Este domingo se realizó, con escasa participación e incidentes menores, una consulta entre los ciudadanos de Baja California carente de rigor técnico, para que opinaran sobre el tiempo que estará al frente del Ejecutivo estatal el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, del partido Morena, designado para un periodo de dos años que se pretende ampliar a cinco.

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, los resultados del ejercicio no serán vinculatorios, a diferencia de sondeos sancionados por el Instituto Estatal Electoral en los que participen al menos 20 por ciento de los votantes inscritos en el listado nominal.

La legislatura pasada, de mayoría panista, reformó el año anterior el artículo 8 transitorio de la Constitución local, que amplía el periodo de Bonilla Valdez, pero la modificación aún no se publica en el Periódico Oficial del estado.

La actual 23 Legislatura, controlada por Morena, anunció que la publicará sólo si la ciudadanía vota mayoritariamente por el periodo de cinco años.

Eso permitiría impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque diversos sectores y actores políticos, incluido el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ya presentaron recursos judiciales en contra de la enmienda, que fueron declarados improcedentes por no haberse publicado la reforma.

Oficialmente se anunció que ayer se instalaron 250 urnas en los cinco municipios de la entidad: Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, cada una con mil boletas foliadas.

No obstante, a través de las redes sociales ciudadanos dieron a conocer que se cancelaron diversos centros de votación, entre ellos uno programado en la plaza La Cachanilla y otro frente a la vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California.

La coordinadora de la encuesta, la diputada de Morena Miriam Cano, adelantó que los resultados oficiales se darían a conocer este lunes, una vez que terminara el cómputo de las casillas instaladas.

Los centros de votación representaron apenas 2.5 por ciento de las casillas en una elección constitucional y no se usó el listado nominal, con lo que los participantes habrían podido emitir su sufragio en más de una ocasión y en diferentes sitios por una de las alternativas, Proyecto 5 o Proyecto 2.

Los interesados en dar su opinión sólo tenían que presentar su credencial de elector y se les entregaba la boleta para sufragar. No fueron instaladas mamparas ni se usó tinta indeleble.

La lista de votantes se hizo en cada mesa, a puño y letra. Yo voté varias veces, sólo para comprobar que sí se podía hacerlo y no hubo medidas de protección: una en la Universidad Xochicalco, otra en Villa Verde, también en Valle Dorado, donde ni siquiera me pidieron la credencial de elector, dijo en Mexicali un ciudadano que se identificó como Eduardo.

El sondeo fue organizado por el Congreso local, con 250 mil pesos que aportaron los 13 diputados de Morena y cuatro legisladores aliados de los partidos Verde Ecologista de México, Transformemos y del Trabajo. Se esperaba que pariciparan 250 mil bajacalifornianos. Alrededor de las 17 horas, tiempo local, cerraron las casillas.

El mandatario electo Bonilla acudió a votar alrededor de las 10 horas en una casilla ubicada en la avenida Paseo de los Héroes, en la Zona del Río de Tijuana. Venimos a ejercer nuestra libertad de expresar lo que la ciudadanía quiere, todo el mundo tiene derecho a opinar y creemos que este ejercicio se debe de hacer más frecuentemente, porque son demasiadas las ocasiones en las que se toman decisiones sin realmente consultar a la gente, dijo.

El delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz, dio a conocer que votó por el periodo de cinco años, y previó que una oposición de la derecha pretendería derrumbar lo que decidió la población el 2 de junio, cuando Bonilla ganó los comicios constitucionales.

Por lo pronto, la dirección de seguridad pública municipal de Mexicali reportó una jornada tranquila, con poca afluencia.

El sábado, en gira de trabajo por San Quintín, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la SCJN resolverá el tema, y argumentó que los dedazos y concertaciones ya son parte de la historia de México.