson.

Becerra y Padilla participaron este viernes en una teleconferencia en el aniversario de la aprobación de la controvertida Proposición 187, que a la postre fue derrotada en los tribunales. Los dos hablaron sobre ese viraje político que experimentó California, actualmente proclamado un estado santuario que “le da la bienvenida” y licencias de manejo a los indocumentados, y donde los republicanos son minoría.

Aquí la administración Trump no solo ha encontrado un rechazo a la colaboración policiaca para detener y deportar migrantes, sino que se ha topado con duras batallas jurídicas encabezadas por Becerra.

Al momento, la Fiscalía general de California ha interpuesto más de 50 demandas defendiendo a los dreamers y los migrantes que reciben asistencia gubernamental, y oponiéndose a la regla de encierro indefinido de niños, la construcción del muro fronterizo y preguntar la ciudadanía en el Censo.

“Veinticinco años después estoy orgulloso de decir que California es un lugar que trata a los migrantes con respeto y que da la bienvenida a la gente que trabaja duro”, expresó Becerra, quien comparó a la 187 como uno de los obstáculos “más fáciles” que han sorteado los migrantes. Dice que los principales son la barrera del idioma, desenvolverse en un sistema distinto y vivir por años en las sombras.

Padilla recordó el día en que marchó con su familia al Ayuntamiento de Los Ángeles protestando contra la 187. El triunfo de esa ley en 1994 lo marcó para siempre. “No tenía otra opción que involucrarme en la política para que dejáramos de ser un objetivo de ataque”, contó el funcionario.

Él fue la persona más joven en ocupar una curul del Concejo de Los Ángeles, llegó a la legislatura estatal y ahora es el encargado del padrón electoral californiano. Hace 25 años, comparó, había 1.4 millones de latinos registrados para votar y actualmente son más de 4 millones. Por eso, él considera que la pelea contra la 187 y Wilson “es uno de los movimientos de mayor impacto en California”.

Ese incremento en el registro de votantes se traduce en 29 hispanos que ocupan puestos de elección popular a nivel estatal, más del doble de los que había hace dos décadas.

“En California hemos demostrado que la mejor manera de responder a esos ataques es la participación”, expresó Padilla. “Espero que les dé esperanza a las personas en otros estados que están siendo atacadas y discriminadas”, añadió.

La lucha para detener a la ultraderecha californiana comenzó el 16 de octubre de 1994 con una marcha. Ese día salieron a las calles del centro de Los Ángeles alrededor de 150,000 personas para expresar su rechazo a la 187. Fue la primera vez que los migrantes de esta ciudad mostraron su músculo político.

“De las cenizas, de la derrota, hace 25 años nació una nueva generación de líderes latinos”, dijo Kevin de León, expresidente del senado estatal y autor de la ley de estado santuario (SB54). Él también fue parte de esa ola de jóvenes hispanos que querían representar a su comunidad en la década de 1990.

“(California) es un estado muy diferente comparado con el de hace 25 años. Es un estado donde valoramos nuestra diversidad e inclusión”, expresó en una entrevista con Univision 34.

“Ya otorgamos licencias de conducir para nuestra gente trabajadora (…), también somos un estado santuario y hemos declarado abiertamente al presidente Trump y al fiscal general que en California vamos a hacer todo lo posible para defender los derechos de las familias trabajadoras”, comentó De León.

Otros políticos latinos que surgieron en respuesta a esa campaña antiindocumentados son Ricardo Lara, comisionado estatal de seguros; Gil Cedillo, concejal de Los Ángeles; y Fabián Núñez, consultor políticos y exlegislador estatal.

La senadora estatal María Elena Durazo cuenta que su ingreso al movimiento sindical en Los Ángeles se debió precisamente a la retórica de Pete Wilson, en cuya campaña de reelección se repetía el mensaje: “Siguen viviendo: dos millones de inmigrantes ilegales en California”. Fue ese gobernante quien retiró las licencias de manejo a los indocumentados, un privilegio que se recuperó dos décadas después.

“Era una táctica sucia para elegir a Pete Wilson y es una táctica que hasta ahora se está usando”, dijo refiriéndose al presidente Trump, quien busca reelegirse el siguiente año, y otros políticos republicanos.

Las palabras de Wilson y el oscuro objetivo de la 187 “cambiaron mi vida”, cuenta la legisladora, hija de migrantes mexicanos. “Ese ataque fue lo peor que había visto esa generación”, lamentó.